"PEDIMOS JUSTICIA"

En mi calidad de ciudadano colombiano, respetuosamente considero que el artículo 1ro de la ley 1425 del año 2010, por medio del cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, es totalmente inexequible; porque vulnera el preámbulo de la Constitución Nacional, en razón, a que es contrario a sus fines, principios, valores y garantías fundamentales, al desestimular la participación de los ciudadanos en garantizar a todos los integrantes de la Nación Colombiana su vida, la convivencia, la justicia y la igualdad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo.

Ahora bien, para definir con toda claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera el preámbulo de la Carta Política, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares. Es necesario recordar que históricamente fue el Estado Romano el que creó las primeras acciones populares con sus necesarios incentivos económicos, a fin de poder garantizar la participación de todos sus ciudadanos en la protección preventiva y solidaria de los Derechos e intereses Colectivos; y lógicamente compensar de alguna manera el riesgo, trabajo, conocimiento, tiempo y patrimonio, que necesariamente debían ser invertidos por los accionantes para el cumplimiento de éste fin Estatal.

 

Igualmente es necesario recordar, que en el caso de nuestra República de Colombia, desde la expedición del Código Civil Colombiano en el año de 1887, en el artículo 1005, se consagró especialmente la acción popular para la protección de los bienes de uso público o bienes de uso común, tales como; Calles, plazas, puentes, andenes, caminos, etc., Desarrollándose esta acción  popular, en torno a la primera teoría Romana de la “Res Sacra”, según la cual, el Estado tiene la obligación de crear generosos estímulos económicos y expeditos procedimientos judiciales, para poder así garantizar la participación ciudadana en la defensa solidaria y preventiva de todos los bienes de uso público.

 

Art 1005 C.C.. <ACCIONES POPULARES O MUNICIPALES>. “La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”.

 

Igualmente, desde el año de 1887, se consagró en el  artículo 2360 del Código Civil, la posibilidad de una justa condena para la compensación de los gastos y costas en que lógicamente incurren los Actores Populares para  poder garantizar de manera participativa y solidaria la defensa de los derechos e intereses colectivos; Además, consagró el legislador que también era necesario, lógico y justo, el reconocer lo que valieran el tiempo, el conocimiento y la diligencia empleados por el actor popular, para  poder garantizar de manera participativa y solidaria la defensa de los derechos e intereses colectivos

Artículo 2360 del C.C: “Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados”.

 

Posteriormente, fue el Constituyente de 1991, quien elevó a rango constitucional las acciones populares ya reguladas por nuestro ordenamiento jurídico civil del año 1887: Como antecedente histórico de la consagración de tales acciones en la Carta Política, vale destacar que en la Asamblea Nacional Constituyente, el Doctor Álvaro Gómez Hurtado –q-e-p-d-, para efectos de garantizar la protección solidaria del derecho colectivo al medio ambiente y la consagración de generosos incentivos económicos para lograrlo,  propuso lo siguiente en la exposición de motivos;

“No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia  consagran el Código Civil y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974), aparece lejana del  conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Álvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991).

 

Por otro lado, el Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 62, contenía el siguiente artículo:

 

“La ley regulará el ejercicio directo y autónomo de las acciones populares para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las correspondientes acciones individuales”.

En la exposición de motivos se manifestó sobre estas acciones populares que:  “(…) son instrumentos procesales distintos a las tradicionales acciones públicas de inexequibilidad y nulidad de nuestro Derecho Público, ya que sus efectos no se limitan a la preservación del orden jurídico, sino que tienen consecuencias económicas y sociales sobre grupos colectivos y sobre los sujetos pasivos de dichas acciones”.

En el proyecto de reforma Constitucional del movimiento político M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares en los siguientes términos:

 

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamenta dicha acción podrá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”.

“Con las acciones populares se habrá dado un paso fundamental en el desarrollo de un nuevo derecho solidario, que responda a nuevos  fenómenos de la sociedad como es el daño ambiental, los perjuicios de los consumidores, los perjuicios a que se ven sometidas las comunidades en su integridad física y patrimonial, los daños que se le causan a las mismas por el ejercicio abusivo  de la libertad económica, sin consideración a conductas comerciales leales y justas”. (Gaceta Constitucional del  día 22 de marzo del año 1991).

Ahora bien,  como pueden observar nuestros respetados lectores, desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se gestó en Colombia la necesidad y urgencia de darle el carácter de constitucionalidad a esta antigua categoría de derechos civiles, los cuales, no eran conocidos y ejercitados masivamente por la comunidad, a pesar de llevar más de cien años consagrados en la ley; Por lo cual, el Estado Colombiano se vio en la obligación de crear generosos estímulos económicos y expeditos procedimientos judiciales, para poder así garantizar la participación preventiva y  solidaria de todos los ciudadanos en la defensa de los derechos e intereses colectivos; y lógicamente, compensar de alguna manera, el necesario riesgo, tiempo, conocimiento y dineros, que tienen que ser invertidos por los accionantes para poder participar solidariamente en el logro de ése fin: Pues, sin incentivos económico estas acciones populares se convierten en letra muerta y se alejan del  conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, el Estado debe acompañarlas de instrumentos jurídicos efectivos de motivación, que hagan posible la participación de todos los asociados en el cumplimiento de este cometido Estatal.

Cordial y Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Actor Popular.