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¿POR QUÉ Y QUIENES DEROGARON LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS DE LAS ACCIONES POPULARES EN COLOMBIA?

 Para poder encontrar las verdaderas causas y los directos responsables de que se hayan derogado los “incentivos económicos” en las acciones populares, es necesario que recordemos algunos eventos importantes de la historia y el doloroso recorrido de los actores populares en Colombia:

Primero, recordemos que las “acciones populares”, los “actores populares” y los “incentivos económicos”, nacieron hace más de (2.000) dos mil años, en el antiguo imperio Romano. Y que fueron específicamente creados para poder estimular la masiva participación de los ciudadanos romanos en la protección de la “Res Sacra” y la “Res Pública”; es decir, para que todos los ciudadanos ayudaran a garantizar la protección y conservación de las cosas dedicadas al culto sagrado o al servicio público, tales como; templos, anfiteatros, coliseos, plazas, parques, monumentos, acueductos, fuentes de agua, baños públicos, etc.: Convirtiéndose estas, a través de toda la historia de la humanidad,  en el único mecanismo eficaz para que los Estados pudieran garantizar la defensa solidaria de sus más sagrados bienes públicos, hasta el punto que, hoy en día, absolutamente en todos los países del mundo, están consagradas y desarrolladas en sus respectivas constituciones, leyes, reglamentos y jurisprudencia.

En segundo lugar, es necesario recordar que en nuestra amada República de Colombia, estas acciones populares y sus correspondientes  incentivos económicos, se consagraron por primera vez en el código civil colombiano del año 1887, y fueron especialmente orientadas a la solidaria protección de los bienes de uso público tales como; andenes, calles, puentes, plazas, parques y acueductos: Pero que, durante más de (100) cien años, se convirtieron en letra muerta que nadie utilizaba, en razón; del heredado temor de los colombianos a denunciar la corrupción administrativa y a los depredadores del medio ambiente; por el acostumbrado desinterés de nuestro pueblo por participar en la protección de los bienes de uso público; por los complejos procedimientos judiciales consagrados en la ley para garantizar su eficacia y; porque no se compensaba justamente lo que se tenía que invertir en tiempo, investigación, conocimientos, riesgo y dinero, para poder garantizar su oportuna y solidaria defensa judicial.

En tercer lugar, es necesario recordar que en el año de 1991, la Honorable Asamblea Nacional Constituyente, ante el desolador panorama de la no participación de los ciudadanos colombianos en la defensa y protección solidaria de sus derechos e intereses colectivos; sumado al desmesurado aumento de los sonados casos de corrupción administrativa y la irreversible destrucción de nuestro medio ambiente; se vio en la necesidad de elevar a la categoría de constitucional estos derechos humanos de tercera generación y ordenó al Congreso de la República el desarrollar las acciones populares, acompañándolas con generosos incentivos económicos, expeditos procedimientos judiciales y eficaces mecanismos de lucha anti-corrupción, a fin de poder compensar su peligroso ejercicio y estimular la masiva participación ciudadana en la defensa judicial de los más sagrados intereses colectivos.

Ocho años después, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Nacional de 1991, el Congreso de la República de Colombia expidió la ley 472 de 1998, con la cual se creó un listado taxativo de derechos e intereses colectivos, se otorgaron generosos incentivos económicos, se regularon céleres procedimientos judiciales, se consagraron eficaces herramientas de lucha anti-corrupción y se invitó a los ciudadanos colombianos a crear organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares, para dedicarse de una manera organizada, permanente y especializada a la defensa judicial de los sagrados derechos e intereses colectivos.

En el artículo 81 de la ley 472 de 1998, se consagró expresamente lo siguiente. “Creación de organizaciones cívicas, populares y similares para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Las autoridades estarán obligadas a colaborar y facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos. De igual modo se colaborará con las demás organizaciones que se funden con la misma finalidad, por los ciudadanos.”

En cuarto lugar, es necesario recordar que el proyecto de ley que desarrollaba las acciones populares consagradas en la nueva constitución nacional del año 1991, sufrió todo un doloroso y demorado parto durante su trámite en el Congreso de la República, que duró más de (7) siete años: Pues, los herederos de la macabra corrupción administrativa del país y los poderosos grupos económicos que estaban acostumbrados a depredar impunemente el medio ambiente, ya vislumbraban que hacia el futuro serían fulminantemente derrotados por los “Actores Populares” y las miles de sentencias condenatorias en su contra.

Solo hasta el año de 1993, se presentó una primera propuesta legislativa para desarrollar el artículo 88 de la Constitución Nacional del año 1991, radicada por el entonces Defensor Nacional del Pueblo Dr., JAIME CORDOBA TRIVIÑO, y que reunía las iniciativas constitucionales de los asambleístas VIVIANNE MORALES, VERA GRAVE y DARIO MARTINEZ: Ante lo cual, inmediatamente se convocaron en todo el país una serie de mesas de trabajo, donde tuvimos la honrosa oportunidad de participar activamente diferentes organizaciones no gubernamentales (O.N.G.s), defensoras de derechos humanos de tercera generación, para aportar nuestras humildes ideas y escuchar todas las valiosas propuestas o experiencias, que fueron finalmente compiladas en un histórico documento conocido como: “Acciones Populares. Documentos para el futuro Debate”.

Igualmente, en el mes de septiembre del mismo año de 1993, se realizó en Colombia el primer “Foro Internacional sobre Acciones Populares y de Grupo”, evento en el cual también participamos todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema de los derechos humanos de tercera generación en Colombia y fueron invitados prestigiosos expertos nacionales e internacionales; en cuyas memorias se recogieron todas las observaciones, críticas y análisis realizados participativamente al primer proyecto de ley en trámite ante el Congreso de la República.

Pero, como cosa rara en Colombia, ante la enorme dificultad política de las organizaciones no gubernamentales para impulsar el trámite del proyecto; -(el cual estaba siendo intencionalmente obstaculizado, torpedeado y hundido por la corrupción administrativa y los poderosos grupos económicos asentados en el Congreso de la República)- ; en el año de 1995, nos vimos en la imperiosa necesidad de suscribir y hacer suscribir, un democrático documento con más de (70.000) setenta mil firmas, donde diferentes organizaciones no gubernamentales, catedráticos de universidades, estudiantes universitarios y cientos de intelectuales de todo el país, respaldábamos incondicionalmente el proyecto de ley sobre acciones populares y exigíamos un impulso célere, oficioso y urgente a su obstaculizado trámite legislativo.

Con dicho documento, se hicieron llegar al senador ponente todos los valiosos aportes de los expertos nacionales e internacionales, en la defensa judicial de los derechos humanos de tercera generación; los cuales constan en la ponencia para segundo debate del proyecto de ley 10 de 1996 Senado y 005 de 1995 Cámara, el cual fue aprobado en plenaria del senado el 11 de junio del año 1997 y finalmente declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional el día 16 de Diciembre del año 1997.

Pero en el año de 1997, nuevamente, la corrupción administrativa asentada en el Congreso y los poderosos grupos económicos acostumbrados a depredar impunemente el medio ambiente; arremetieron en su tarea de estigmatizar a los futuros actores populares y no permitir, por ningún motivo, la sanción presidencial del proyecto de ley sobre acciones populares e incentivos económicos: Hasta el punto que, una vez se profirió el fallo de exequibilidad de la honorable Corte Constitucional al proyecto de ley, que era el paso jurídico más complicado en su trámite, teníamos la esperanza de que el Gobierno Nacional pasara inmediatamente a sancionarlo y ordenar su publicación. Pero, indolente y descaradamente,  transcurrieron más de (6) seis meses después de la declaratoria de constitucionalidad y todavía permanecía el proyecto de ley escondido en los anaqueles del Congreso de la República.

En estas circunstancias, los primeros activistas y defensores de derechos humanos de tercera generación en Colombia, consideramos que no era justo que un esfuerzo valiente, democrático y participativo tan grande, quedara paralizado por el simple miedo de los corruptos para enfrentar judicialmente a los decididos actores populares y por la simple falta de voluntad política del Presidente para sancionarlo. Fue entonces, que algunos ciudadanos solidarios, valientes y participativos, acudieron a una acción judicial de cumplimiento, y solamente atreves de este otro mecanismo de defensa judicial del pueblo colombiano, hermano de la acción popular, el histórico día 5 de agosto del año 1998, se obligó al Gobierno Nacional a que sancionara definitivamente la ley 472 de 1998.

Estos últimos hechos históricos sucedieron rápidamente así: El día 2 de julio del año 1998, se interpuso la acción de cumplimiento ante el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, y su trámite fue inmediato, rápido y efectivo. El día 7 de julio se admitió la demanda, el día 9 de julio contestó la presidencia de la república, el día 13 de julio contestó el Presidente del Senado reconociendo su incumplimiento; y el día 18 de julio del año 1998, el presidente del senado cumplió con su obligación legal de remitir el proyecto del ley a la presidencia de la República, para su definitiva sanción el día 5 de agosto del año 1998.

En quinto lugar, es necesario recordar que desde el año de 1998 y hasta el año 2010, y especialmente en razón de los generosos incentivos económicos, que compensaban de una manera justa el valioso tiempo, riesgo, conocimiento y dinero, que tenían que ser invertidos por los actores populares, en el complejo trámite de los procesos judiciales en contra de la corrupción administrativa y los depredadores del medio ambiente: Por primera ves en la historia de Colombia, se produjo una masiva participación ciudadana en la defensa y protección judicial de los derechos e intereses colectivos., Y en  consecuencia, se comenzaron a presentar en todos los despachos judiciales competentes del país, miles de demandas y condenas ejemplares contra funcionarios públicos, entidades del estado y personas particulares, que eran reconocidos, famosos e impunes depredadores del medio ambiente y el patrimonio público.

Por ejemplo: Por primera vez, los ciudadanos Colombianos vencieron el miedo a denunciar los corruptos y poderosos, y en consecuencia, se comenzaron a demandar graves casos de violación a la moralidad administrativa y el patrimonio público., En razón de cuales se recuperaron cientos de miles de millones de pesos del tesoro público, que se encontraban ilegalmente extraviados en manos de particulares.

Igualmente, se comenzaron a presentar miles de demandas por casos de violación al medio ambiente., En razón de las cuales se recuperaron miles de ecosistemas, especies vegetales y animales en peligro de extinción, zonas de reserva forestal, islas, playas, ríos, quebradas, lagunas, humedales, etc.

Además, se comenzaron a presentar miles de demandas por protección a los bienes de uso público., Por lo cual se recuperaron miles de parques, plazas, zonas verdes y andenes, que se encontraban ilegalmente invadidos por vendedores ambulantes, paraderos de vehículos y extensiones de locales comerciales.

Sin contar, las miles de obras de infraestructura física que se ordenaron construir en los diferentes Municipios del país, para garantizar la movilización de los minusválidos, proteger la vida los transeúntes y mejorar la movilidad de los automotores.

En razón de lo anterior, es decir, por estar eficazmente derrotando la corrupción administrativa, protegiendo preventivamente el medio ambiente y mejorando ostensiblemente la calidad de vida de todos los colombianos: Los grupos de actores populares que de manera solidaria, participativa y democrática, impulsamos el debate, la aprobación y sanción de la ley 472 de 1998, y que oportunamente unimos nuestros esfuerzos y conocimientos para organizarnos y poder demandar las primeras acciones populares por violación a los derechos colectivos: Comenzamos a ser blanco de cobardes calumnias, injurias y estigmatizaciones,  provenientes de los más altos funcionarios públicos corruptos y de los propietarios de los grupos económicos depredadores del medio ambiente: Los cuales, por haber sido ejemplarmente sancionados por violar los derechos e intereses colectivos de los Colombianos, comenzaron a acusarnos públicamente de haber montado una sofisticada red de abogados corruptos, que no éramos más que unos simples “avivatos” y “caza recompensas”, que nos dedicábamos permanentemente a demandar al Estado Colombiano y a prestigiosas empresas particulares, exclusivamente en búsqueda de los incentivos económicos y no para garantizar la defensa participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos.

Pero, muy a pesar de los constantes atentados morales contra los primeros grupos de actores populares, de las múltiples demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley 472 de 1998, y de los diferentes proyectos de ley que se proponían al Congreso derogar los incentivos económicos en las acciones populares: Los corruptos del Estado Colombiano y los poderosos grupos económicos depredadores del medio ambiente, por mas de una década fracasaron en su intento de estigmatizar públicamente a los solidarios actores populares y derogar los justos incentivos económicos en las acciones populares, no pudiendo evitar que continuara la masiva presentación de acciones populares en su contra y que sobrevinieran las correspondientes sentencias condenatorias que ordenaban el inmediato restablecimiento de los derechos conculcados.

Lastimosamente, en el año 2002, llega a la presidencia de la República de Colombia, el Ex Presidente Dr., ALVARO URIBE VELEZ, quien tenía desde ese entonces como ideólogo, amigo y Ministro de interior, al Dr., FERNANDO LONDOÑO HOYOS, el cual, había sido ejemplarmente condenado por el Honorable Consejo de Estado, en una valiente y solidaria Acción Popular, por el famoso caso de “INVERCOLSA”, a devolver al Estado Colombiano mas de ($ 9.000.000.000.000.) Nueve Mil Millones de pesos en acciones y pagar los correspondientes incentivos económicos a los valientes Actores Populares demandantes.

Esta situación hizo que el Señor Ex Presidente ALVARO URIBE VELEZ y todo el “URUBISMO” en pleno, incluyendo a su fundador Dr., JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, entraran en cólera divina en contra de todos los humildes “Actores Populares”; pues, además del Sr., FERNANDO LONDOÑO HOYOS, otros cientos de sus funcionarios corruptos y empresarios violadores de los derechos e intereses colectivos, estaban siendo derrotados ejemplarmente por los actores populares, en absolutamente todos los estrados judiciales del país.

Y es que la situación no podía ser más grave para todos los reconocidos corruptos y depredadores del medio ambiente del país;  pues, casi que absolutamente todos los alcaldes y gobernadores del territorio nacional, sumados a las más grandes industrias, multinacionales, bancos y grandes superficies comerciales; ya habían sido demandados y condenados por violar sagrados derechos e intereses colectivos de los colombianos, tales como; la moralidad administrativa, el patrimonio público, el espacio público, los bienes de uso público, los derechos de los consumidores, los derechos de los minusválidos o el medio ambiente sano: Siendo obligados  a restablecer inmediatamente los derechos vulnerados y a pagar, casi que en absolutamente todos los casos, el incentivo popular mínimo de (10) diez salarios mínimos legales vigentes.

Ante esta grave situación, que es necesario aclarar, enfrentaban exclusivamente los poderosos grupos económicos y los carteles de corrupción administrativa en Colombia; en razón a que no podían derrotar en los estrados judiciales a los cientos de grupos de actores populares: El ex presidente Dr., ÁlVARO URIBE VELEZ, ordenó a su entonces ministro de interior y justicia, que radicara un proyecto de ley ante el congreso de la República de Colombia, para derogar los incentivos en las acciones populares y desestimular la masiva participación de los actores populares en la defensa de los derechos colectivos; pero, sin olvidar primero, estigmatizarlos públicamente frente a toda la comunidad, para que no pereciera tan regresiva y grave la cosa, utilizando el falso argumento de que todos los accionantes eran una partida de; “Corruptos”, “Avivatos” y “Caza recompensas”.

Entonces, al caérsele la relección presidencial y con el compromiso al Dr., FERNANDO LONDOÑO HOYOS, de culminar la macabra tarea de acabar con todos los Defensores de Derechos Humanos de Tercera Generación en Colombia, el ex presidente de la República de Colombia Dr., ALVARO URIBE VELEZ y los poderoso grupos económicos del país, llevaron a su entonces mejor amigo Dr., JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la presidencia de la República en el año 2010; cargó que utilizó este último para con burocracia, politiquería y mermelada, doblegar la recta voluntad del congreso de la república y aprobar a “pupitraso limpio” la regresiva ley 1425 del año 2010, que desde ya contaba con el respaldo de la maquinaria política del gobierno nacional ante la Corte Constitucional.

Los argumentos del corrupto gobierno nacional, ante el Congreso de la República, eran tan débiles, que por ejemplo arremetieron contra un prestigioso grupo de actores populares, que habían logrado judicialmente la orden de presupuestar y construir necesarias estaciones de bomberos en muchos municipios del país. Y los acusaban de avivatos y caza recompensas, simplemente por estar viajando por algunos municipios del país, para demandar preventivamente la prestación de este servicio público esencial.

Imagínense semejante despropósito, pues cómo es posible que el Gobierno Nacional prefiera que cientos de humildes municipios no tengan estaciones de bomberos y puedan desaparecer fulminantemente bajo las cenizas de unos posibles y previsibles incendios; que respaldar la solidaria y participativa gestión de unos preventivos actores populares, que lo único que estaban haciendo era cumplir a cabalidad con el mandato de la ley 472 de 1998 y  dedicar sus vidas, tiempo y patrimonio, para demandar a unos Alcaldes omisivos y poder llevarlos a una audiencia de pacto de cumplimiento, donde amistosamente se les invitaba a incluir en sus presupuestos la creación de las necesarias estaciones de bomberos.

O es que al Gobierno Nacional se le olvidó el mandato del artículo 81 de la ley 472 de 1998, que ordena expresamente lo siguiente. “Las autoridades estarán obligadas a colaborar y facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos. De igual modo se colaborará con las demás organizaciones que se funden con la misma finalidad, por los ciudadanos.”

Lo cierto es, que con débiles argumentos y públicas estigmatizaciones, la protección de los derechos colectivos se vio tan gravemente debilitada, que no solo se derogaron los incentivos económicos en las acciones populares, sino que además, descaradamente se desmontaran otras eficaces herramientas de lucha anticorrupción, que estaban sabiamente consagradas en el Artículo 40 de la ley 472 de 1998, el cual ordenaba expresamente lo siguiente:

“Incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.

Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.

Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos.”

Es más, lastimosamente se profirió una regresiva sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la cual se determinó que la ley 1425 del año 2010 era retroactiva, por lo tanto, en todos los procesos iniciados con anterioridad a la misma, así se ampararan los derechos colectivos, se recuperaran multimillonarios bienes para el Estado y se condenara ejemplarmente a los corruptos responsables, no se podían conceder los incentivos económicos a los humildes actores populares, pues, supuestamente, estos debieron actuar gratuitamente y por simple solidaridad, sin importar el peligro, el conocimiento, el tiempo y dinero invertidos para recuperar bienes ilegalmente extraviados del Estado.

La situación es tan injusta, que a pesar de existir más de 50 cincuenta fallos favorables a los incentivos, de la honorable sección primera del Consejo de Estado, la mayoría de los jueces de la república de Colombia, continúan aplicando la solitaria sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y el Consejo de Estado en pleno, a sabiendas de esta grave problemática y de la urgencia de una unificación jurisprudencial, en dos años no ha podido dar un fallo de unificación al respecto de los justos incentivos económicos en las acciones populares presentadas antes de la vigencia de la ley 1425 del año 2010.

Es necesario significar y dejar absolutamente en claro, que los incentivos económicos en las acciones populares, fueron derogados por unos Gobiernos y Congresistas Corruptos, públicamente reconocidos por su elección con ayuda de paramilitares y su vinculación con los falsos positivos; los cuales estaban siendo ejemplarmente condenados por las contundentes demandas de los solidarios y valientes actores populares: Y no, porque se estaban pagando millonarias recompensas con dineros del Estado Colombiano: Pues, en Colombia ya existía innumerable jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, que prohibía expresamente que los incentivos económicos se pagaran con dinero del presupuesto público y se obligaba expresamente a todos los jueces a condenar exclusivamente a los funcionarios públicos y particulares directamente responsables de la violación de los derechos colectivos amparados.

Es decir, el Estado Colombiano en ningún caso podía ser condenado a pagar incentivos económicos en las acciones populares y siempre salía favorecido con la protección de sus intereses colectivos y con la recuperación de un patrimonio público ilegalmente extraviado en manos de particulares.

Entonces, lo que realmente sucedió y es la verdad verdadera, como lo explicamos anteriormente., Es que los incentivos económicos en las acciones populares fueron derogados por la orden política de los más altos funcionarios corruptos del Estado Colombiano, que les interesaba más proteger a sus ex ministros compinches ya condenados por corrupción, o pagar millones de dólares de recompensa pero por un “Falso Positivo”; que continuar estimulando la masiva participación ciudadana en la protección del patrimonio público, la moralidad administrativa, el medio ambiente, los ecosistemas o la biodiversidad.

Es decir, lo importante en Colombia es no pisarse las mangueras entre los corruptos amigos del actual gobierno Nacional y asesinar a cualquier precio o recompensa más guerrilleros; antes que dar pequeños incentivos económicos para derrotar la corrupción administrativa, defender el patrimonio público y salvar el medio ambiente. Es resumen, en Colombia al actual Gobierno Nacional se le olvidó, que justicia simplemente es premiar lo bueno y castigar lo malo.

Para demostrar que tenemos razón, se pueden consultar en la jurisprudencia nacional y el “Internet”, los sonados casos de acciones populares por violación a los derechos colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público como por ejemplo: “INVERCOLSA”, “DRAGACOL”, “TERMO EMCALI”, “FONCOLPUERTOS”, “AGRO INGRESO SEGURO”, “EMSIRVA EICE ESP”, “LOS PAROS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”, “LOS PAROS EN LA EDUCACION”, “LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION”, “LAS PLAZAS DE MERCADO DE CALI”, “LAS ISLAS DEL ROSARIO”, “LOS HOTELES EN EL PARQUE TAYRONA”, etc., Donde se puede constatar los cientos de miles de millones de pesos recuperados solidariamente por los actores populares para el patrimonio público del Estado Colombiano y quienes fueron los funcionarios públicos ejemplarmente condenados como responsables y a que partidos políticos pertenecen. Pues, fueron estos siniestros funcionarios corruptos y los partidos políticos a los cuales pertenecen, los culpables de que se hayan injustamente derogado los necesarios incentivos económicos y que se haya disminuido en un (%99) la presentación de acciones populares en Colombia.

Por último, es necesario significar, que hace dos años se derogaron los incentivos económicos en las acciones populares, mediante la ley 1425  del año 2010: Pero, no obstante ello, las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, defensoras de los derechos humanos de tercera generación en Colombia, continuamos trabajando de una manera altruista, desinteresada, gratuita y solidaria, por la defensa judicial de los sagrados derechos e intereses colectivos. Y lo único que pedimos al Gobierno Nacional y la Administración de Justicia, es comprensión, respeto y solidaridad, para poder continuar cumpliendo con nuestros objetivos legales e institucionales.

En la fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos, “FUNDACOLECTIVOS”, respetuosamente consideramos que la preservación de la naturaleza, el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, las especies en peligro de extinción, la moralidad administrativa, el patrimonio público o el patrimonio cultural; Debe ser un objetivo de todos los Colombianos, que tiene un carácter urgente, preventivo, participativo, democrático y solidario.

Entonces, el conflicto entre este noble objetivo nacional y las justas condenas contra los violadores de los derechos e intereses colectivos, no puede ser resuelto en nuestro país desestimulando, estigmatizando y alejando definitivamente a los actores populares de la jurisdicción, y dejando impune a los corruptos y depredadores del medio ambiente; Sino, que por el contrario, debe ser definitivamente resuelto apoyando, estimulando y colaborando con los humildes actores populares, para que ellos puedan continuar con su valiosa labor de ser solidarios defensores de los derechos humanos de tercera generación en Colombia.

Por eso, recuerden estas palabras y no las olviden nunca: “Abajo los Gobiernos corruptos y los grupos económicos depredadores del medio ambiente; y que vivan para siempre los solidarios actores populares, que son los únicos defensores judiciales de los derechos humanos de tercera generación en Colombia.”

 

Solidariamente.,

 

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

 

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