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“Ser Actor Popular es no ser indiferente, es ser solidario”.

Respetuosamente le preguntamos a nuestros amables lectores; ¿A cuántos Actores Populares conocen ustedes?: Es decir, a cuantas personas naturales y jurídicas, que se dediquen de una manera permanente o esporádica a la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, conoce de manera personal cada uno de nuestros apreciados lectores: Y, estamos, casi que absolutamente seguros, que la gran mayoría responderá; ¡A ninguno!

Lo anterior sucede, porque en nuestra amada y respetada, pero egoísta, signara e indiferente sociedad, de cada (10) diez personas conocidas personalmente por nosotros, ninguna de ellas se dedica a defender permanentemente los derechos e intereses colectivos de su comunidad. Y de cada (10.000) diez mil personas de nuestra indiferente sociedad, solo (1) una se dedica a ser un esporádico actor popular.

Esto significa, que de cada (100.000) cien mil ciudadanos colombianos, solo (10) diez se convierten en esporádicos actores populares; y de (1.000.000.000) un millón de ciudadanos colombianos, solo (100) cien son esporádicos actores populares: Es decir, que en una inmensa ciudad, como el Municipio de Santiago de Cali, de casi (3.000.000) tres millones de habitantes, solo (300) trecientos, de sus cívicos y respetables conciudadanos, se dedican de manera permanente o esporádica, a defender solidariamente los derechos e intereses colectivos de su comunidad. Y, que en Colombia, que tiene unos (50.000.000) Cincuenta Millones de habitantes, solo (5.000.000) Cinco Mil personas naturales o jurídicas puedan ser potenciales Actores Populares.

Como consecuencia de esta indiferencia y falta de participación ciudadana en la defensa solidaria de sus derechos e intereses colectivos, es imposible que algún día la sociedad colombiana logre derrotar la corrupción administrativa, defender el patrimonio público, descontaminar el medio ambiente, recuperar el espacio público, proteger la biodiversidad, salvar las especies en peligro de extinción, etc.

Esto lamentablemente acontece en la República de Colombia, porque en nuestra sociedad de consumo somos seres humanos egoístas, indolentes e indiferentes frente a la suerte de nuestros más sagrados bienes y derechos colectivos: Es decir, que a nadie le interesa o le importa en Colombia, lo que ocurra con las cosas que son de su colectiva propiedad y que sustancialmente garantizan su subsistencia personal y la supervivencia del planeta tierra: Pues, supuestamente, esas cosas públicas no son de nadie, ellas son bienes públicos de propiedad del Estado, y si se dañan o están en peligro, es el Estado Colombiano el que está en la obligación de cuidarlos, repararlos y mantenerlos.

Así pues, las personas en nuestra signara sociedad, se convierten en indiferentes frente a la defensa y protección de la moralidad administrativa, el medio ambiente, el patrimonio público, el espacio público, los bienes de uso público, las especies en peligro de extinción, los ecosistemas, la biodiversidad, etc. Pues, si bien es cierto, somos consientes de que son cosas de propiedad del Estado, que su deterioro nos perjudica a todos y protestamos ante su daño o puesta en peligro; no es menos cierto que al momento de que tengamos que presentar y tramitar una demorada, costosa y peligrosa acción judicial para poder garantizar su preventiva protección; entonces, las personas se vuelven egoístas, tacañas e indiferentes frente al tema., Es decir, todo el mundo se hace el loco, nadie se preocupa por solucionar la situación, las personas solo se preocupan de sus cosas y dejan abandonados a su suerte los sagrados derechos e intereses colectivos.

Esto sucede inevitablemente, porque la solidaridad para la defensa de lo público nunca surge por generación espontánea en todos los seres humanos; por eso, siempre es necesario estimularla con generosos incentivos, que garanticen de alguna manera la masiva participación de los ciudadanos en la defensa  de sus más sagrados derechos e intereses colectivos: Pues, cuando no se estimula la masiva participación de los ciudadanos en la defensa solidaria de sus derechos colectivos, entonces, estos derechos humanos son olvidados y abandonados a su suerte, se convierten en simples derechos humanos difusos, porque son abstractos e imposibles de defender, porque no tienen en la práctica ninguna aplicación y porque terminan convirtiéndose en simple letra muerta, ineficaz e impracticable.

Por ejemplo, a las personas no les gusta la invasión de los andenes con vendedores ambulantes o parqueaderos de vehículos, no solo porque se obstaculiza su movilidad, sino, porque se coloca en inminente peligro su vida e integridad física.  Pero, como demandar en una acción popular a los Sindicatos de vendedores informales o propietarios de establecimientos comerciales que invaden el espacio público, es peligroso, complejo y costoso, entonces, absolutamente nadie se preocupa de demandar ante los estrados judiciales la protección de los sagrados derechos e intereses colectivos relacionados con el uso, goce y disfrute del espacio público. Entonces, el sagrado derecho colectivo al espacio público se convierte en un derecho difuso, abstracto, ineficaz e impracticable.

Agrava la situación, cuando se derogan los incentivos económicos en las acciones populares, pues, se desestimula la participación ciudadana en la defensa solidaria de los bienes de uso público; en razón, a que se descompensa la inmensa carga económica que tienen que asumir los actores populares para poder garantizar la restitución de un espacio público invadido: Entonces, quedan abandonados y a su suerte la mayoría de los andenes de nuestra patria, pues, los ciudadanos en su innata indiferencia, tacañería y egoísmo, jamás van a presentar gratuitamente una acción popular para la defensa del espacio público, a sabiendas de que no existen incentivos económicos que compensen de alguna manera el peligro, el tiempo y el dinero que necesariamente tienen que ser invertidos para poder presentar y tramitar una acción  popular.

Para acabar de complicar las cosas, cuando de pronto y de milagro, de esos millones de ciudadanos egoístas, tacaños, indiferentes y cobardes, aparece un solidario y valiente actor popular que demanda gratuitamente la protección judicial del espacio público ilegalmente intervenido; entonces la misma sociedad perjudicada se vuelve en su contra, pues, los Jueces quieren alejarlo inmediatamente de la jurisdicción para que no les lleve más trabajo a los despachos judiciales, la administración pública los odia por obligarlos a solucionar un grave y cotidiano problema social, los demandados lo amenazan por perjudicar sus ingresos patrimoniales y la propia sociedad beneficiada los estigmatiza llamándolos “Zapos” o “Avivatos”.

Por eso, ser actor popular es no ser indiferente, pues, para poder defender de una manera permanente y solidaria  los derechos e intereses colectivos de la comunidad, se necesita primero mostrar un marcado interés por participar activamente en la defensa del medio ambiente; y en segundo lugar, mostrar una marcada vocación de servicio social para la defensa solidaria de lo público.

 

Cordial y respetuosamente.,

 

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.