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  CONSEJO DE ESTADO PROHÍBE CONSTRUCCIONES EN ZONAS DE RESERVA FORESTAL DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.

Noviembre 05 de 2013. El Consejo de Estado al estudiar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción popular interpuesta por Sonia Andrea Ramírez Lamy y luego de examinar la normativa nacional y los convenios internacionales suscritos por Colombia en materia de protección al medio ambiente, tomó las siguientes decisiones:

 

  1. Amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, la defensa y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos a excepción de la moralidad administrativa.

 

  1. Avaló la resolución 463 de 2005, del Ministerio del Medio Ambiente, y reiteró la competencia de este Ministerio para la sustracción de áreas de las reservas forestales, previo el cumplimiento de los requisitos de ley.

 

  1. Mantuvo la existencia de la franja de adecuación que obedeció a profundos estudios técnicos concertados entre varios sectores que reconocieron la pérdida de las condiciones del suelo de reserva de gran parte de esas 973 hectáreas que fueron excluidas de la reserva forestal protectora.

 

  1. Ordenó que en el área no construida de la franja de adecuación que corresponde al área de ocupación pública prioritaria, deberá proyectarse y llevarse a su funcionamiento una zona de aprovechamiento ecológico que compense a los habitantes de la ciudad de Bogotá, los perjuicios ambientales sufridos y les garantice el derecho a la recreación.

 

  1. En virtud del principio de confianza legítima y tratando de armonizar la protección de los derechos colectivos, los derechos adquiridos de particulares, el desarrollo sostenible y el urbanismo, decidió respetar estos últimos derechos a quienes obtuvieron licencias de construcción y o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”, ubicada dentro de la reserva, antes de la anotación registral de la afectación a la reserva en el predio respectivo.
  2. A partir del presente fallo, no se podrán conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan las construcciones en la reserva forestal protectora.

 

  1. Bajo ninguna circunstancia podrán adelantarse actividades mineras en la reserva forestal protectora, a partir del presente fallo.

 

  1. El Distrito Capital deberá elaborar un plan de reubicación de asentamientos humanos que amenacen ruina o estén en situación de riesgo no mitigable.

 

  1. El Alcalde Distrital deberá presentar al Concejo Distrital un proyecto de reforma al Plan de Reforma Territorial que recoja lo decidido en este fallo.

 

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

 

 

No comparto la decisión que recibió el respaldo mayoritario, entre otras, por las siguientes razones:

 

  1. En rigor la Sala abría tenido que dejar sin efectos la Resolución 463 de 2005, pues si bien el Ministerio de Ambiente tiene facultades para sustraer áreas de reserva forestal, esa competencia es reglada y el Ministerio no cumplió los presupuestos legales y constitucionales para ejercerla.

 

  1. El fallo mayoritario alegó degradación del suelo, pero no tuvo en cuenta que ese, precisamente, resulta un argumento de peso para adoptar medidas protectoras en aplicación del principio de precaución, medidas estas que brillan por su ausencia en lo resuelto por la sala, respecto de 973 hectáreas excluidas de la reserva.

 

  1. La decisión mayoritaria consideró que no se desconoció la moralidad administrativa, cuando en el plenario obran elementos de juicio suficientes para concluir que el ejercicio de competencias por parte del Ministerio de Medio Ambiente se llevó a cabo de manera contraria al ordenamiento jurídico y que dicha entidad se abstuvo de registrar la reserva en los folios de matrícula inmobiliaria estando obligada a hacerlo.

 

  1. En el momento de fijar el sentido y alcance que se le debe dar a la ausencia de registro en los folios de matrícula inmobiliaria de la reserva, la ponencia que tuvo el respaldo mayoritario no tomó en cuenta las limitaciones relativas a la función ecológica y social que la Constitución le traza al derecho de propiedad, al margen del contenido de los folios de matrícula.

 

  1. La accionante popular tiene derecho a que le sea reconocido el incentivo. Sin embargo, la decisión mayoritaria aplicó la Ley 1425 de 2010, sin reparar que cuando la actora interpuso la demanda popular, aún estaba vigente el incentivo y sin tener en cuenta que la dilación de la Sala en la decisión del caso no puede afectar a la actora.

 

 Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.