Ser Actor Popular en no ser indiferente.

Un “Actor Popular”, es la persona natural o jurídica que tramita ante la administración de justicia, una acción popular para garantizar la protección de cualquier derecho o interés colectivo.

Una persona “indiferente”, es aquella que no presenta ningún motivo de preferencia por alguien o algo; que tiene poco o ningún interés en alguien o algo; y que por nada o nadie se conmueve.

Por ello, “ser actor popular es no ser indiferente”; es decir, la persona natural o jurídica que es verdaderamente un actor popular, debe mostrar su especial preferencia por la defensa del planeta tierra y su biodiversidad; debe tener mucho interés en la protección del medio ambiente sano y los ecosistemas; y debe conmoverse ante la más mínima violación de los sagrados derechos e intereses colectivos.

En la actualidad, todos somos consientes que nuestro amado planeta tierra está gravemente enfermo y que la rampante corrupción administrativa no permite mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos: Pero, lastimosamente, la mayoría de las personas somos absolutamente indiferentes frente a lo que le está sucediendo a nuestro planeta y al patrimonio público de la humanidad; pues, no somos verdaderos ciudadanos cívicos, solidarios y participativos, que nos preocupemos de manera permanente e innata por la protección de nuestros más sagrados derechos e intereses colectivos: Y, por el contrario, nos convertimos en los más feroces depredadores del medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y las especies en peligro de extinción.

Ahora bien, si le preguntamos a nuestros amables lectores; ¿A cuántos Actores Populares conocen personalmente?: Es decir, a cuantas personas, naturales o jurídicas, que se dediquen de una manera permanente a la defensa judicial de los sagrados derechos e intereses colectivos, conocen personalmente cada uno de nuestros amables lectores. Estamos, casi que absolutamente seguros, que la respuesta será a ninguna.

Lo anterior sucede, porque en nuestra indolente e indiferente sociedad, de cada (10) diez personas entrevistadas, ninguna se dedica de manera permanente a defender los sagrados derechos e intereses colectivos. Y de cada (10.000) diez mil personas entrevistadas, solo (1) una se dedica esporádicamente a ser actor popular. Esto significa, que de cada (100.000) cien mil ciudadanos, solo (10) diez son actores populares, y de (1.000.000.000) un millón de ciudadanos, solo (100) cien son actores populares. Es decir, que en una inmensa ciudad como el Municipio de Santiago de Cali, de casi (3.000.000) tres millones de habitantes, donde diariamente los ciudadanos deterioran el medio ambiente y se roban el patrimonio público, solo (300) trecientos ciudadanos se interesan de manera esporádica por defender los sagrados derechos e intereses colectivos.

Esto acontece, porque en nuestra sociedad somos egoístas, indolentes e indiferentes frente a la suerte de nuestros más sagrados bienes y derechos colectivos. Es decir, que a casi nadie le interesa o le importa, lo que ocurra con las cosas que no son de su exclusiva propiedad; pues, supuestamente esas cosas públicas no son de nadie y no le reportan ningún beneficio patrimonial a nadie.  Entonces, como las cosas públicas supuestamente no son de nadie, todas las personas se quieren apoderar de ellas para usarlas, gozarlas y hasta explotarlas económicamente, sin importar que se trate de sagrados bienes de uso público como los ríos, humedales, especies animales o vegetales, puentes, calles, plazas, parques o andenes. Se aplica entonces el refrán popular que dice que; “las cosas no son del dueño sino del que las necesita”.

Así pues, por una heredada mala costumbre, las personas en nuestra sociedad nos convertimos en indiferentes, indolentes y egoístas, frente a la defensa y protección del medio ambiente, el patrimonio público, el espacio público, los bienes de uso público, las especies en peligro de extinción, los ecosistemas, la biodiversidad, etc. Pues, si bien es cierto, somos consientes de que su deterioro nos perjudica a todos y protestamos en público o privado ante su daño o puesta en peligro; no es menos cierto que al momento de que se tenga que presentar y tramitar una demorada, costosa y peligrosa acción judicial, para poder garantizar su preventiva y solidaria protección; entonces, las personas se vuelven egoístas, indolentes, indiferentes y tacañas frente al tema., Es decir, a nadie le importa el medio ambiente o el patrimonio público, todo el mundo se hace el loco, ninguno se preocupa por solucionar la situación, las personas solo se interesan en salvar lo suyo y dejan abandonados a su suerte los más sagrados derechos e intereses colectivos.

Esto acontece, porque la solidaridad para la defensa de lo público, nunca surge por generación espontánea en los seres humanos; por eso, siempre es necesario estimularla con generosos incentivos, que garanticen la masiva participación de los ciudadanos en la defensa  solidaria de sus más sagrados derechos e intereses colectivos. Pues, cuando no se estimula la masiva participación de los ciudadanos en la defensa solidaria de sus sagrados derechos colectivos, entonces, estos son abandonados a su suerte, se convierten en simples derechos difusos, que ha nadie le importa defender, que no tienen en la práctica ninguna aplicación y que terminan convirtiéndose en letra muerta e impracticable.

Por ejemplo, a las personas no les gusta la invasión de los andenes con vendedores ambulantes o parqueaderos de vehículos, no solo porque se obstaculiza su movilidad, sino, porque se coloca en inminente peligro su vida e integridad física:  Pero, como demandar en una acción popular a los Sindicatos de vendedores informales o propietarios de establecimientos comerciales que invaden el espacio público, es peligroso, demorado y costoso; entonces, absolutamente nadie se preocupa de presentar la demanda ante los estrados judiciales para garantizar la protección de los sagrados derechos e intereses colectivos relacionados con el uso y goce del espacio público.

Agrava la situación, cuando en algunas sociedades retrogradas, como la nuestra, se derogan los incentivos económicos en las acciones populares, pues, inmediatamente se desestimula la participación ciudadana en la defensa de los derechos colectivos; en razón, a que se descompensa la inmensa carga de dinero, tiempo y peligro, que deben asumir los actores populares por ejemplo, para poder garantizar la restitución del patrimonio público extraviado ilegalmente en manos de particulares. Entonces, queda abandonado y a su suerte el tesoro público de nuestra patria, pues, los ciudadanos en su innata indiferencia, tacañería y egoísmo, jamás van a presentar gratuitamente una acción popular para la defensa del patrimonio público, a sabiendas, de que no existen incentivos económicos que compensen de alguna manera el peligro, el tiempo y el dinero que necesariamente deben ser invertidos para presentar y tramitar una acción  popular.

Para acabar de complicar las cosas, cuando de pronto de esos millones de ciudadanos egoístas, tacaños, indiferentes y cobardes, aparece un solidario y valiente actor popular que demanda gratuitamente la protección judicial del espacio público intervenido; entonces la misma sociedad perjudicada se vuelve en su contra, pues, los Jueces quieren alejarlo de la jurisdicción para que no les lleve más trabajo a los despachos judiciales, la administración pública los odia por obligarlos a solucionar un grave problema social, los demandados lo amenazan por perjudicar sus ingresos patrimoniales y la propia sociedad beneficiada los estigmatiza llamándolos “Zapos” o “Avivatos”.

Hablando del tema de los “Avivatos”, con la reforma a la justicia quedó absolutamente demostrado que los verdaderos avivatos, corruptos y descarados, están en el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, los mismos que desmontaron los incentivos para beneficiar a los corruptos. Definitivamente el tiempo le da la razón al que la tiene.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.