¿POR QUÉ LOS ABOGADOS  DEMANDAMOS ACCIONES POPULARES?

¡ ZAPATERO A TUS ZAPATOS ¡

Algunas personas naturales y jurídicas que no conocen a profundidad el complejo tema de las acciones populares, o que han sido condenadas o demandadas por violar los sagrados derechos e intereses colectivos de los Colombianos; no comparten que algunos Abogados hayan dedicado sus vidas, conocimientos, tiempo y dinero, a presentar este tipo de acciones judiciales.

A estos dos grupos de personas, el representante legal de la Fundación pata la Defensa de los Derechos Colectivos “FUNDACOLECTIVOS”, se permite respetuosamente recordarles y significarles el siguiente adagio popular: ¡ ZAPATERO A TUS ZAPATOS !.

Pues, lógicamente, los Abogados son quienes se sacrifican y estudian la hermosa, compleja y costosa carrero del Derecho, a fin de poderse ganar el “Pan nuestro de cada día”, con la peligrosa defensa de los derechos individuales o colectivos de su comunidad; Ante lo cual, no podemos ser desagradecidos y extrañarnos que sean precisamente estos profesionales especialistas en el derecho, quienes se dediquen a presentar este tipo de acciones constitucionales.

En nuestra fundación respetuosamente consideramos que debemos agradecer que algunos prestigiosos Abogados hayan decidido especializarse en el tema de la defensa de los derechos humanos de tercera generación en Colombia y hayan decido dedicarle a este tema algún tiempo de sus valiosas, complicadas y efímeras vidas profesionales: Pues, son ellos quienes pueden garantizar el éxito de esta especializada labor y conocen a profundidad; la extensa legislación sobre los derechos e intereses colectivos en Colombia, la copiosa jurisprudencia que los desarrolla, la innumerable doctrina que se ha creado al respecto y los complejos procedimientos judiciales consagrados para su protección.

Ahora bien, claro está que en Colombia cualquier persona mayor de edad y plenamente capaz, está facultada por la ley para presentar una acción popular sin necesidad de la representación de un apoderado judicial, como también puede presentar acciones de tutela, denuncias penales, violencias intrafamiliares o querellas policivas; Pero, también es diáfano, que no todas las personas tienen el coraje, la experiencia y los conocimientos jurídicos necesarios para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de tercera generación en Colombia; Pues, por más que una persona, que no sea abogado, se lea dos o tres libros sobre acciones populares o consulte un prestigioso profesional especialista en el tema, en realidad nunca podrá garantizar el éxito de una acción popular y lograr conocer  por ejemplo; la abundante legislación sobre los derechos colectivos, la extensa jurisprudencia sobre los intereses difusos, los complejos conceptos jurídicos propios del mundo judicial, los múltiples requisitos formales de este tipo de demandas, las ritualidades propias del complejo procedimiento judicial, los diferentes recursos para garantizar el sagrado derecho de defensa, el desenvolvimiento judicial de los incidentes procesales, la forma técnica de objetar un dictamen pericial y otros tantos múltiples temas propios de este especializado universo jurídico.

Por eso, los honorables profesionales del derecho no se dedican irresponsablemente a operar personas, a construir edificios o hacer complejos cálculos matemáticos, pues ellos no han estudiado o se han especializado en medicina, arquitectura o ingeniería; Sino, que precisamente por haber decidido dedicar toda su vida a estudiar la ciencia del derecho, que no es otra cosa que la ciencia que estudia las leyes para garantizar el ejercicio, uso y goce de los más sagrados derechos individuales y colectivos.; entonces se dedican y se especializan en presentar acciones judiciales ante los honorables jueces de la República, sin importar si son acciones civiles, administrativas, penales, laborales o constitucionales. Es decir, ellos cumplen con lo sabiamente recomendado por el adagio popular que dice: ¡ zapatero a tus zapatos ¡

Recordemos, que todas las personas que se gradúan de la larga, costosa y compleja Carrera del Derecho, se les otorga el honroso título de “Abogados”, es decir, ilustres y respetados profesionales del Derecho que abogan por la defensa y protección de los derechos de su comunidad.

Ahora bien, algunos de estos ilustres abogados se dedican en su ejercicio profesional diario a laborar con el Estado, es decir se convierten en respetados funcionarios públicos que asesoran y defienden al Estado en los temas jurídicos o cumplen sagradas funciones de administración, fiscalización, judicialización, control o vigilancia.

Por otra parte, hay otros, muy pocos, que por el contrario dedican sus vidas a ser abogados litigantes, es decir, a defender en justicia y frente a los estrados judiciales, tanto a los particulares como al Estado mismo.

Pero además, hay otros, un especializado, exclusivo y reducido grupo de abogados que son verdaderos Actores Populares, que colocan en riesgo su profesión, vida, prestigio y patrimonio, para poder defender en justicia los derechos e intereses colectivos de los Colombianos.

Ahora bien, no se puede prohibir u obligar a todos los profesionales del derecho de la República de Colombia, bien sean funcionarios públicos, litigantes o verdaderos actores populares, a que no presenten acciones constitucionales en contra del estado o que solamente lo puedan hacer de forma altruista y gratuita; Pues la solidaridad no surge siempre por generación espontánea en todos los seres humanos y es necesario tener en la cuenta que todos los abogados estudiaron y se especializaron en el derecho, precisamente para trabajar y sustentar sus vidas al demandar cualquier tipo de acciones judiciales.

En el caso específico de los Abogados Actores Populares, es necesario tener en cuenta que se trata de una labor compleja, costosa, demorada y altamente riesgosa; Además, no se puede perder de vista, que todos los profesionales del derecho tienen que hacer como mínimo un año de consultorio jurídico gratis y  que todos son obligados durante su ejercicio profesional a ser defensores de oficio en multiples procesos judiciales; Por lo tanto, tampoco se les puede aumentar esa inmensa carga de servicio social y exigirles que no puedan demandar acciones populares, y mucho menos, que no pueden cobrar los justos incentivos económicos que estaban establecidos en la ley para compensar económicamente el costoso y peligroso ejercicio de las acciones populares.

Por otra parte, por ningún motivo se puede olvidar; Que fue la propia Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, la que con el fin de estimular el ejercicio de las acciones populares, ordenó que se establecieran por ley los generosos incentivos económicos; Que fue el propio Congreso de la República el que con el fin de estimular la participación ciudadana en la defensa de los intereses colectivos, estableció en la ley 472 de 1998, los incentivos económicos en las acciones populares y de grupo; Y, que fue la propia Corte Constitucional la que ya había declarado como exequibles dichos incentivos económicos, precisamente con la justa tesis de que la solidaridad nunca surge por generación espontánea en todos los seres humanos y que es necesario compensar el conocimiento, tiempo, dinero y riesgo que obligatoriamente asume quien presenta una acción Popular.

Además recordemos, que cualquier persona que demande en Colombia una acción popular, especialmente sobre moralidad administrativa y patrimonio público, indiscutiblemente está colocando en inminente peligro su vida e integridad personal; Además, está invirtiendo costosos conocimientos, experiencia, tiempo y dinero, a fin de recuperar para el Estado algunos bienes que han sido extraídos ilegalmente del tesoro público.

Ahora bien, lo cierto es que el daño ya está hecho,  pues, la Corrupción Administrativa del Estado Colombiano ha logrado derogar los incentivos económicos en las acciones populares y hacer ver a todos los Abogados especializados en acciones populares como unos simples caza recompensas; Y, lastimosamente, por causa exclusiva de ello, y de los reconocidos enemigos, calumniadores e injuriadores de los solidarios actores populares; en Colombia disminuyó en más de un (90%) la presentación de las acciones populares: Es decir, los Colombianos ya no están siendo estimulados a participar en la defensa y protección solidaria de los derechos e intereses colectivos, porque ahora tienen que asumir gratuitamente una inmensa y desproporcionada carga de conocimientos, riesgo, tiempo y dinero.

Es resumen, por culpa de los irresponsables que ayudaron a derogar los incentivos económicos en las acciones populares y a estigmatizar a los respetados abogados especializados en acciones populares, en la actualidad los abogados especialistas en  medio ambiente, espacio público, patrimonio público o moralidad administrativa, se han dedicado a otro tipo de acciones judiciales que si compensan económicamente su trabajo  y han tenido que dejar completamente desamparados los derechos humanos de tercera generación en Colombia.

Por ello, esperamos que aquellos irresponsables que derogaron la ley 472 de 1998, aquellos indolentes que la declararon exequible y aquellos corruptos que calumnian diariamente a los prestigiosos abogados que son exitosos actores populares, asuman ahora la función preventiva que venían cumpliendo estos miles de profesionales del derecho en materia de acciones populares; pues, está claro, que estas personas, que estudiaron una larga, compleja, costosa y peligrosa carrera, para dedicar sus vidas a la administración de justicia, ahora no están siendo debidamente estimulados y recompensados para poder continuar prestando sus valiosos servicios profesionales en favor de los Derechos Humanos de todos los Colombianos.

Para “FUNDACOLECTIVOS”, la preservación de la Naturaleza, del medio Ambiente y del patrimonio público debe ser un objetivo participativo, solidario y nacional. Entonces, el conflicto entre este objetivo y la lucha contra la corrupción, no puede ser resuelto calumniando, estigmatizando y alejando a los especializados actores populares de la jurisdicción, sino, recompensándolos, estimulándolos, capacitándolos y animándolos a continuar su peligrosa labor participativa, democrática y solidaria.

Recordemos que el Actor Popular reclama judicialmente a favor de un colectivo; Entonces, el actor popular representa la democracia, la solidaridad y la participación puestas en acción: En este orden de ideas, el Actor Popular es un respetado vocero de la comunidad afectada por la acción u omisión de una autoridad o de un particular que viola sagrados derechos e intereses colectivos; Por lo tanto, es injusto el dejarlo solo en la protección de unos sagrados derechos que también son nuestros y que su violación nos perjudica a todos.

En todos los casos, el Actor Popular en su peligrosa, costosa y solitaria lucha judicial, está  arriesgando su vida, integridad personal y patrimonio, al denunciar graves casos de violación de derechos humanos, que normalmente ningún otro ciudadano tiene el valor cívico de denunciar: Entonces, ¡ Los actores populares son valientes ciudadanos solidarios, cívicos y participativos !

Por otra parte, debemos recordar que en toda oficina de Abogados aparece un aviso al público que dice: “TODA CONSULTA OCASIONA HONORARIOS”: O es que a los calumniadores de los actores populares o a los violadores de los derechos colectivos, no les cobran los servicios médicos y odontológicos en este país; o es que los ingenieros y arquitectos les hacen sus casas gratis; o es que los taxis y buses no les cobran el trasporte público; o es que en los Supermercados y tiendas no les cobran el marcado; o es que el Estado no les cobra los impuestos y servicios públicos esenciales; o es que a sus hijos se los gradúan en las universidades y colegios sin pagar un solo peso, o es que por su santidad y solidaridad ahora se convirtieron en cuerpos gloriosos y creen que los actores populares tampoco necesitan recursos financieros para desarrollar su función.

¿Por qué?, los enemigos y calumniadores profesionales de los actores populares, hablan mal de los abogados que demandan acciones populares, solo cuando se pagan los incentivos económicos en estas acciones constitucionales., Pero, ahora que los incentivos económicos han sido derogados, estos  difamadores no dicen nada para estimular y agradecer la labor que continuaron cumpliendo algunos abogados en estas materias tan peligrosas y sin cobrar un solo peso.

¿Por qué?, estos enemigos y calumniadores de los Actores Populares no se averiguan cuantos ríos, humedales, ecosistemas, espacios públicos y dineros extraviados del Estado han rescatado estos miles de Abogados con su labor democrática, participativa, preventiva y solidaria.

Recordemos que la ley 472 de 1998, ordena que todas las autoridades de la República de Colombia están obligadas a colaborar y facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Y, que precisamente, en cumplimiento del art 81 de la ley 472 de 1998, se creó “FUNDACOLECTIVOS”, como una iniciativa privada de reconocidos y  respetados profesionales del derecho, que tiene por objeto social el colaborar con las autoridades de la República en su misión constitucional de garantizar la defensa de los derechos e intereses colectivos.

Nuestro Territorio Colombiano está gravemente enfermo y necesita de urgentes cuidados intensivos y de toda la solidaridad de los Actores Populares, especialmente de los profesionales del derecho que son especialistas en derecho administrativo, constitucional y ambiental. Y, solo con conocimientos especializados, participación, solidaridad y ética ambiental, podemos garantizar la protección y defensa preventiva de nuestra biodiversidad, los ecosistemas y el medio ambiente., Entonces, no los dejemos morir alejando de las acciones populares y de la jurisdicción a los pocos abogados especialistas que existen en materia de derechos humanos de tercera generación.

No olvidemos que cuando un actor popular demanda una acción popular, independientemente de si es abogado o no, no solo está arriesgando su vida y patrimonio para defender nuestros sagrados derechos colectivos, sino que está muriendo diariamente hasta que se produzca una Sentencia final; pues lo valioso de cualquier acción judicial no es el dinero o conocimientos que se invierten en su largo litigio, sino, el tiempo que ha utilizado en ella, el tiempo que hemos muerto durante su trámite, pues es un tiempo que ya pasó, que ya gastamos, que no tiene precio, que no se puede compensar, que nunca volverá y que jamás se podrá recuperar.

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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