Sobre la peligrosa y regresiva Sentencia C-630/2011.

Indiscutiblemente, el Congreso de la República de Colombia es competente para regular todos los aspectos referentes a las acciones populares, incluyendo el tema de los “incentivos económicos”, pues, así expresamente lo ordena el artículo 88 de la Constitución Nacional.

Artículo 88 de la Constitución Nacional de 1991;

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.”

Pero, cuando el Congreso de la República de Colombia, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, entra a derogar los incentivos económicos en las acciones populares y otras eficaces herramientas de lucha contra la corrupción, con el claro fin de descompensar el ejercicio de estas acciones constitucionales para poder desestimular la masiva participación ciudadana en la defensa de los sagrados derechos e intereses colectivos: Entonces, es claro que dicha decisión debe de contar con una justificación constitucionalmente objetiva,  razonable y proporcional; además, dicha competencia de regulación debe quedar limitada a no poder contrariar lo expresamente consagrado sobre el tema en los anales de la Asamblea Nacional Constituyente, los convenios internacionales de derechos humanos, el contenido escrito de nuestra constitución nacional y todos los fines, valores, principios, derechos y garantías de la carta fundamental.

En este orden de ideas, es absolutamente diáfano que el Congreso de la República de Colombia era constitucionalmente competente para expedir la ley 1425 del año 2010, por medio de la cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban los incentivos económicos en las acciones populares y otras eficaces herramientas de lucha anticorrupción; Pero, también es absolutamente claro, que dicha regulación fue manifiestamente regresiva en materia de mecanismos de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia y que no contó con una verdadera justificación constitucionalmente objetiva, razonable y proporcional.

Agravando la situación, que en el ejercicio de la competencia de regulación del Congreso sobre el tema de los incentivos económicos en las acciones populares, resalta que se traicionó el expreso espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente, se incumplieron varios pactos internacionales de derechos humanos, se contrarío el contenido escrito de diversos artículos de nuestra constitución nacional y se violaron todos los valores, fines, principios, derechos y garantías consagrados en la carta fundamental.

Esta nefasta ley 1425/2010, es manifiestamente regresiva en materia de mecanismos de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia, porque intencionalmente descompensa económicamente el ejercicio de las acciones populares para poder desestimular la inmensa participación ciudadana en la defensa de los derechos e intereses colectivos. Lo cual, convierte en letra muerta a las acciones populares e indiscutiblemente le resta garantías, protección y efectividad a los derechos humanos de tercera generación en Colombia.

Agravando la situación de manifiesta regresión legislativa, que el artículo 2do de la ley 1425 del año 2010, también derogó y modificó todas las disposiciones que le sean contrarias, es decir, los artículos 1005 y 2359 del Código Civil de 1887, eliminando de esta manera los ancestrales y necesarios incentivos económicos, que estaban consagrados hace más de (120) ciento veinte años en el ordenamiento jurídico de la República de Colombia. Es decir, en materia de mecanismos de protección de derechos humanos en Colombia, con el actual Gobierno de unidad Nacional no solo retrocedimos hasta antes de la Constitución del año 1991, sino, que retrocedimos a antes de la Constitución del año 1886.

Esta regresiva ley 1425/2010, igualmente no contó con una justificación constitucionalmente objetiva, razonable y proporcional: En primer lugar, porque es manifiestamente irresponsable, falso y subjetivo, el afirmar públicamente que; “Todos los actores populares se convirtieron en unos avivatos y caza recompensas que demandan al Estado solamente por el pago del incentivo económico en las acciones populares y no por solidaridad”. Pues, para probar tan injuriosa, delicada y grosera afirmación, no se aportaron los estudios económicos, sociales y jurídicos que así lo demostraran.

En segundo lugar, imperdonablemente se desconoció, que en Colombia también son respetadas “Actoras Populares” todas las Entidades del Estado y miles de organizaciones cívicas, populares y similares; que por estar cabalmente cumpliendo con sus funciones y objetivos legales, consagrados expresamente en la Constitución Nacional, la ley 472 de 1998 y sus estatutos; no pueden ser irresponsablemente señaladas, por el propio Presidente de la República de Colombia, de avivatas, corruptas y caza recompensas.

En tercer lugar, tan errada afirmación, demuestra una absoluta ignorancia sobre el tema jurisprudencial de las acciones populares y los incentivos económicos, pues, la Honorable Corte Constitucional de Colombia, desde hace muchos años atrás, ya había ordenado que el Estado Colombiano nunca puede ser condenado a pagar incentivos económicos en las acciones populares, sino, que debe ser condenado, única y exclusivamente, el funcionario o particular directamente responsable de la violación del derecho o interés colectivo.

Agregando, que la Honorable Corte Constitucional de Colombia, también había concluido desde hace años, que  la solidaridad para la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, nunca surge por generación espontánea, por lo cual, en este Estado social de derecho, que por esencia debe ser democrático, participativo y pluralista, es ética y constitucionalmente válido el promoverla, estimularla y compensarla con generosos incentivos económicos, a fin de poder garantizar la protección y efectividad de estos sagrados derechos humanos, y sobre todo, compensar la inmensa carga económica que asumen quienes deciden valientemente el defender en justicia los derechos e intereses colectivos.

Lo que realmente sucede, es que la corrupción administrativa quiere estigmatizar públicamente a los respetados actores populares, para poder desestimular su masiva participación solidaria en la defensa de los derechos e intereses colectivos; y desde las milenarias épocas de Roma, nunca antes tantos ciudadanos y funcionarios del Estado, habían demostrado conocer y apreciar tan poco a los respetados actores populares,  los sagrados derechos colectivos, las constitucionales acciones populares y los necesarios incentivos económicos.

Por otra parte, en el ejercicio de la competencia de regulación del Congreso de la República, sobre el tema de las acciones populares y los incentivos económicos, al aprobarse y sancionarse la ley 1425 del año 2010, indiscutiblemente se traicionó el espíritu democrático, solidario y participativo inspirado para el Estado Colombiano desde la Asamblea Nacional Constituyente.

Como antecedente de la consagración de tales acciones en la Carta Política del año 1991, vale destacar que en la Asamblea Nacional Constituyente, el Doctor Álvaro Gómez Hurtado –q-e-p-d-, para efecto de los incentivos económicos,  propuso el siguiente artículo: 

 “No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia  consagra el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974) aparece lejana del  conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Alvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991). (Subrayas fuera de texto.)

En el proyecto de reforma Constitucional del M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares y los incentivos económicos, en los siguientes términos:

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamenta dicha acción podrá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”. (Subrayas fuera de texto).

Por lo anteriormente transcrito, es absolutamente claro que el Congreso de la República de Colombia, al tramitar y aprobar la ley 1425 del año 2010, desconoció lo expresamente expuesto y recomendado por la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, sobre la necesidad de consagrar en la ley los incentivos económicos para las acciones populares. Lo que hace a esta ley manifiestamente inconstitucional por desconocer, contradecir y traicionar el espíritu democrático, solidario y participativo inspirado para el Estado Colombiano desde la Asamblea Nacional Constituyente; pues, lo realmente querido por el pueblo de Colombia, es que la ley acompañara permanentemente a las acciones populares con instrumentos jurídicos efectivos, como los incentivos económicos, que verdaderamente garantizan la participación de todos los asociados en la protección y efectividad de sus derechos e intereses colectivos.

Igualmente, con la expedición de la ley 1425 del año 2010, se violó lo acordado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales “PIDESC”; el cual prohíbe terminantemente a los Estados miembros, el tomar medidas legislativas que de cualquier forma sean “regresivas” en materia de “mecanismos de protección” de los derechos económicos, culturales y sociales.

Recordemos, que un principio general del derecho internacional ordena; “Pacta sum servanda”, “Los pactos son para cumplirlos”; entonces, cuando un Estado unilateralmente elimina cualquiera de los eficaces y participativos mecanismos de protección de sus derechos humanos, retrocediendo en la senda de protección que por años hubiere alcanzado legal o constitucionalmente, indiscutiblemente viola, traiciona e incumple todos los tratados, convenios y pactos internacionales sobre la materia.

Agravando la situación, que esta regresiva ley 1425 del año 2010, es contraria al contenido escrito del preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 13, 25, 53, 72, 79, 82 y 88 de nuestra constitución nacional; y viola todos los valores, fines, principios, derechos y garantías consagrados en nuestra carta fundamental; pues, desprotege y le resta efectividad a los sagrados derechos e intereses colectivos, atenta contra la prevalencia del interés general, desestimula la participación ciudadana en el control de la función pública, genera desigualdades, contraría el principio de la buena fe, desconoce el concepto ético pluralista de la solidaridad e indiscutiblemente favorece la indolencia, la ineficiencia y la corrupción administrativa.

Por lo anteriormente escrito, la Fundación para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos “FUNDACOLECTIVOS”, hace un oportuno llamado de urgencia a la honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, a fin de que corrija el  grave error cometido en la reciente Sentencia C-630/2011 y en las futuras demandas no dude un segundo en declarar la inconstitucionalidad de la ley 1425/2010, por medio de la cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998. Pues, su claro objetivo político es estigmatizar públicamente a los respetados actores populares y descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares, para poder desestimular la masiva participación ciudadana en la defensa solidaria de los sagrados derechos e intereses colectivos; lo cual, además de ser manifiestamente regresivo en materia de mecanismos jurídicos de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia y beneficiar directamente la rampante corrupción administrativa; indiscutiblemente traiciona el expreso espíritu participativo contenido en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991 y viola el preámbulo, el contenido y todos los valores, fines, principios, derechos y garantías consagrados en nuestra constitución nacional.

 Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.