La necesidad de los incentivos económicos en las acciones populares.

La ley 472 de 1998, consagra como derechos colectivos objeto de protección preventiva, participativa y solidaria los siguientes;

“a) El goce de un ambiente sano;

b) La moralidad administrativa;

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

i) La libre competencia económica;

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos;

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;

n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

Parágrafo: Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.”  

Ahora bien, como se puede constatar en los antecedentes históricos de las Acciones Populares, desde sus primeros y antiguos inicios en el derecho Romano, en ellas siempre se ha consagrado la figura legal del  “Incentivo Económico para los Actores Populares”. Las razones son lógicamente de justicia, ética y sentido común.

La razón es de sentido común, porque lógicamente la teoría de los premios y castigos siempre ha sido absolutamente necesaria en la historia de la humanidad para poder educar a las personas e inclusive a los animales, a comportarse de determinada manera en una sociedad: El premio o el castigo, la buena o la mala nota, la carita triste o la carita feliz, el cielo o el infierno, la prisión o la libertad, siempre han sido las formas preventivas y educativas mundialmente aceptadas para poder estimular eficazmente a las personas a realizar o no realizar determinadas conductas que son ejemplarmente premiadas o severamente castigadas en determinada sociedad. Por ello, son absolutamente necesarios los incentivos económicos en las acciones populares, porque ellos son la única forma legal de poder estimular eficazmente a los ciudadanos y organizaciones cívicas a participar solidariamente en la defensa judicial de los sagrados derechos e intereses colectivos.

La razón también es de justicia, porque lógicamente es necesario compensar económicamente el tiempo, conocimiento, trabajo y dinero, que necesariamente deben ser invertidos por los actores populares para poder ejercitar judicialmente una acción popular para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Para nadie es un secreto que tramitar una acción popular ante la administración de justicia requiere de especializados conocimientos y que la misma puede demorar hasta dos y tres años de trámite en una sola instancia; además, de las costosas pruebas técnicas que se deben aportar en estos procesos judiciales y los necesarios gastos, costas, trabajos y peligros que suelen ocasionar a los actores populares este tipo de acciones constitucionales.

La razón igualmente es de orden ético, como ya lo ha manifestado la Honorable Corte Constitucional; porque la solidaridad no siempre surge por generación espontánea en todos los seres humanos, menos cuando se trata de denunciar graves atentados contra el medio ambiente, el patrimonio público y la moralidad administrativa: Recordemos que estos sagrados derechos colectivos tienen pocos ciudadanos dolientes que salgan de manera preventiva, solidaria y permanente en su defensa judicial; es decir, en nuestra sociedad son pocas las personas especializadas que se dedican permanentemente a denunciar a los corruptos que se apropian ilegalmente del patrimonio público o a demandar a los depredadores del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; y por ello, es que es absolutamente necesario que el Estado Colombiano premie, estimule e incentive a todos los ciudadanos a participar de manera preventiva, cívica y solidaria en la defensa permanente de sus sagrados derechos e intereses colectivos, pues, la solidaridad no siempre surge por generación espontánea en los Colombianos y es absolutamente necesario el promoverla, incentivarla y estimularla, para poder garantizar la efectividad de estos derechos e intereses colectivos.

Es claro que, por indolencias oficiales y malas prácticas ambientales, los impactos sobre nuestro planeta son recurrentes y pueden ser irreversibles; Residuos sólidos, líquidos y gaseosos,  sobrecalentamiento Global, deshielo de Glaciares, destrucción de hábitats selváticos, sobre-explotación de recursos naturales, deficiencias en infraestructura de servicios públicos esenciales, deterioro del suelo, inseguridad ciudadana, impune invasión del espacio público, falta de áreas para recreación, mala disposición final de basuras, contaminación de ríos y mares, etc.: Todo esto genera un efecto adverso sobre el planeta, sobre cualquiera de sus componentes ambiental, físico, biótico o social, ocasionando un inminente riesgo para la vida y la salud de todos los seres vivos: Por eso, los actores populares necesitan estímulos y eficaces instrumentos de lucha anticorrupción, pues, si alejamos a los ciudadanos de la jurisdicción, entonces quedarán en la más completa impunidad miles de violaciones a los intereses colectivos.

Es absolutamente falso, errado e injusto, el argumento de que todos los Actores Populares se convirtieron en un grupo de ciudadanos “Avivatos” que demandan al Estado solamente en búsqueda de una recompensa. Y lo es, porque la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, desde hace años ordenó que el Estado Colombiano no pueda ser condenado a pagar incentivos económicos en las acciones populares, pues, ellos deben ser pagados exclusivamente por el particular o funcionario directamente responsable de la violación de los derechos e intereses colectivos, a fin de compensar el tiempo, conocimiento, trabajo y dineros invertidos por el solidario Actor Popular.

Entonces, ese tipo de calumnias e injurias en contra de los respetados actores populares, solo pueden provenir de mentes maquiavélicas, ignorantes y corruptas, que seguramente son permanentes violadores de los derechos humanos de tercera generación en Colombia, que de cualquier manera tratan de estigmatizar a los respetados actores populares frente a la comunidad, a fin de que no puedan continuar recibiendo el apoyo necesario para desarrollar eficazmente su hermosa,  participativa y solidaria labor de defender en justicia los sagrados derechos e intereses colectivos.

Recordemos que fue el Constituyente primario del año 1991, quien elevó a rango constitucional las acciones populares y los incentivos económicos ya regulados por nuestro ordenamiento jurídico civil. Como antecedente vale destacar que en la Asamblea Nacional Constituyente, el Doctor Álvaro Gómez Hurtado –q-e-p-d-, para efecto de la protección del derecho colectivo al medio ambiente,  propuso el siguiente artículo: 

“La preservación de la Naturaleza y del Ambiente es un objetivo nacional. El conflicto entre este objetivo y el desarrollo económico y social dará derecho a una acción pública cuya forma y condiciones de ejercicio serán establecidas por la ley.” 

En la exposición de motivos de la citada disposición señaló expresamente el autor que: 

“La norma propuesta, al consagrar como principio constitucional la protección del ambiente, lo hace, primero, como un objetivo programático nacional que vincule a todos los colombianos, sean ellos particulares o entidades del Estado, y segundo, como un imperativo jurídico del cual se puedan derivar efectivas acciones para la tutela de este supremo bien de la colectividad.” 

“No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia  consagra el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974) aparece lejana del  conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Alvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991). (Subrayas fuera de texto).

Por otro lado, el Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 62, contenía el siguiente artículo: 

“La ley regulará el ejercicio directo y autónomo de las acciones populares para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las correspondientes acciones individuales”. 

En la exposición de motivos se manifestó sobre las acciones populares que: 

“(…) son instrumentos procesales distintos a las tradicionales acciones públicas de inexequibilidad y nulidad de nuestro Derecho Público, ya que sus efectos no se limitan a la preservación del orden jurídico, sino que tienen consecuencias económicas sobre grupos colectivos y sobre los sujetos pasivos de dichas acciones”. 

En el proyecto de reforma Constitucional del M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares y los incentivos económicos en los siguientes términos:

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamenta dicha acción podrá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”. (Subrayas fuera de texto).

“Con las acciones populares se habrá dado un paso fundamental en el desarrollo de un nuevo derecho solidario, que responda a nuevos  fenómenos de la sociedad como es el daño ambiental, los perjuicios de los consumidores, los perjuicios a que se ven sometidas las comunidades en su integridad física y patrimonial, los daños que se le causan a las mismas por el ejercicio abusivo  de la libertad económica, sin consideración a conductas comerciales leales y justas”. (Gaceta Constitucional del  día 22 de marzo del año 1991). 

Ahora bien,  como pueden observar nuestros respetados lectores, desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se gestó en Colombia la necesidad de darle el carácter de constitucionalidad a esta antigua categoría de derechos civiles, los cuales necesitaban de verdaderos estímulos económicos y expeditos procedimientos judiciales para garantizar su protección y efectividad; Recordemos, que a pesar de que estos derechos, estímulos y  acciones judiciales ya estaban consagrados en el Código Civil Colombiano, nunca eran ejercitados por los ciudadanos; Por eso, desde la asamblea nacional constituyente de 1991, se ordenó reconocerlos como verdaderos derechos Humanos de  “tercera generación” y acompañarlos de atractivos “Incentivos Económicos”.

Por lo anteriormente escrito, nuestra fundación para la defensa de los derechos colectivos “FUNDACOLECTIVOS”, hace un oportuno llamado de imparcialidad, justicia y sentido común a la honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, a fin de que corrija el grave error cometido al expedir la Sentencia C-630/2011 y en las futuras demandas proceda a declarar la inconstitucionalidad de la ley 1425/2010, por medio de la cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban los incentivos económicos en las acciones populares. Pues, su claro objetivo es descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares para poder desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos; lo cual, además de ser manifiestamente regresivo en materia de mecanismos de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia y beneficiar directamente la rampante corrupción administrativa; indiscutiblemente traiciona el expreso espíritu participativo contenido en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991 y viola el preámbulo, el contenido y todos los valores, fines, principios y garantías consagrados en nuestra constitución nacional.

 Democráticamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

 

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