Según la Sentencia del 26 de mayo del año  2011, proferida en el Expediente No 25000-23-25-000-2006-00376-01(AP), adelantado por la Honorable Magistrada Ponente Dra.,  MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO. En cuanto al incentivo,  se señaló que no obstante que mediante la Ley 1425 de 2010, se derogaron los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, esta ley posterior no es aplicable a los procesos iniciados antes de su vigencia, pues su aplicación se enmarca dentro de las excepciones a la aplicación inmediata de la ley procedimental, consagradas en los artículos 164 de la Ley 446 de 1998 y 40 de la Ley 153 de 1887, coligiéndose entonces que únicamente podría habérsele dado aplicación a la ley posterior, por indicación expresa del legislador respecto de su retroactividad.

Recuerada esta histótica sentencia, que la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, a través de sus diferentes Secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley la cual rige hacia el futuro y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata; “con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en la época en que estos se adelanten (…)”.

En el mismo sentido, recuerda esta histórica sentencia; que dicha Sección en sentencia del 19 de julio del año  2007 y la Sala Plena de la Corporación en providencia del 7 de junio del año  2005, al decidir, con base en idénticos fundamentos normativos, que era imperativo resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del C.C.A., es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados, y que estos deberían decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, en el artículo 194 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446.

De lo expuesto, encontró la Sala que procedía reconocer el incentivo al actor, toda vez que la acción popular interpuesta el 24 de febrero de 2006 por el actor, fue, sin lugar a dudas, determinante para la protección de los derechos colectivos invocados. Las pruebas demostraron la diligencia debida del actor popular, en aras de obtener la protección de los intereses colectivos invocados en la demanda, lo cual explica que el Tribunal haya concedido el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de Fundacolectivos.

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