Sobre la definición del Actor Popular.

En su vocación, valor, solidaridad y participación, no en la ley o en los múltiples resultados jurídicos de su peligrosa gestión, encontramos los elementos necesarios para poder definir, conceptualizar y entender correctamente lo que es un verdadero “Actor Popular”.

El poder popular que representan estos personajes desde su creación jurídica en el antiguo Imperio Romano y que se concreta actualmente en su sagrada misión constitucional de Defensores de los Derechos Humanos; no se puede observar y definir en su completo esplendor, cuando el brillo de sus múltiples victorias judiciales, opaca retrospectivamente el valioso prefacio vocacional, valiente, solidario y participativo de sus sacrificadas vidas privadas.

Es que no se puede apreciar la verdadera importancia social, política e histórica de los Actores Populares, si solo se les tiene en cuenta en nuestra moderna sociedad, porque han triunfado en el trámite de una famosa acción popular para la defensa de los derechos e intereses colectivos o porque se les ha pagado una millonaria compensación económica por su peligrosa gestión judicial en favor de toda la comunidad.

Su verdadera importancia social se trasluce y se puede contemplar con mayor intensidad, cuando se tienen en cuenta los aspectos sociales, económicos, profesionales, familiares y personales de los Actores Populares., Como por ejemplo; su dignidad de seres humanos,  su necesaria formación al servicio de la comunidad; su consagrada preparación académica; su indispensable vocación de servicio comunitario; sus complejas investigaciones, estudios y veedurías ciudadanas sobre los diversos temas de la función pública; su constante dedicación de tiempo, conocimiento y patrimonio al servicio de la comunidad; y sobre todo, su participativa, solidaria y esperanzada lucha judicial para poder garantizar la protección judicial de los Derechos Humanos de Tercera Generación en Colombia, así sea a riesgo de perder sus propias vidas, honra, tranquilidad y patrimonio.

No en balde, cuando “Pandora” abrió la mitológica caja de donde salieron todos los males de la humanidad, dentro permanecieron las preciosas virtudes que siempre han caracterizado a los Actores Populares y que mantiene a los hombres vivos y unidos frente a las peores adversidades del destino: El “Valor”,  la  “Solidaridad”, la “Participación” y la “Esperanza”.

Y, tampoco en balde, los inigualables estadistas del Imperio Romano crearon, protegieron, fortalecieron, exaltaron y compensaron económicamente a los Actores Populares, como representantes del poder del pueblo, ejemplares ciudadanos cívicos y valientes demandantes; a fin de poder estimularlos permanentemente a garantizar de manera masiva, participativa y solidaria, la defensa judicial de sus más sagrados Derechos e Intereses colectivos.

Recordemos, que desde las milenarias y democráticas épocas del Estado Romano, existe la ancestral esperanza de casi toda la humanidad, de que sean los Actores Populares, debidamente respetados, estimulados y protegidos por la sociedad, quienes puedan algún día colaborar armónicamente con el Estado, en lograr el fin social de defender en justicia los sagrados derechos e intereses colectivos. Es decir, desde los primeros orígenes de la Democracia, los Actores Populares siempre fueron concebidos como ciudadanos cívicos que representaban el poder del pueblo, ejercitaban judicialmente la democracia directa y colaboraban armónicamente con el Estado en solucionar los graves males de la sociedad.

Lo anterior, porque los “Actores Populares”, desde aquellas ancestrales, mitológicas y milenarias épocas, siempre habían sido considerados como; Valientes seres humanos, que por su especial conocimiento, vocación y virtudes, pueden presentar eficazmente ante la administración de justicia, preventivas, restitutorias o indemnizatorias acciones populares, para poder garantizar la defensa participativa, solidaria y democrática, de los sagrados derechos e intereses colectivos de  toda sociedad.

Es de común ocurrencia, que en la actualidad las personas tengan el errado concepto de que los Actores Populares, son; ”Un simple grupo de personas del pueblo que representan en el cine, la televisión o el teatro, a unos personajes de ficción”.

Por otra parte, el actual Gobierno Nacional y amplios sectores de nuestra sociedad, de manera errada, descortés y vindicativa, definen a los Actores Populares como; “Unos simples ciudadanos avivatos, corruptos y caza recompensas, que permanentemente demandan al Estado por la búsqueda de un generoso incentivo económico y no por la defensa solidaria de los sagrados derechos e intereses colectivos”.

Y, los más entendidos en el tema, los definen correctamente como; “Los Demandantes de las acciones populares”.

Pero, desde la desaparición del imperio Romano, nunca se piensa en el Actor Popular como el ejemplar ciudadano, valiente activista y solidario ser humano, que con su propio conocimiento, tiempo, trabajo y patrimonio, de manera democrática, participativa y eficaz, demanda una arriesgada y costosa acción popular, para poder garantizar la defensa judicial de los sagrados derechos e intereses colectivos de toda la comunidad.

Agrava la situación, cuando no se quiere tener en cuenta, que en la actualidad la ley 472 de 1998, permite que los representantes legales de las personas jurídicas, públicas o privadas, también puedan convertirse en respetados actores populares, demanden la protección de los derechos colectivos y reclamen el pago de los gastos y costas del proceso judicial.

Además, se desconoce que el artículo 81 de la ley 472 de 1998, estimula a los ciudadanos colombianos a crear y representar judicialmente organizaciones populares, cívicas, comunitarias y similares, para colaborar con el Estado en la defensa jurídica de los sagrados derechos e intereses colectivos.

Por eso, no es correcto argumentar que los actores populares son unos simples ciudadanos avivatos, corruptos y caza recompensas, que permanentemente demandan al Estado por la búsqueda de un generoso incentivo económico y no por la defensa solidaria de los sagrados derechos e intereses colectivos. Pues, está claro, que en la actualidad existen miles de organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, que se dedican desinteresadamente a esta solidaria defensa de los derechos e intereses colectivos: Además, casi todas las entidades públicas, incluyendo los organismos de control y vigilancia del Estado, en la actualidad actúan como demandantes en miles de acciones populares en curso.

En este momento histórico de nuestra amada República de Colombia, donde es evidente el deterioro de la calidad de vida de millones de ciudadanos, la grave contaminación ambiental de todas las reservas naturales de nuestro territorio nacional y la descarada corrupción administrativa en todos los órganos del Estado; Debemos todos los ciudadanos colombianos, proceder a reclamar vehementemente, que la Honorable Corte Constitucional defienda el trabajo social, la dignidad, vocación, virtudes y buen nombre de los ancestrales y respetados Actores Populares, y en consecuencia, declare inexequible la regresiva ley 1425 del año 2010, por medio de la cual, se derogaron los incentivos económicos en las acciones Populares y se eliminaron otras eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Tenemos, por consiguiente, todos los Colombianos, y especialmente los respetados Magistrados de la Honorable Corte Constitucional,  la difícil tarea de definir, conceptualizar y defender la verdadera importancia social, política e histórica de los Actores Populares; para entonces, proceder solidariamente a respaldar, proteger, incentivar y estimular a estos valientes seres humanos y ejemplares ciudadanos cívicos: Para que ellos, a su vez, encuentren su verdadero puesto jurídico en nuestro Estado Social de Derecho, puedan continuar trabajando dignamente por la comunidad y se les permita garantizar la protección permanente, participativa y solidaria de nuestros más sagrados derechos e intereses colectivos.

Recordemos que el futuro de la humanidad no se gesta viajando a la inmensidad de las estrellas, clonando los seres humanos, sobreexplotando nuestras montañas preñadas de minerales, desangrando los desiertos habidos de petróleo, contaminando los océanos repletos de peces, deteriorando el sagrado patrimonio público y desestimulando la participación de los ciudadanos en el control de la función pública de los Estados; sino, que por el contrario, el futuro de nuestros hijos se garantiza y gesta estimulando la participación masiva, preventiva y solidaria de los Actores Populares, para que ellos puedan garantizar la defensa judicial de los más sagrados derechos e intereses colectivos.

Entonces, para poder garantizar que en Colombia algún día se alcance la anhelada meta de erradicar por completo la violación de los derechos e intereses colectivos, es claro que todos los ciudadanos debemos reclamar que la Honorable Corte Constitucional declare inconstitucional  la regresiva ley 1425 del año 2010 y restablezca la vigencia inmediata de los derogados artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Además, toda la sociedad Colombiana debe iniciar de inmediato, la tarea de aprender a conocer, respetar, defender, incentivar, promover y fortalecer a los defensores judiciales de lo público; pues, desde la desintegración del antiguo Imperio Romano y hasta nuestra época, nunca antes tanta gente había logrado saber tan poco sobre quiénes son los valientes, participativos y solidarios Actores Populares.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

Anuncios