Concepto de derechos humanos

La expresión derechos humanos ha trascendido, de manera categórica, en los más diversos ámbitos del pensamiento, por lo que pretender hallar entre el vasto catálogo de ideas que se han vertido en torno a dicha expresión, un concepto universalizador, que satisfaga las exigencias de todas las disciplinas en que ha incidido, representa un grave problema metodológico.

Ampliamente aceptada, es la idea general, que considera a los derechos humanos como una protección institucionalizada de los derechos de la persona humana contra los excesos del poder cometidos por los órganos del Estado y de promover paralelamente el establecimiento de condiciones humanas de vida, así como el desarrollo multidimensional de la personalidad humana.

Montesquieu, en su Espíritu de las leyes (1748), elaboró una apología de la libertad, y formuló la teoría de los medios que garantizan dicha libertad contra la arbitrariedad de los gobernantes.

Por su parte, Rousseau, en el Contrato Social (1762), construyó el orden jurídico y político teniendo como base el principio de la libertad inalienable. La doctrina del pacto social reserva a los ciudadanos su derecho natural pero es la ley, como expresión de la voluntad general, la que determina la aplicación de dicha reserva.

Continuación de la Ilustración, la revolución inglesa, la norteamericana de independencia, y sobre todo la francesa, inspiraron los movimientos constitucionalistas que implantaron la democracia liberal. Las concreciones constitucionales, parten del postulado de que los derechos fundamentales del hombre están por encima del Estado, que tienen valor más alto que éste, y entienden que uno de los fines principales del propio Estado consiste en garantizar la efectividad de tales derechos.

Fue entonces cuando la burguesía reclamó la supresión de los privilegios de la nobleza y obtuvo los derechos de la libertad y de la igualdad, derechos individuales civiles y políticos.

Estos derechos se plasmaron primero en declaraciones abstractas y programáticas, y posteriormente se incluyeron en la norma jurídica fundamental, como reglas jurídico-positivas de cada Estado nacional, una vez superado el absolutismo monárquico. Entonces, se consideró que la libertad e igualdad habían sido asumidas por los ordenamientos jurídicos, por lo que pareció razonable exigir el más absoluto y riguroso respeto a los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico para preservar la más adecuada realización de esos valores superiores y exigir el respeto a la Constitución como norma jurídica básica.  Así,  nacen los Derechos Humanos de Primera Generación.

El liberalismo legitimó el dominio de la clase burguesa, pero las aspiraciones igualitarias se vieron cercadas por el individualismo y el mercantilismo que generaron un nuevo escenario. En este contexto, bajo los postulados de Marx inscritos en su Manifiesto Comunista (1848), se dieron los movimientos revolucionarios que obligaron al reconocimiento de derechos sociales y económicos.

El Estado tuvo que mudar su posición de garante de la seguridad burguesa, y asumió la propuesta y realización de objetivos sociales, así surgió el Estado social. También se incorporaron a las constituciones estos derechos, entre ellas la Constitución francesa de 1848; ese mismo año, en Alemania, la Asamblea Nacional de Frankfurt, proclamó los derechos fundamentales del pueblo alemán.

El derecho al trabajo, su seguridad y en condiciones humanas; la ampliación del sufragio en la representación política, pasando del sufragio restringido al sufragio universal; la asociación sindical con sus derechos sindicales y la libertad de sindicación, son ejemplos de los derechos de la segunda generación.

Posteriormente, a principios del siglo XX se produjeron movimientos sociales que originaron la adición de otros derechos que se plasmaron por primera vez en la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919.

Estos derechos surgieron como producto de una idea, según la cual el desarrollo integral del ser humano reclama que la comunidad organizada y el Estado, actúen positivamente a fin de crear, mediante esa acción, las condiciones necesarias para el goce eficaz de estos derechos.

Sin embargo, por su naturaleza implica una mayor erogación por parte del Estado, por lo que su cristalización luego de la incorporación en la legislación resulta más difícil (acceso a la educación, trabajo, vivienda y salud); porque la obligación queda limitada por la necesidad de una importante inversión social.

Las aspiraciones de la sociedad para obtener mejores condiciones de vida se incrementaron, pues surgieron nuevas amenazas contra el género humano, tales como el deterioro ecológico, la desnutrición, el hambre, la insalubridad, la discriminación y la amenaza de un holocausto nuclear; dichas condiciones provocaron que se tornara insuficiente el Estado social como expresión de la justicia. Esto dio origen a una nueva generación de derechos que parecen traducir la existencia de un consenso acerca de determinadas exigencias que se consideran inherentes a la propia condición humana.

Es a partir de la década de los años sesenta, cuando se promueve un nuevo grupo de derechos humanos: en 1966, las Naciones Unidas hacen referencia al derecho al desarrollo y derecho a la libre autodeterminación de los pueblos en sus pactos internacionales; en el preámbulo de la Carta de San Francisco se señala el compromiso de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos.

Forman parte de los derechos de la tercera generación: el derecho a la paz, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, el derecho al desarrollo, y el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; por sus características, la inclusión de estos derechos en normas jurídicas nacionales o internacionales fue difícil, pero resultó aún más compleja su exigibilidad.

Se ha admitido que: los derechos civiles o individuales y los políticos implican, en general, un deber de abstención por parte del Estado; los derechos económicos, sociales y culturales, denominados también derechos de igualdad, implican un deber de prestaciones positivas por parte del Estado y de otros grupos con responsabilidad social; respecto a los derechos de solidaridad, participativos o colectivos, como denominan algunos a los derechos de la tercera generación, se dice que requieren la concertación de todas las fuerzas sociales, incluyendo a los individuos, Estados, otras organizaciones públicas privadas y la comunidad internacional.

Por eso, en la actualidad los Actores Populares y los Ciudadanos Cívicos, no podemos permitir que se declare  la constitucionalidad de ley 1425 del año 2010, derogatoria de los artículos 38 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban los incentivos económicos en las acciones populares y otras eficaces herramientas de lucha anti-corrupción; porque dicha ley es un claro retroceso jurídico del Estado Colombiano en materia de protección preventiva, participativa y solidaria de los derechos humanos de tercera generación y es un claro triunfo para la corrupción administrativa.

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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