Resumen Acción Popular “INVERCOLSA”

ACCIÓN POPULAR – Impugnación de contrato estatal:PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL – Enajenación. Impugnación de contrato:ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD ACCIONARIA – Impugnación del contrato.

“La Acción Popular procede para impugnar contratos, siempre que se aduzca y demuestre lesión de derechos colectivos, como la moral administrativa y el patrimonio público, o cualquier otro definido como tal en la Constitución o la ley. Por razón de su participación en un contrato estatal, que le confiere la calidad de colaborador de la Administración, el particular queda sometido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo al momento de juzgar si con su conducta en las etapas de formación y ejecución del contrato ha lesionado derechos colectivos, como quiera que el denominado «fuero de atracción» hace imposible que dos autoridades judiciales conozcan de un mismo contrato y decidan sobre su eficacia, validez, o sobre alguna de las irregularidades a que se refiere indiscriminadamente el artículo 40 de la Ley 472. Además, la relación jurídica entre la entidad estatal que enajena su participación societaria y los adquirentes preferenciales (trabajadores o extrabajadores etc.) se forma en virtud de un privilegio de origen constitucional, y queda sometida al derecho público.CONTRATO ESTATAL – Nulidad. Ilicitud del objeto.PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL – Objeto ilícito en celebración del contrato.ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD ACCIONARIA – Objeto ilícito del contrato genera su nulidad.DERECHO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA – Protección.DERECHO AL PATRIMONIO PÚBLICO– Protección. Vulneración por particular.

Las pruebas reseñadas evidencian que la conducta que desplegó desde un comienzo Fernando Londoño Hoyos para lograr la adquisición de las acciones de Invercolsa contravino abiertamente las normas jurídicas que regían el proceso de democratización de la propiedad accionaria de Ecopetrol; al invocar, sin tenerla, la calidad de extrabajador, para aceptar la Oferta Especial de venta de acciones, violó en primer término las normas que en este caso particular enumeraban los beneficiarios preferenciales y que limitaban a éstos las condiciones especiales. Las normas lesionadas forman parte del derecho público de la Nación, y por tanto, las conductas contractuales que les sean contrarias tienen objeto ilícito, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil. Por lo tanto, resulta de forzosa aplicación el artículo 1525 idem. La consecuencia jurídica de haberse realizado esta adquisición contrariando lo dispuesto en las normas citadas es, según el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 226, la ineficacia del contrato de compraventa de acciones, a causa de su ilicitud, que lo hace absolutamente nulo. Desde luego que la conducta en examen constituye una irregularidad en la contratación, que lesiona la moralidad administrativa; Fernando Londoño Hoyos fue su protagonista al aparentar una calidad que no poseía y beneficiarse del precio fijo reservado a los destinatarios preferenciales de la primera fase de la venta, sustrayéndose ventajosamente a la competencia o puja que habría tenido que afrontar en la subasta que habría de realizarse en la segunda fase, única en que le era lícito participar. Se hizo, a beneficios contractuales que no le concedían las leyes. La venta de las acciones al precio fijo también lesionó el patrimonio público. El perjuicio es más tangible teniendo en cuenta que las acciones causaron dividendos que no debieron percibir sus adquirentes irregulares. Al momento de realizarse la dación en pago por parte de Fernando Londoño Hoyos a AFIB, se encontraba inscrita la medida cautelar en el Registro de Accionistas de Invercolsa S.A., es decir, que las acciones que pretendía enajenar se encontraban en litigio y, en consecuencia, ni él podía transferirlas ni el acreedor adquirirlas sin la autorización de la Junta Directiva y del juez. AFIB S.A. era sabedora de la existencia del litigio propuesto por Ecopetrol. No tuvo, entonces, buena fe en esa transacción. En estas condiciones, debe asumir las consecuencias de este fallo. Además, como sucesora en los derechos del acreedor inicial (Banco del Pacífico), le es oponible el conocimiento que necesariamente tuvo éste sobre la negociación proyectada.DERECHOS COLECTIVOS– Vulneración por particular.

Ecopetrol cumplió con las normas que regían para la venta de sus acciones. Y puesto que la aceptación de la oferta en la Bolsa debía hacerse, como se hizo, por un comisionista, de manera que la identidad del adquirente sólo vino a conocerse días después de perfeccionada la compra y su inscripción en el Libro de Registro de Acciones, resultaba imposible a Ecopetrol impedirla. De otra parte, consta que la entidad emprendió todas las actuaciones que estaban a su alcance con miras a retrotraer la compra ineficaz. Luego mal podría imponérsele condena alguna. Al acogerse las pretensiones de la demanda, los actores populares tienen derecho al incentivo. La condena respectiva será impuesta al demandado Fernando Londoño Hoyos, como autor de la lesión a los derechos colectivos. Si a lo anterior se suma el comportamiento diligente de Ecopetrol, es manifiesto que no resulta aplicable el porcentaje de que trata el artículo 40 de la Ley 472. En consecuencia, se reconocerá el incentivo con arreglo al artículo 39 ídem.NOTA DE RELATORÍA: 1) Con salvamento de voto de la Dra. Ligia López Díaz; con salvamento parcial de voto de los Dres. Alberto Arango Mantilla y Germán Rodríguez Villamizar, y aclaración de voto de los Dres. Maria Noemí Hernández Pinzón, Maria Inés Ortiz Barbosa, Darío Quiñones Pinilla y Ramiro Saavedra Becerra. 2) Mediante providencia de 15 de marzo de 2004 se negó solicitud de nulidad. 3) Mediante providencia de 9 de marzo de 2004 se resolvió negativamente solicitud de aclaración, corrección y adición de la sentencia presentada por el demandado. 4) Mediante providencia de 9 de marzo de 2004 se resolvió negativamente solicitud de adición de la sentencia presentada por la parte demandante. 5) Mediante providencia del 9 de marzo de 2004 se declaró infundada la recusación propuesta por el demandado frente al consejero Ricardo Hoyos Duque. 6) Mediante sendas providencias (3) del 04/06/01 se resolvieron (negando), solicitudes de nulidad propuestas en su orden por Fernando Londoño Hoyos y Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana.”
El anterior resumen de la Acción Popular de “INVERCOLSA”, se publica para que los ciudadanos se den cuenta de lo valiosos que son los actores populares en Colombia para proteger los derechos colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público; y de cuales fueron los verdaderos motivos que inspiraron al gobierno nacional para proponer al Congreso derogar los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anti corrupción; pues, indefectiblemente los únicos beneficiados en Colombia con la ley 1425 del año 2010, son los corruptos y ratas que la propusieron, aprobaron y sancionaron.
Por eso, para detener a todos los corruptos y oligarcas de este país, es necesario que todos los ciudadanos respalden a sus actores populares y que la honorable Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley 1425 del año 2010.
Respetuosamente.,
JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.
Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.