Los intereses difusos y los Derechos Colectivos.

La evolución tecnológica, industrial y comercial, ha producido ostensibles afectaciones a los derechos e intereses de personas que se encuentran dispersas o grupos no organizados, pues el menoscabo no recae en grupos sociales identificados, sino en forma muy amplia en diversos sectores sociales; por ello, no resulta sencillo conocer a los lesionados en su esfera jurídica, en problemas como la prestación masiva de bienes y servicios, la alteración del medio ambiente, la marginación en las sobrepobladas zonas urbanas y la constante destrucción del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural.

El concepto intereses difusos surge en contraposición a la noción de interés jurídico, de estirpe liberal individualista. Luego entonces, los intereses difusos pertenecen al género de los intereses colectivos, pero en claro distingo a los intereses individuales, que corresponden a personas físicas. Así pues, mediante la irrupción de los intereses difusos en el plano jurídico, nos encontramos que se actualizan cuestiones de interés legítimo, que no puede ser individualmente clasificado.

Para acercarnos a un concepto más diáfano, diremos que los intereses difusos (también llamados intereses colectivos), son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos sociales, que se encuentran distribuidos en amplios sectores, de manera que no resulta fácil el establecimiento de los instrumentos adecuados para la tutela de los propios intereses.

Sin lugar a dudas, este concepto está íntimamente vinculado con el de derechos humanos, si esos derechos derivativos de los intereses difusos, los aparejamos a situaciones jurídicas subjetivas (activas), que no tienen el carácter de derechos personales y ameritan la necesidad de ser atendidas y protegidas porque promueven el mejoramiento de las condiciones de vida humana y social, tendremos el ámbito donde los derechos humanos podrán gozar de vigencia sociológica.

Los intereses difusos, tienden al reconocimiento de los derechos humanos llamados económicos, sociales y culturales, diferenciados de los derechos cívicos y políticos, porque es difícil precisar el alcance jurídico del contenido y la forma de otorgar su satisfacción. En algunos intereses difusos que comparte un grupo humano puede en algunos casos albergarse un estricto derecho subjetivo.

Pongamos como ejemplo, el supuesto de contaminación de un curso de agua destinado a la higiene y bebida de los habitantes de Cali y lugares circunvecinos. El interés difuso incumbe a todo el grupo que utiliza el líquido, pero además de ese interés subjetivamente compartido por todos, hay un derecho a la salud propio y personal de cada miembro del grupo, y este derecho es individual, en tanto el interés difuso en el que cada cual tiene su parte de subjetividad es el mismo para todos.

Los intereses difusos, versan sobre cuestiones que afectan bienes esenciales de la vida, no sólo de la individual, sino de las cuestiones que comparte una pluralidad de personas en determinado lugar o espacio ambiental.

En este sentido, los intereses difusos corresponden por ejemplo a los siguientes derechos: acceso a la cultura, derecho a la protección de la salud, derecho a la educación, derecho a la protección de la familia, derecho a la protección de la madre soltera, derecho a la calidad de consumo, derecho a la veracidad de la publicidad, derecho a la vivienda, derecho al urbanismo, derecho a la protección de la tercera edad.

El equilibrio ecológico, el ambiente no contaminado, la flora, la fauna, el paisaje, los monumentos históricos, entre otros, dan origen a un interés difuso, colectivo, supraindividual. Pues es de carácter imperativo el interés de que no se perturbe el equilibrio ecológico, que las deforestaciones no alteren el clima y la atmósfera, que no se extingan ciertas especies animales, y que se conserve el patrimonio artístico o el paisaje.

Algunos teóricos de la doctrina constitucional, se niegan a admitir la categoría de los intereses difusos, porque afirman que en el derecho administrativo sólo están incorporados los tres conceptos clásicos: derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple; por lo que si el derecho objetivo no amplía los conceptos, o expresamente no incluye la categoría de los intereses difusos entonces niegan su existencia y su protección.

Sin embargo, se advierte ya mayor sensibilidad al tema, pues las autoridades administrativas son las que con mayor frecuencia lesionan tales intereses, por cuanto les corresponde dictar disposiciones reglamentarias, acuerdos generales o autorizaciones particulares para regular un número creciente de actividades que afectan a personas en forma indeterminada, pues son omisas a su promulgación o a velar por su cumplimiento.

En Colombia en materia procesal, por su parte, se ha avanzado mucho en la tutela de los intereses difusos, fundamentalmente en el derecho constitucional para darles cabida, abrir vías de tutela, principalmente de tipo preventivo y no tanto reparadoras, pues ya han alcanzado, aunque precariamente, el rango de derechos humanos de la tercera generación o Derechos Colectivos.

La característica medular de los intereses difusos, es que son supraindividuales, esto es, aunque afectan al individuo como tal, por su trascendencia; el espectro de los derechos lesionados abarca a un indeterminado número de personas que integran un núcleo social; y por lo tanto, al rebasar la esfera individual, su ámbito se generaliza y extiende.

Los intereses difusos se expresan respecto de bienes jurídicos que sufren amenaza o un daño, generalmente irreparable cuando se consuma, como la deforestación, la depredación de una especie animal o la destrucción de un monumento histórico, pues no pueden reponerse.

Dan lugar a conflictos de intereses también supraindividuales; es decir, existe conflicto para satisfacer los intereses de un grupo, afectando a otros; por ejemplo, frente al interés por conservar construcciones antiguas, se contrapone el interés de empresas constructoras de viviendas destinadas a la habitación y el interés de quienes habitarán dichas viviendas, frente al interés de conservar un medio ambiente saludable, se encuentra el interés de empresas de transporte, de la industria y de los consumidores de sus bienes y servicios. 

Por ejemplo en materia de los Derechos Colectivos a la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público, inmeditamente se entra en conflicto entre los Actores Populares y los Corruptos Funcionarios de la Administración Pública, entonces, la administración comienza a estigmatizar a los actores populares calificándolos de avivatos y caza recompenas, además, les deroga las eficaces herramientas de lucha anticorrupción y los incentivos económicos, con el claro fin de evitar que se demande a los corruptos que administran el Estado y hacer cada ves más difusos los derechos e interes colectivos.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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