La siguiente, es la tercera razón técnica y jurídica por la cual consideramos absolutamente falsa, temeraria y de mala fe, la exposición de motivos del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, para derogar los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban incentivos económicos en las acciones populares y eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Argumentó el entonces Ministro de Gobierno Nacional Dr., FABIO VALENCIA COSSIO, lo siguiente; “La razón de ser de dichas acciones, está orientada a proteger los derechos colectivos como el ambiente sano o el espacio público y la moral administrativa, cuya consecución y protección le atañe a todos los ciudadanos, sin necesidades de recurrir a premios para que se ejerza su defensa y protección, que van en detrimento de las finanzas de los presupuestos públicos.”

En primer lugar, dichas aseveraciones son subjetivas porque no están debidamente soportadas en estudios sociales, jurídicos y jurisprudenciales, que demuestren que en realidad la protección de los Derechos Colectivos les atañe a todos los ciudadanos sin necesidad de recurrir a los incentivos económicos  y que el pago de los mismos va en detrimento de las finanzas de los presupuestos públicos.

Igualmente, la exposición de motivos desconoce, que es cierto que las acciones populares exigen de los actores populares algunos riesgos, conocimientos e inversiones económicas, que no exigen otras acciones constitucionales, dado sus costos, fines, peligrosidad, complejidad, rigurosidad y procedimiento. De ahí que la Corte, en la Sentencia C-459 de 2004, reconociera la necesidad de compensar con incentivos económicos la carga desproporcionada que asume quien promueve una acción popular;

“(…) El esquema de incentivar con estímulos económicos la colaboración de los ciudadanos con la justicia no es raro y su aplicación más relevante se encuentra en el derecho penal. El incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir sería una carga desproporcionada para quien inicia la acción.”

Al respecto y sobre el mismo tema de la solidaridad y los incentivos económicos en las acciones  populares, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-459/04, ya había ordenado lo siguiente:

SOLIDARIDAD- Puede ser inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado:

“Teniendo la solidaridad tanto móviles para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social.  Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas.”

Agravando la situación, que es un hecho notorio y de público conocimiento para todos los Colombianos, que la Honorable Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, con mucha anterioridad a la aprobación de ley 1425 del año 2010, ya habían dejado en claro jurisprudencialmente, que en todos los casos de incentivos económicos por violación a la moralidad administrativa y el patrimonio público, consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998; era el particular o funcionario responsable y no el Estado, el que debía pagar estas justas condenas en favor del actor popular.

Sentencia C-459/04. ACCION POPULAR-Persona que debe pagar monto del incentivo decretado por el juez:

“La Corte se pregunta ahora: ¿quién debe pagar el monto del incentivo decretado por el juez de la acción popular, tanto el del artículo 39, como del 40 de la ley 472 de 1998. Sin lugar a dudas este monto debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo, pues, no sería lógico ni jurídico que en la perspectiva de proteger derechos e intereses vinculados al cumplimiento de las tareas estatales, sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso en el que se demostró la responsabilidad de un tercero.  Es apenas obvio que cada cual debe responder por los efectos nocivos de su propia conducta, lo cual, a más de ser justo y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.  Por consiguiente, el monto total del incentivo determinado por el juez debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo. En el evento del artículo 40, siendo el estado el afectado o “victima” del acto que afecta la moral administrativa, no puede además ser afectado con una disminución de lo que recupere, siendo lo razonable que el incentivo lo pague  el autor o cómplice del detrimento patrimonial. Esta es la misma posición que en la interpretación y aplicación de esta norma ha hecho el Honorable Consejo de Estado y que la Corte Constitucional ahora avala, como manifestación del denominado derecho viviente.”

Además, recordemos que  de conformidad con el artículo 6to del Código Civil Colombiano; “La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones”.

Por lo anteriormente escrito, es absolutamente claro en el ordenamiento jurídico Colombiano, que las “Recompensas” y las “Penas”,  siempre han sido necesarias dentro de la teoría del conocimiento de los Seres humanos, para poder motivar legalmente a los individuos a hacer o querer algo; pues, solo mediante verdaderos estímulos de premio o castigo, los seres humanos aprendemos a comportarnos adecuadamente en nuestra moderna sociedad: El Palo y la Zanahoria, el Cielo o el Infierno, Ganar o Perder, la Buena o la Mala calificación, la Carita Feliz o la Triste, la Cárcel o la libertad, la Absolución o la Condena, el Pecado o la Salvación, la recompensa o el Castigo; Siempre han sido utilizados por todas las civilizaciones de la humanidad, como la única forma de guiar legalmente el comportamiento de los seres humanos en una sociedad.

Inclusive, los animales salvajes o domésticos, solo pueden ser domados, entrenados y educados por el hombre, para hacer o no hacer determinada cosa, mediante la teoría del aprendizaje a base de los premios y castigos.

Por ejemplo, en el tema de los castigos: No basta sino con observar, como el sistema penal internacional comparado, utiliza diariamente en todo el planeta, la sanción de pena privativa de la libertad, como única alternativa de los Estados para poder estimular que los ciudadanos no incurran en graves delitos; Y, esto precisamente sucede en el mundo entero, porque el respeto por los Derechos ajenos subjetivos, fundamentales o colectivos, tampoco surge en los seres humanos por simple generación espontánea, sino, que siempre hay que estimularlo con preventivas sanciones.

Por lo anteriormente expuesto, es absolutamente clara la obligatoria necesidad mundial de todos los Estados del Planeta, de sancionar ejemplarmente a los responsables de violar los Derechos e intereses Colectivos, y al mismo tiempo,  estimular con generosos estímulos económicos a los actores populares que los protegen. Pues solo así, se puede compensar justamente el ejercicio de las acciones populares, sancionar a los verdaderos responsables y garantizar la protección preventiva, democrática, participativa y soldaría de los Derechos e intereses colectivos.

Por otra parte, dichas motivaciones del Gobierno Nacional son insuficientes, pues estas no son razones constitucionalmente técnicas, razonables y objetivas, para poder justificar haber derogado; a)- El Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal: c)- El Derecho de los Ciudadanos a reclamar la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trataba de sobrecostos y otras irregularidades contractuales: d)- El Derecho de los Ciudadanos a la financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que la regresiva ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionalmente técnicas, objetivas y suficientes, para poder haber derogado los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; y que sus verdaderos motivos ocultos son; estigmatizar públicamente a todos los respetados Actores Populares, descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos; a fin de beneficiar directamente la corrupción administrativa de algunos de los anteriores y actuales funcionarios, empleados y contratistas del Estado Colombiano.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente consideramos que es competente la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, para declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los necesarios artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.,

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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