La siguiente, es la segunda razón técnica y jurídica por la cual consideramos absolutamente falsa, temeraria y de mala fe, la exposición de motivos del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, para derogar los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban incentivos económicos en las acciones populares y eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Argumentó el entonces Ministro de Gobierno Nacional Dr., FABIO VALENCIA COSSIO, lo siguiente; “El loable interés del legislador de premiar a los ciudadanos responsables que defiendan los intereses colectivos, ha perdido en la actualidad su razón de ser, toda vez que se ha convertido en un negocio de unos cuántos, que se han dedicado a viajar a lo largo y ancho del territorio nacional presentando acciones populares, buscando unos reconocimientos desmedidos en detrimento del erario público y especialmente de los entes territoriales.”

En primer lugar, dichas aseveraciones son manifiestamente subjetivas, pues no están debidamente soportadas en estudios técnicos, informes y estadísticas, que demuestren que realmente la presentación de acciones populares se haya convertido en el negocio de unos cuantos ciudadanos Colombianos que se la pasen viajando por todo el país presentando acciones populares.

En segundo lugar, no es cierto que la presentación de acciones populares obedezca exclusivamente al  interés de unos cuantos ciudadanos Colombianos por obtener el incentivo económico; pues, las organizaciones sin ánimo de lucro creadas de conformidad con el artículo 81 de ley 472 de 1998 y las Entidades que cumplen funciones Públicas como las Gobernaciones, Alcaldías, Procuradurías, Defensorías,  Personerías y consultorios jurídicos de las Universidades, lógicamente también han presentado miles de acciones populares, con el único y  exclusivo fin de proteger los sagrados derechos e intereses colectivos de los Colombianos.

Si bien es cierto que las acciones populares, como muchas instituciones jurídicas, pueden ser ejercidas de manera masiva, hasta el punto de convertirse en un medio de subsistencia para algunos Ciudadanos, Abogados, Consultorios Jurídicos, Entidades Públicas y Organizaciones no Gubernamentales. Como por ejemplo, igualmente sucede con  las acciones constitucionales de tutela, de grupo, de cumplimiento, de cobro coactivo o de simple nulidad: Ello no es óbice para proceder a eliminarlas del ordenamiento jurídico colombiano, hacerlas impracticables, restarles eficacia o restringir sus mecanismos de protección, ejercicio y participación. Pues, para demandar eficazmente acciones populares, o cualquier otra acción judicial, lógicamente hay que ser profesional en el tema, trabajar arduamente y ejercer permanentemente el oficio de litigante, las cuales, son honradas, costosas y peligrosas actividades laborales en Colombia, que están expresamente garantizadas en los artículos 25, 53, 88, 103 y 95 de la Constitución Nacional.

Al respecto, obsérvese cómo en sentencia C-107 del año 2002, la Honorable Corte Constitucional fue categórica en establecer que:

“El legislador no está habilitado para  imponer límites al trabajo, entendido éste como la facultad de todas las personas de ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero sí puede regular el derecho al trabajo para determinar su contenido y delimitar sus alcances, siempre bajo condiciones dignas y justas y teniendo en cuenta los principios mínimos fundamentales consagrados el artículo 53 de la Constitución.

Además, recordemos que el artículo 25 de la Constitución Nacional ordena que; “El trabajo es un derecho y una obligación social, y goza en todas sus modalidades, de la especial proyección del Estado. Toda persona tiene Derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

En este orden de ideas, hay que tener en cuenta que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Nacional, todas las personas en Colombia son libres de escoger profesión, trabajo u oficio para subsistir; y que el propio Estado Colombiano estimuló a los Ciudadanos, Abogados, Líderes Cívicos, Veedores Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, a escoger el oficio de litigar permanentemente para salir en la defensa preventiva, participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos, con el correspondiente derecho a reclamar una justa compensación  económica por su trabajo o esfuerzo personal en favor de toda la comunidad y al servicio del Estado.

Por lo tanto, ahora que todas estas personas están ganando las demandas y trabajando eficazmente en la defensa solidaria de todos los derechos e intereses colectivos de los Colombianos;  porque tienen la experiencia, la facultad y el derecho de ejercer libremente su actividad de Actores Populares,  a la cual han decidido y deseado dedicarse, por voluntad propia y estimulación legal del propio Estado Colombiano; no se puede proceder a estigmatizar públicamente a todos los Actores Populares y argumentar falsamente que todas estas respetadas personas montaron un negocio ilegal o que ellos son unos corruptos, avivatos y caza recompensas.

Es necesario tener en cuenta, que si una acción popular prospera ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es porque en realidad se están vulnerando por acción u omisión los derechos o intereses colectivos de los Colombianos, y que esa vulneración es imputable a la conducta irregular o inadecuada de un funcionario, empleado o  contratista del Estado, independientemente de quien sea la persona o entidad que demande la protección de los derechos colectivos o de los motivos personales, solidarios, laborales o institucionales  que tenga para hacerlo. 

Entonces, a esta persona natural o jurídica que trabaja legal, honrada y eficazmente al servicio de la comunidad y del Estado Colombiano, antes que desestimularla y atentar injustamente contra sus derechos a la dignidad, buen nombre y trabajo, hay que felicitarla, estimularla e incentivarla, para que en el futuro continúe participando, trabajando y colaborándole al Estado en derrotar la corrupción administrativa y proteger los demás sagrados derechos e intereses colectivos de todos los colombianos.

El hecho de que puedan existir algunos actores populares que viajen por todo el país reclamando la protección de derechos colectivos como el medio ambiente, el espacio público, las Estaciones de Bomberos o las Plazas de Mercado, no es una justificación racional, lógica y suficiente para restringir la eficacia o el ejercicio masivo de las acciones populares; Pues, en primer lugar, estas personas están trabajando honradamente al servicio de los derechos e intereses colectivos de todos los Colombianos, de conformidad con lo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Nacional; y, en segundo lugar, porque la ley 472 de 1998 y la jurisprudencia nacional, ordenan que están legitimados todos los actores populares para demandar la violación de los Derechos Colectivos, en cualquier parte y desde cualquier parte del territorio nacional, sin importar que sean naturales, vecinos o domiciliados en el respectivo territorio donde ocurre la violación o puesta en peligro del respectivo derecho o interés colectivo.

Es decir, las acciones populares en Colombia precisamente buscan y permiten que una entidad pública o privada, o cualquier ciudadano domiciliado o residente en Bogotá, Cali, Medellín o Pasto, puedan eficazmente demandar desde sus respectivas ciudades por ejemplo: La contaminación ambiental del rio amazonas; la apropiación de las playas de Cartagena por particulares; la ilegal explotación de petróleo en la Isla de San Andrés; la ilegal instalación de peligrosos satélites en la órbita geoestacionaria de Colombia; la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas; o la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos: Sin que dichas acciones constitucionales constituyan un hecho ilegal por parte de los Actores Populares o sin que ello signifique la simple búsqueda de un enriquecimiento patrimonial para cualquiera de los accionantes, porque,  lógica e indiscutiblemente, lo que busca la ley es que todos los Colombianos participemos de manera democrática y solidaria en la defensa preventiva de todos los sagrados derechos e intereses colectivos.

Por el contrario, lo ideal sería que miles de ciudadanos Colombianos de todo el país, invirtieran su propio tiempo y patrimonio en viajar por todos los rincones del territorio nacional demandando la protección de nuestros más sagrados derechos e intereses colectivos; y no tuviese que ser la labor solitaria, menospreciada e incomprendida de unos pocos, valientes y acuciosos Actores Populares.

En tercer lugar, dichas motivaciones son insuficientes, pues estas no son razones constitucionalmente técnicas, razonables y objetivas, para poder justificar haber derogado; a)- El Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal: c)- El Derecho de los Ciudadanos a reclamar la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trataba de sobrecostos y otras irregularidades contractuales: d)- El Derecho de los Ciudadanos a la financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que la regresiva ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionalmente técnicas, objetivas y suficientes, para poder haber derogado los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; y que sus verdaderos motivos ocultos son; estigmatizar públicamente a todos los respetados Actores Populares, descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos; a fin de beneficiar directamente la corrupción administrativa de algunos de los anteriores y actuales funcionarios, empleados y contratistas del Estado Colombiano.

Por lo anteriormente escrito, consideramos que es competente la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, para declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los necesarios artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.,

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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