La siguiente, es la quinta razón técnica y jurídica por la cual consideramos absolutamente falsa, temeraria y de mala fe, la exposición de motivos del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, para derogar los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban incentivos económicos en las acciones populares y eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Argumentó el entonces Ministro de Gobierno Nacional Dr., FABIO VALENCIA COSSIO, lo siguiente; “Así mismo, los presupuestos de las administraciones públicas se ven menoscabados con los fallos de estas acciones y es tal el volumen de estas y el valor de los fallos que en algunos casos los mandatarios locales se ven abocados al traslado de los recursos del plan de desarrollo para cumplir con lo mandado por los jueces a través de esta figura.”

En primer lugar, dichas aseveraciones son subjetivas porque no están debidamente soportadas en estudios técnicos y financieros que demuestren que los presupuestos de las administraciones públicas se están viendo menoscabados con los fallos de las acciones populares  y  que es tal el volumen de estas y el valor de los fallos, que en algunos casos los mandatarios locales se están viendo abocados al traslado de los recursos del plan de desarrollo para cumplir con lo ordenado por los jueces a través de esta figura.

En segundo lugar, la exposición de estos motivos es absolutamente falsa, pues, el Honorable Consejo de Estado ya había ordenado jurisprudencialmente a todos los Jueces de la República, que solo se puede condenar a una Entidad Pública a realizar una obra que demande cuantiosas inversiones del Estado, cuando la misma se haya contemplado en los respectivos Planes de Desarrollo y se encuentre debidamente presupuestada, precisamente, para evitar un desbordamiento de las finanzas municipales, departamentales o nacionales.

Sin contar, que en múltiples oportunidades, el Honorable Consejo de Estado ha recordado, que es una obligación perentoria e inaplazable del Estado Colombiano, el repetir patrimonial y judicialmente en contra de los funcionarios y contratistas verdaderamente responsables de las condenas en acciones populares, precisamente, para evitar un resquebrajamiento de las finanzas públicas de las Entidades del Estado. Pues, es apenas lógico y razonable, que cada cual debe responder por los efectos nocivos de sus propios actos, hechos y omisiones, lo cual, a más de ser legal, justo y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.

En tercer lugar, en cuanto al alto volumen de las acciones populares, nuevamente significo que, según las propias cifras públicas de la Defensoría Nacional del Pueblo de Colombia, hasta la fecha se han presentado solo (14.958) Acciones Populares, de las cuales tan solo se ha reconocido incentivos económicos en (1464), es decir en solo un (%10) de los casos; y de este (%10), en el (%90) de los casos solo se ha reconocido el incentivo popular mínimo de (10) salarios mínimos legales vigentes.

Es decir, por condenas de incentivos económicos en Colombia solo se han pagado a los miles de actores populares y entidades públicas la suma de (5’535.000.000.); Lo que equivale, a la (1/2) mitad de los (5) Cinco Millones de Dólares que se han pagado con dinero del Estado a un solo informante de la fuerza pública por denunciar a un solo narcotraficante, secuestrador o terrorista. O al (%000000.1) de los Cinco Billones de pesos que se extravían anualmente del tesoro público por sonados casos violación a la moralidad administrativa y el patrimonio Público. O al (%’’00000.1) de los dineros y bienes que ya fueron recuperados por los solidarios actores populares para el patrimonio público del Estado Colombiano.

En cuarto lugar, dichas motivaciones son insuficientes, pues estas no son razones constitucionalmente técnicas, razonables y objetivas, para poder justificar haber derogado; a)- El Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal: c)- El Derecho de los Ciudadanos a reclamar la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trataba de sobrecostos y otras irregularidades contractuales: d)- El Derecho de los Ciudadanos a la financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad del artículo 40 de la ley estatutaria 472 de 1998, en Sentencia C-088 del 2000, había considerado expresamente lo siguiente:

“Ha dado, pues, el Legislador, vigencia al principio de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  ha cumplido con el deber de velar por la intangibilidad de los recursos públicos; ha propendido por la estricta observancia de la moralidad administrativa y ha dado pleno cumplimiento al mandato contemplado en el artículo 133 de la Carta Política pues, ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. En la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública.” 

Entonces, parafraseando y con fundamento en el anterior pronunciamiento jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, para este demandante es claro que con la aprobación de la ley 1425 del año 2010: Ha dado, pues, el actual Legislador Colombiano, un peligroso paso regresivo en materia de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  Además, ha incumplido intencionalmente con el deber constitucional de velar por la intangibilidad de los recursos públicos de los Colombianos; Agravando la situación, que ha generado un innecesario y peligroso vacío legal en el ordenamiento jurídico Colombiano, al omitir legalmente propender por la estricta observancia de la moralidad administrativa y el patrimonio público: Desconociendo el mandato contemplado por la Asamblea Nacional Constituyente, expresamente consagrado en el  contenido material del artículo 133 de la Carta Política.

Recordemos que de conformidad con el artículo 133 de la Carta Política. “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, representan al pueblo, y deben actuar consultándola justicia y el bien común. El elegido es responsable ante la sociedad y sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.”: Por lo tanto, cuando el Congreso de la República al expedir la ley 1425 del año 2010, desconoce e ignora los mandatos del pueblo de Colombia, procediendo a derogar el Derecho de los demandantes a pretender y recibir  los incentivos económicos en las acciones populares, y el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales: Indiscutiblemente no actuó consultando  la realidad social, la justicia y el bien común, por lo cual, resulta un Congreso históricamente irresponsable ante la sociedad y sus electores, porque lamentablemente ha incumplido las obligaciones propias de su investidura.

Recordemos que ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas permanentes que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. Y, en la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción administrativa que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública del presente y el anterior Gobierno Nacional, durante los cuales han ocurrido los más graves casos de lesión al patrimonio público y la moralidad administrativa, como lo son; La inversión de dineros del narcotráfico y los paramilitares en elección de legisladores del “Uribismo”, la compra de legisladores con Notarias para aprobar su reelección, los “falsos positivos” por millonarias recompensas en Dólares a “Los Informantes”, las ilegales intersecciones de comunicaciones a los Magistrados de la Honorable Corte Constitucional, el repudiable caso de “Agro Ingreso Seguro” para financiar sus campañas políticas, los irregulares y perjudiciales contratos del “Grupo Nulle” en todo el país, las empresas de “Pirámides” con permisividad del Estado, la ilegal compra de las acciones de “Invercolsa”, los billones de pesos que se extraviaron del sector de la salud, la privatización de las empresas de servicios públicos, la privatización de la educación pública, la mala administración de los bienes incautados al narcotráfico, los dineros extraviados en cárceles de máxima seguridad, etc.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que la regresiva ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionalmente técnicas, objetivas y suficientes, para poder haber derogado los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; y que sus verdaderos motivos ocultos son; estigmatizar públicamente a todos los respetados Actores Populares, descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos; a fin de beneficiar directamente la corrupción administrativa de algunos de los anteriores y actuales funcionarios, empleados y contratistas del Estado Colombiano.

Por lo anteriormente ezcrito, respetuosamente consideramos que es competente la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, para declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los necesarios artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

 Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.,

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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