La siguiente, es la primera razón técnica y jurídica por la cual consideramos absolutamente falsa, temeraria y de mala fe, la exposición de motivos del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, para derogar los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban incentivos económicos en las acciones populares y eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Argumentó el entonces Ministro de Gobierno Nacional Dr., FABIO VALENCIA COSSIO, lo siguiente; “Actualmente en Colombia, la presentación de acciones populares, ha tenido un aumento considerable, que según nuestro análisis, está justificado en el interés de los accionantes para obtener el incentivo económico reconocido por la Ley 472 de 1998 para las personas que mueven el aparato jurisdiccional en procura de defender los intereses de la comunidad.”

En primer lugar, dichas aseveraciones son absolutamente subjetivas, pues no están debidamente soportadas en estudios sociales, técnicos y estadísticos, que demuestren que en realidad la presentación de acciones populares haya tenido un incremento considerable en el país y que dicho incremento obedeciera al injustificado interés de los accionantes de obtener el incentivo económico otrora reconocido en la ley 472 de 1998.

En segundo lugar, dichas aseveraciones son absolutamente falsas y erradas, pues, muy a pesar de que los incentivos económicos en las acciones populares fueron expedidos precisamente para estimular masivamente a los Actores Populares a defender los derechos e intereses colectivos; las estadísticas de la Defensoría Nacional del Pueblo, que es la entidad encargada de llevar el Registro Público de Acciones Populares en Colombia, demuestran que dichas acciones no han tenido un ejercicio o  aumento considerable y que en (13) trece años de vigencia de la ley 472 de 1998, tan solo se han presentado un total de (14.958), es decir, un promedio de (1.100) demandas anuales en todo el País. (Ver http://www.defensoría.gov.co).

En tercer lugar, fue temerario y de mala fe el haber argumentado, que; “la presentación de acciones populares obedecía exclusivamente al  interés de todos los accionantes por obtener el incentivo económico”:  En razón, a que las respetadas organizaciones sin ánimo de lucro creadas de conformidad con el artículo 81 de la ley 472 de 1998 y las Entidades que cumplen funciones Públicas como las Gobernaciones, Alcaldías, Procuradurías, Defensorías, Personerías y Consultorios Jurídicos de las Universidades, también habían presentado miles de acciones populares, lógicamente con el único y  exclusivo fin de cumplir con su deber de proteger solidariamente los sagrados derechos e intereses colectivos de la comunidad.

Significamos, que en estos casos de acciones populares presentadas por Entidades del Estado, el incentivo económico estaba expresamente destinado a la financiación del “Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos”, que actualmente está bajo la Dirección de la Defensoría Nacional del Pueblo y que se creó para cofinanciar las acciones constitucionales que necesitan tramitar las clases sociales más pobres, humildes y vulnerables del País., Fondo que quedó completamente desfinanciado por los efectos irresponsables de la ley 1425 del año 2010.

En cuarto lugar, dichas motivaciones son insuficientes, pues estas no son razones constitucionalmente técnicas, razonables y objetivas, para justificar haber derogado también; a)- El Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal: c)- El Derecho de los Ciudadanos a reclamar la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trataba de sobrecostos y otras irregularidades contractuales: y, d)- El Derecho de los Ciudadanos a la cofinanciación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Lo anterior, porque estos sagrados derechos ciudadanos y eficaces herramientas de lucha anticorrupción, nada tienen que ver con el tema de los incentivos económicos en las acciones populares y estaban especialmente consagrados en el artículo 40 de la ley 472 de 1998, precisamente para que los Actores Populares pudiesen garantizar la Defensa solidaria de los Derechos Colectivos de la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que la regresiva ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionalmente técnicas, objetivas y suficientes, para poder haber derogado los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; y que sus verdaderos motivos y fines ocultos son; estigmatizar públicamente a todos los respetados Actores Populares, descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos; a fin de beneficiar directamente la corrupción administrativa de algunos de los anteriores y actuales funcionarios, empleados y contratistas del Estado Colombiano, los cuales, actualmente están demandados por violar los sagrados derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente consideramos que es competente la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, para declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los necesarios artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.,

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.