En conclusión, en diferentes escritos hemos argumentado y demostrado suficientemente, que la ley 1425 del año 2010, adolece de una subjetiva, falsa, temeraria y hasta inexistente motivación del Gobierno Nacional, en razón;  1- A que no es cierto que el Estado Colombiano podía ser condenado a pagar los incentivos económicos a los actores populares, según lo ordenado expresamente por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional; 2- A que la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha ordenado que una Entidad Territorial del Estado no puede ser condenada a realizar cuantiosas obras de infraestructura, si las mismas no están contempladas en los Planes de Desarrollo y cuentan con las partidas presupuestales correspondientes; 3- A que según las cifras públicas de la Defensoría Nacional del Pueblo, que es la entidad competente para manejar el registro de acciones populares en Colombia, hasta la fecha tan solo se han presentado (14.958) Acciones Populares, en las cuales tan solo se ha reconocido incentivos económicos en (1464), es decir en solo un (%10) de los casos; y de este (%10), en el (%90) de los casos, solo se ha reconocido el incentivo popular mínimo de (10) salarios mínimos legales vigentes, para un razonable monto total de (5’535.000.000.); 4- A que en la exposición de motivos del Gobierno Nacional, nada se dijo o argumentó para justificar objetiva, racional y constitucionalmente, el derogar; el derecho de los ciudadanos a poder solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa en cualquier momento y sin reserva legal; el derecho de los ciudadanos a pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran en el hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; y el derecho de los ciudadanos a la cofinanciación del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos: y 5- A que nuestra Carta Política no acoge en su preámbulo y contenido, un modelo ético privilegiado en materia de “Solidaridad”; sino, que por el contrario, en razón a que se trata de un Estado democrático y fundado en los principios del pluralismo, la participación, la solidaridad y la prevalencia del interés general, las instituciones jurídicas colombianas están permanentemente abiertas a todas las posibilidades éticas que le sean compatibles, útiles y necesarias para poder compensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y estimular la masiva participación de los ciudadanos en el cumplimiento de los fines sociales del Estado y la protección judicial de los derechos e intereses colectivos.

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad del artículo 40 de la ley estatutaria 472 de 1998, en Sentencia C-088 del 2000, había considerado expresamente lo siguiente:

“Ha dado, pues, el Legislador, vigencia al principio de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  ha cumplido con el deber de velar por la intangibilidad de los recursos públicos; ha propendido por la estricta observancia de la moralidad administrativa y ha dado pleno cumplimiento al mandato contemplado en el artículo 133 de la Carta Política pues, ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. En la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública.”

Entonces, parafraseando y con fundamento en el anterior pronunciamiento jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, para este demandante es claro que con la aprobación de la ley 1425 del año 2010: Ha dado, pues, el actual Legislador Colombiano, un peligroso paso regresivo en materia de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  Además, ha incumplido intencionalmente con el deber constitucional de velar por la intangibilidad de los recursos públicos de los Colombianos; Agravando la situación, que ha generado un innecesario y peligroso vacío legal en el ordenamiento jurídico Colombiano, al omitir legalmente propender por la estricta observancia de la moralidad administrativa y el patrimonio público: Desconociendo el mandato contemplado por la Asamblea Nacional Constituyente, expresamente consagrado en el  contenido material del artículo 133 de la Carta Política.

Recordemos que de conformidad con el artículo 133 de la Carta Política. “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, representan al pueblo, y deben actuar consultándola justicia y el bien común. El elegido es responsable ante la sociedad y sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.”: Por lo tanto, cuando el Congreso de la República al expedir la ley 1425 del año 2010, desconoce e ignora los mandatos del pueblo de Colombia, procediendo a derogar el Derecho de los demandantes a pretender y recibir  los incentivos económicos en las acciones populares, y el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales: Indiscutiblemente no actuó consultando  la realidad social, la justicia y el bien común, por lo cual, resulta un Congreso históricamente irresponsable ante la sociedad y sus electores, porque lamentablemente ha incumplido las obligaciones propias de su investidura.

Ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas permanentes que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. Y, en la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción administrativa que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública del presente y el anterior Gobierno Nacional, durante los cuales han ocurrido los más graves casos de lesión al patrimonio público y la moralidad administrativa, como lo son; La inversión de dineros del narcotráfico y los paramilitares en elección de legisladores del “Uribismo”, la compra de legisladores con Notarias para aprobar su reelección, los “falsos positivos” por millonarias recompensas en Dólares a “Los Informantes”, las ilegales intersecciones de comunicaciones a los Magistrados de la Honorable Corte Constitucional, el repudiable caso de “Agro Ingreso Seguro” para financiar sus campañas políticas, los irregulares y perjudiciales contratos del “Grupo Nulle” en todo el país, las empresas de “Pirámides” con permisividad del Estado, la ilegal compra de las acciones de “Invercolsa”, los billones de pesos que se extraviaron del sector de la salud, la privatización de las empresas de servicios públicos, la privatización de la educación pública, la mala administración de los bienes incautados al narcotráfico, etc.

Los anteriores ejemplos de corrupción, demuestran que la regresiva ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionalmente técnicas, objetivas y suficientes, para poder haber derogado los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; y que sus verdaderos motivos ocultos son; estigmatizar públicamente a todos los respetados Actores Populares, descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos; a fin de beneficiar directamente la corrupción administrativa de algunos de los anteriores y actuales funcionarios, empleados y contratistas del Estado Colombiano.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente consideramos que es competente la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, para declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los necesarios artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.,

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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