La siguiente, es la cuarta razón técnica y jurídica por la cual consideramos absolutamente falsa, temeraria y de mala fe, la exposición de motivos del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, para derogar los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban incentivos económicos en las acciones populares y eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Argumentó el entonces Ministro de Gobierno Nacional Dr., FABIO VALENCIA COSSIO, lo siguiente; “En los últimos años hemos visto cómo los alcaldes municipales se han visto obligados a enfrentar un sinnúmero de acciones populares que en vez de coadyuvar al bienestar de la comunidad entorpecen las actividades propias de las administraciones locales.”

En primer lugar, dichas aseveraciones son subjetivas porque no están debidamente soportadas en estudios técnicos, financieros y sociales, que demuestren que todos los alcaldes municipales realmente se hayan visto obligados a enfrentar un sinnúmero de acciones populares que en vez de coadyuvar al bienestar de la comunidad entorpecen las actividades propias de las administraciones locales.

En segundo lugar, dicho argumento es absolutamente ilógico, pues las acciones populares están precisamente orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional y espacialmente a colaborarle al Estado en la protección preventiva, participativa y solidaria de los sagrados derechos e intereses colectivos. Por lo tanto, ninguna de ellas puede por su propia finalidad constitucional y legal, el entorpecer el trabajo de una administración Nacional, Departamental o Municipal.

Ahora bien, sobre esta dialéctica de la relación “Estado-Ciudadano”, en lo que concierne a la participación de la comunidad en coadyuvar al Estado a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha dicho:

“Las relaciones entre el Estado y los particulares  se desenvuelven en un marco jurídico democrático y participativo como claramente aparece en el preámbulo  de la Constitución y es reiterado en el título I de los principios fundamentales.  El artículo 1 de la Constitución define a Colombia como un estado social de derecho organizado en forma de república democrática participativa y pluralista, mientras que en el artículo 2° establece dentro de los fines esenciales  del Estado el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.  Los principios de la soberanía popular (CP.art.3°), de primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art.5°), de diversidad étnica y cultural (CP art. 7°) y de respeto a la autodeterminación de los pueblos (CP art.9°) constituyen junto con los anteriores el ideario axiológico que identifica el sistema jurídico colombiano y le otorga su indiscutible carácter democrático y participativo, presente en los distintos escenarios, materias y procesos de la vida institucional y social del país.”

“En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales.  El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas.  Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.

Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a  todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria”

En este punto es necesario tener en cuenta, que si una acción popular prospera ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es porque en realidad se están vulnerando por acción u omisión los derechos o intereses colectivos de los Colombianos, y que esa vulneración es imputable a la conducta irregular o inadecuada de un funcionario, empleado o contratista del Estado, como por ejemplo los Alcaldes municipales que no propenden por el bienestar de su comunidad; independientemente de quien sea la persona o entidad que demande la protección de los derechos colectivos o de los motivos personales, laborales o institucionales que tenga para hacerlo.

En tercer lugar, dichas motivaciones son insuficientes, pues estas no son razones constitucionalmente técnicas, razonables y objetivas, para poder justificar haber derogado; a)- El Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal: c)- El Derecho de los Ciudadanos a reclamar la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trataba de sobrecostos y otras irregularidades contractuales: d)- El Derecho de los Ciudadanos a la financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que la regresiva ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionalmente técnicas, objetivas y suficientes, para poder haber derogado los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; y que sus verdaderos motivos ocultos son; estigmatizar públicamente a todos los respetados Actores Populares, descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos; a fin de beneficiar directamente la indolencia, omisión y corrupción administrativa de los Alcaldes Municipales.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente consideramos que es competente la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, para declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los necesarios artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.,

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.