INTERVENCIONES A FAVOR DEL INCENTIVO ECONOMICO

Al respevto es necesario aclarar, que la única entidad que se ha opuesto a los incentivos económicos en las acciones populares, es el Honorable Consejo de Esatdo, pues, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Academia Nacional de Jurisprudencia, el Instituto Nacional de Derecho Procesal, las diferentes Universidades y cientos de Coadyuvantes, hemos intervenido ante la Honorable Corte Cosntitucional a favor de los incentivos económicos en las Acciones Populares y solicitando se declare la Inexequibilidad de la ley 472 de 1998.

Por otra parte, en nuestro concepto no interesa si algunos intervinientes solicitan o no a la Corte Constitucional el declararse inhibida, pues, esta corporación judicial de oficio se tiene que pronunciar al respecto de todos los requisitos de procedibilidad de cada uno de los cargos de las diferentes demandas de inconstitucionalidad; Ahora bien,, como actualmente existen /31) demandas por tramitar y cientos de cargos e intervenciones, estamos absolutamente seguros en que muy pronto va a existir un pronuncimiento de fonfo, extenso y oficioso por parte de la Honorable Corte Constitucional.

Por otra parte, no interesa cuáles de las demanadas acumuladas servirá para un pronuncimiento de fondo por parte de la Honorable Corte Constitucional, pues, todas las demanadas son igual de importantes para el debate de constitucionalidad, en la medida que todas sirven para ilustarar a los diferentes magistrados ponentes de las múltiples posiciones jurídicas al respecto de la constitucionalidad, necesidad y eficacia de los incentivos económicos en las acciones populares,

Ahora bien, es necesario significar que lo grave e inconstitucional de la ley 1425 del año 2010, no solomente es el desmonte del incentivo económico en las acciones populares, como erróneamente lo plantea el Honorable Consejo de Estado para argumentar que la ley no le resta eficacia al ejercicio de las acciones populares y sostener que el Congreso de la República no violó el límite de regulación que le impuso la Asamblea Nacional Constituyente; sino, la derogatoria, el desmonte y regresión de los eficaces mecanismos de lucha anticorrupción consagrados en el artículo 40 de la ley 472 de 1998, sobre los cuales nada se justificó en la exposición de motivos del Gobierno Nacional.

No se puede perder de vista, que además de los incentivos económicos en las acciones populares, con la ley 1425 del año 2010 se derogaron importantes herramientas jurídicas de lucha anticorrupción, como lo eran: El derecho de los ciudadanos a solicitar copia de la contratación administrativa sin reserva legal y en cualquier momento; el derecho de los ciudadanos a demandar la responsabilidad patrimonial y solidaria entre el contratante, contratista y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; y el derecho de los ciudadanos a la cofinanciación del Fondo para la Defensa de los Derecvhos e Intereses Colectivos.

Lo anterior, indefectiblemente constituye una manifiesta regresión del Estado Colombiano en materia de protección de la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público, violando el Congreso de la República todos los límites, fines, valores, principios, garantías y derechos, consagrados por la asamblea Nacional Constituyente sobre la solidaridad, la participación,  la transparencia y la primacía del interés general en la protección de los derechos e intereses colectivos.

Por lo anteriormente escrito, desde nuestra Fundación les decimos !Animo Actores Populares!, muy pronyo la Constitución de 1991 va a cumplir 20 años de existencia y consideramos que es una excelente oportunidad para que la Honorable Corte Constitucional ratifique su histórico compromiso con la democracia y la defensa preventiva, participativa y solidaria de los derechos humanos de tercera generación.

Cordial y Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.