"LAS RATAS DEL ESTADO"

El desarrollo de la democracia constitucional puso de presente que el órgano legislativo, depositario tradicional de legitimidad popular, debe estar acompañado del necesario control jurisdiccional, que ha demostrado, a través de la historia del derecho constitucional moderno, ser el órgano más eficaz en la defensa de los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos.

Las dificultades derivadas del crecimiento desbordante del poder ejecutivo en el estado Colombiano, la rampante corrupción administrativa y la pérdida de liderazgo político del órgano legislativo, deben ser compensadas, en la democracia constitucional, con el fortalecimiento del poder judicial, dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional.

Sólo de esta manera puede lograrse un verdadero equilibrio y colaboración entre los poderes públicos en Colombia; de lo contrario, continuará predominando el poder ejecutivo que siempre compra con prebendas y cargos al legislativo. Por ejemplo, tenemos el caso de la derogatoria de los incentivos económicos en las acciones populares, donde un autodenominado gobierno de unidad nacional, a llegado a peligrosos acuerdos con los diferentes partidos políticos y los poderosos gremios económicos del país, para autorizarlo a crear y repartir burocráticamente nuevos ministerios y entidades del orden nacional, a cambio de poder derogar los sagrados derechos de los ciudadanos y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción.

Estos acuerdos de reconocidos politiqueros corruptos para desmontar las normas que protegen la moralidad administrativa y el patrimonio público; sumado a la dispersión de intereses en la sociedad capitalista actual; indudablemente han diezmado la importancia del concepto de interés general en Colombia, repercutiendo así en la legitimidad y credibilidad del Congreso de la República. 

En estas condiciones, la idea de un exhaustivo control judicial por parte de la Honorable Corte Constitucional, aparece como la única clave funcional para evitar que triunfe la corrupción administrativa en Colombia y lograr una adaptación de los derechos e intereses colectivos a la verdadera realidad social.

La Honorable Corte Constitucional debe ser depositaria de las ventajas propias del sabio alejado de la sociedad, que piensa en la objetividad e importancia de los derechos, valores, principios y garantías constitucionales. En síntesis, el control ejercido por los jueces constitucionales resulta en este momento como la única fórmula de salvación que tenemos los Actores Populares para poder mejorar la relación con el Estado Colombiano, los Jueces Ordinarios y la comunidad en general, y así poder continuar con nuestra peligrosa y solidaria labor de derrotar la corrupción administrativa en Colombia.

De lo dicho se deriva la idea de que el juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. Los jueces deben dejar de atacar a los Actores Populares y dedicarse a administrar justicia, pues, es increible que el propio Consejo de Estado esté solicitando a la Honorable Corte Constitucional que derogue definitivamente los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción. Es decir “Los pájaros disparándole a las escopetas”. Todo, por el trabajo adicional que les signican las acciones populares, entonces, quieren darle más importancia a una simple demanda de nulidad, contractual o de restablecimiento del derecho, que a la protección preventiva, solidaria y participativa del medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio público y la moralidad administrativa.

Por eso, ahora que la Constitución Nacional del año 1991, está a punto de cumplir veinte años de haber sido promulgada, la honorable Corte Constitucional no puede permitir que un Gobierno y Congreso corruptos, legislen para proteger a sus hermanos y amigos los corruptos; pues, al derogarse los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, indiscutiblemente se le restó eficacia al ejercicio participativo de las acciones populares y se derogaron los siguientes derechos ciudadanos:

a)- El Derecho de los Demandantes a pretender y recibir los incentivos económicos consagrados para las acciones populares; b)- El Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal: c)- El Derecho de los Ciudadanos a reclamar la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, cuando se trate de sobrecostos y otras irregularidades contractuales: d)- El Derecho de los Ciudadanos a la financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Lo anterior, es indiscutible que genera unos graves vacíos legales en el ordenamiento jurídico colombiano, que le restan eficacia al ejercicio de las acciones populares, en razón a que; descompensan económicamente su ejercicio, desestimulan la participación ciudadana en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, obstaculizan el aporte de pruebas en materia de contratación administrativa, impiden la recuperación del patrimonio público extraviado en manos de particulares corruptos y desfinancian el Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos

Recordemos que el proyecto que devino en la 1425 del año 2010, cuyos artículos 1ro y 2do aquí denunciamos por inconstitucionales, fue presentado ante el Congreso de la República por el Gobierno Nacional a través del entonces Ministro de Gobierno. En la exposición de motivos se hizo referencia en términos generales a  que se desmontaban los incentivos económicos en las acciones populares, porque: “El loable interés del legislador de premiar a los ciudadanos responsables que defiendan los intereses colectivos, ha perdido en la actualidad su razón de ser, toda vez que se ha convertido en un negocio de unos cuántos, que se han dedicado a viajar a lo largo y ancho del territorio nacional presentando acciones populares, buscando unos reconocimientos desmedidos en detrimento del erario público y especialmente de los entes territoriales.”

En este orden de ideas, respetuosamente considero que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, se fundamentaron en motivos subjetivos manifiestamente falsos, errados y hasta inexistentes, en razón de lo siguiente;

1- Porque no es cierto que el Estado Colombiano pueda ser condenado al pago de los incentivos económicos en las acciones populares, según lo ordenado expresamente por  la Honorable Corte Constitucional  en la Sentencia C-459/04;

 ACCION POPULAR-Persona que debe pagar monto del incentivo decretado por el juez:

“La Corte se pregunta ahora: ¿quién debe pagar el monto del incentivo decretado por el juez de la acción popular, tanto el del artículo 39, como del 40 de la ley 472 de 1998. Sin lugar a dudas este monto debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo, pues, no sería lógico ni jurídico que en la perspectiva de proteger derechos e intereses vinculados al cumplimiento de las tareas estatales, sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso en el que se demostró la responsabilidad de un tercero.  Es apenas obvio que cada cual debe responder por los efectos nocivos de su propia conducta, lo cual, a más de ser justo y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.  Por consiguiente, el monto total del incentivo determinado por el juez debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo. En el evento del artículo 40, siendo el estado el afectado o “victima” del acto que afecta la moral administrativa, no puede además ser afectado con una disminución de lo que recupere, siendo lo razonable que el incentivo lo pague  el autor o cómplice del detrimento patrimonial. Esta es la misma posición que en la interpretación y aplicación de esta norma ha hecho el Honorable Consejo de Estado y que la Corte Constitucional ahora avala, como manifestación del denominado derecho viviente.” 

2- Porque según las estadísticas públicas de la Defensoría Nacional del Pueblo, desde el año 1998 y hasta la fecha, es decir en 13 años, solamente se han presentado (14.958) Acciones Populares en Colombia; en las cuales, tan solo se han reconocido incentivos económicos en (1464), es decir en solo un (%10) de los casos; y de este (%10) de procesos, en el (%90) de los casos solo se ha reconocido el incentivo popular mínimo de (10) salarios mínimos legales vigentes.

Es decir, no existe un ejercicio abusivo de las mismas, no existe congestión de los despachos judiciales por su ejercicio masivo y por condenas de incentivos económicos en Colombia, desde la vigencia de los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, tan solo se han pagado a los respetados actores populares, entidades públicas y organizaciones comunitarias, la razonable, justificada e insignificante suma de (5’535.000.000.).

3- Porque en la exposición de motivos de la ley 1425 del año 2010, nada se dijo, argumentó o se motivó,  para justificar constitucional, técnica y objetivamente, el haber derogado el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expidiera copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal; O para Derogar el Derecho de los ciudadanos a pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado, cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; O para derogar el Derecho de los ciudadanos a obtener el financiamiento del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Lo anteriormente expuesto, demuestra que la ley 1425 del año 2010, no obedeció a verdaderas razones y explicaciones constitucionales técnicas, objetivas y suficientes, y que Gobierno Nacional incurrió en una “falsa motivación” del proyecto de ley para beneficiar a sus amigos y hermanos los ratones corruptos,  que se roban más de (5) Cinco billones de pesos mensuales del sagrado tesoro público: Por ejemplo, en falsos positivos, en el sistema de salud, en agro ingreso seguro, en invercolsa, en cárceles de máxima seguridad, en pensiones, etc.

Por lo anteriormente escrito, es necesario hacerle un cordial y respetuoso llamado de urgencia  a la honorable Corte Constitucional, para que por ningún motivo permita que un Gobierno Nacional y  un Congreso de la República manifiestamente Corruptos, se salgan con la suya y acaben con las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción, pues, los únicos beneficiados con la ley 1425 del año 2010, indefectiblemente son las peligrosas Ratas y Ratones del Estado Colombiano.

Preventivamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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