Fundacolectivos concluye, que las normas derogadas por la ley 1425 del año 2010, artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que preveían un generoso estímulo económico a los “Actores Populares” y eficaces mecanismos jurídicos de “Lucha Anti Corrupción”;  consagraban unos vitales derechos ciudadanos y necesarios mecanismos jurídicos, derivados precisamente de la responsabilidad del Congreso de la República en materia de proteger los sagrados derechos e intereses colectivos de los Colombianos, sin que el Estado en ningún momento pudiera ser condenado al pago de dichos incentivos y siempre se viera beneficiado por la protección solidaria del patrimonio público y la moralidad administrativa.

Entonces, con la derogatoria de los incentivos económicos en las acciones populares y la eliminación de las eficaces herramientas de lucha anti corrupción, respetuosamente consideramos que se viola el límite de reglamentación del Congreso, el principio de la participación ciudadana en los problemas que la afectan y el mandato constitucional de protección progresiva de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Se trata pues, de una medida manifiestamente regresiva en materia de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia, que no cumple con una finalidad constitucionalmente legítima, como es la restar eficacia y desestimular el ejercicio participativo de las acciones populares, violando de esta manera los límites de reglamentación del Congreso en materia de mecanismos de protección de los sagrados derechos e intereses colectivos.

Además, es una medida que se muestra manifiestamente irracional y desproporcionada, en la medida que; le impone a los actores populares una inmensa carga económica imposible de cumplir; desestimula la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas que los afectan; deroga sin justificación algunas eficaces herramientas jurídicas necesarias para poder proteger la moralidad administrativa y el patrimonio público; y le quita la más importante fuente de financiación al Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, afectando el acceso a la administración de justicia a las clases más pobres, marginadas y vulnerables del país. 

Por lo tanto, ante los públicos acuerdos políticos que acaban con la oposición reflexiva en Colombia y ante esta grave violación de los límites reguladores del Congreso de la República, que desconoce de manera manifiesta lo expresamente ordenado por el pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, que viola lo consagrado en los artículos 88 y 89 de la Constitución Nacional,  y  que trasgrede los principios constitucionales de progresividad, compensación de las cargas, trabajo, solidaridad, moralidad administrativa, transparencia y participación democrática en el control de la función pública; indiscutiblemente es competente la Honorable Corte Constitucional para poder declarar la inexequibilidad total de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los  necesarios y derogados artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de Fundacolectivos.