La jurisprudencia constitucional ha referido que el margen de acción o regulación del Congreso Nacional, admite una graduación que depende de la intensidad o graduación con que el Constituyente primario haya regulado o desarrollado una determinada institución jurídica; Por ello, en el presente escrito procedo a verificar que si se desconocieron dichos límites, pues, de conformidad con el artículo 4to de la Constitución Nacional, en Colombia no pueden existir normas que contraríen el Preámbulo y el contenido material de la constitución, o que vulneren los derechos, principios, valores y garantías reconocidas en la Carta, o que restrinjan el ámbito de protección y desarrollo de los derechos económicos, culturales y sociales.

Al respecto, recordemos que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-527 del año 1994, consagró que el Legislador tiene limitada su libertad de configuración, cuando ha sido directamente el Constituyente primario el que ha deferido o delimitado claramente una institución jurídica.

En este orden de ideas, como de las exposiciones de motivos de la Asamblea Nacional Constituyente y del contenido material de la propia Constitución Nacional en sus artículos 88 y 89, pueden deducirse o inferirse lógicamente unas reglas claras para que el legislador garantizara la protección participativa y solidaria de los Derechos e Intereses Colectivos en Colombia, debe de inmediato considerarse inconstitucional la ley 1425 del año 2010, porque desconoce esas claras reglas establecidas por el Constituyente Primario.

Es decir, porque el legislador Colombiano, por vía de la derogatoria de los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, desconoció el límite de regulación establecido por el constituyente primario para las acciones populares, debe de inmediato presumirse inconstitucional la ley 1425 del año 2010.  

Así pues, recordemos que en el propio seno de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, se estableció con plena claridad lo que tiene que ver con el carácter constitucional de las acciones populares y sobre la necesidad de establecer en la ley los incentivos económicos para poder estimular su ejercicio y garantizar la participación masiva de la sociedad civil en la defensa preventiva y solidaria de los derechos e intereses colectivos; en cuanto a que en ella se dijo por ejemplo:

“…No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia  consagran el Código Civil y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974), aparece lejana del  conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Álvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991).

Igualmente, en el proyecto de reforma Constitucional del movimiento político M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares y los incentivos económicos en los siguientes términos:

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamente dicha acción deberá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”. (Gaceta Constitucional del  día 22 de marzo del año 1991).

Igualmente, en el Archivo General de la Nación, se encuentra el discurso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, al clausurar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se destaca lo siguiente;

“La recuperación de la moral ha sido siempre la razón última de nuestros más grandes esfuerzos. La hemos convertido quizá en la más elemental de nuestras propuestas a la opinión nacional, y justamente por ello es, entre todas, la más importante. Es este un propósito llamado a tener perdurabilidad; está demostrado que no hay nada más vulnerable a los embates que resquebrajan el sentido y los principios de la moral, que el ejercicio continuado de funciones públicas. La moral en la actividad administrativa es hoy una exigencia de la democracia. 

Un número significativo de las disposiciones aprobadas por la Asamblea Constituyente fueron concebidas para anticiparse a los desmanes que violentan las reglas elementales de la ética. En casi todas las nuevas instituciones puede apreciarse, claramente, esa intención. La moral administrativa es una sola, pero tiene diversas manifestaciones específicas. La más importante de estas se refiere a la pulcritud con que deben manejarse los dineros públicos, el patrimonio económico de la Nación.” 

En razón de lo anterior,  la Asamblea Nacional Constituyente  del año 1991, aprobó y consagró en la Constitución Nacional los artículos 88 y 89, destinado el primero  a elevar a rango constitucional las acciones populares y el segundo a acompañarlas de instrumentos jurídicos efectivos que hicieran posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido. 

ARTICULO 88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, a libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos,” 

ARTICULO 89: “Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones y procedimientos necesarios para que los Ciudadanos puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.”. 

Entonces, en acatamiento de lo expresamente recomendado por la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991 y en desarrollo específico de los artículos 88 y 89 de la Constitución Nacional, el Congreso de la República de Colombia expidió los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban los siguientes derechos, mecanismos y procedimientos judiciales para propugnar por la defensa preventiva, participativa y solidaria de los sagrados derechos e intereses colectivos;

Artículo 39. Incentivos. “El demandante de una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales. Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.” (Subrayas fuera de texto).

Artículo 40. Incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. “En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%)  del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.

Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.

Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos.” (Subrayas fuera de texto).

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el Legislador tenía limitada su libertad de configuración en materia de Incentivos económicos en las acciones populares y sobre los eficaces instrumentos jurídicos de lucha anticorrupción; Porque había sido directamente el Constituyente primario el que ya había delimitado claramente estas necesarias instituciones jurídicas y mecanismos de participación ciudadana. Así,  el Congreso de la República no podía vulnerar los derechos de las personas, ni los principios y valores de lucha anticorrupción establecidos por el Constituyente primario en la Carta. 

Recordemos, que el deber constitucional del legislador, consistente en consagrar el Derecho de los Actores Populares a recibir los incentivos económicos en las acciones populares y el Derecho a tener a su mano eficaces instrumentos jurídicos de lucha anticorrupción; no solamente brotan de lo expresamente debatido, ordenado y establecido por el pueblo de Colombia en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991; sino, que son unas obligaciones de contenido específico y permanente  para el Estado Colombiano, que brotan de los principios constitucionales de progresividad, compensación de las cargas, solidaridad, moralidad administrativa, transparencia y participación democrática en el control de la función pública. 

Es decir, además de desarrollar progresivamente las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la Constitución Nacional, es una obligación constitucional del legislador colombiano, que brota de lo expresamente consagrado en el artículo 89 de la Constitución Nacional, establecer en la ley otros mecanismos, recursos, procedimientos y acciones judiciales, para que los ciudadanos colombianos puedan realmente propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos colectivos; Como lo eran los incentivos económicos en las acciones populares y las eficaces herramientas de lucha anticorrupción consagradas en el artículo 40 de la ley 472/98.

Es absolutamente claro, que la eficacia de las acciones populares se ve gravemente restringida con la derogatoria de los derechos de los ciudadanos consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, pues, indiscutiblemente se descompensa económicamente el ejercicio de las acciones populares, se desestimula la participación de la comunidad en la defensa solidaria de los Derechos e Intereses Colectivos y se derogan eficaces mecanismos jurídicos de lucha anti corrupción.

Por ejemplo, los Ciudadanos ya no tienen derecho a solicitar y obtener que se les expida copia de la contratación administrativa en cualquier momento y sin reserva legal: Igualmente, los ciudadanos ya no pueden demandar la responsabilidad solidaria del contratante, contratista y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales.

Y en materia probatoria, si bien los Jueces tiene  amplios poderes oficiosos, no es menos cierto que la Carga de la prueba la siguen teniendo los accionantes y que en materia de costosas pruebas técnicas, periciales o documentales, los jueces no pueden pagar esos elevados costos ni ordenar que se practiquen gratuitamente, sino, que es necesario que los actores populares los asuman personalmente, como por ejemplo; el pago de peritos, curadores ad litem, escrituras públicas, fotografías, filmaciones, copias, inspecciones judiciales, avisos a la comunidad, publicación de los fallos, seguimiento del proceso, etc: Y precisamente por esta razón del elevado costo probatorio y procesal de las acciones populares, el legislador colombiano creó el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, que financia probatoriamente el ejercicio de las acciones populares por parte de las comunidades más desfavorecidas y que actualmente se nutre única y exclusivamente con los incentivos económicos en las acciones populares, como lo puede certificar la propia Defensoría Nacional del Pueblo.

Ahora bien, si bien es cierto que las distintas corrientes del pensamiento y de la opinión representadas en el Congreso de la República, deben participar activamente en el desarrollo e implementación de la Constitución Nacional, optando entre las diferentes posibilidades de regulación mediante los consensos, los acuerdos o las mayorías; No es menos cierto que el Congreso de la República debe respetar los límites impuestos por el Constituyente primario y no desconocer los derechos, valores, principios y garantías constitucionales, pues, los Gobiernos de unidad nacional o el ofrecimiento de prebendas, contratos y cargos en el Gobierno Nacional, suelen ser utilizados en Colombia para desconocer los derechos de los ciudadanos, beneficiar la corrupción administrativa, favorecer los intereses de poderosos grupos  económicos e imponer graves modificaciones a la constitución nacional y el ordenamiento jurídico: Por ejemplo está el caso de la reelección presidencial del Presidente ALVARO URIBE VELEZ, que prosperó en el Congreso nacional por el ofrecimiento de cargos, notarias, embajadas, consulados, contratos y obras públicas, sin importar la moralidad administrativa, el patrimonio público y los límites impuestos por el constituyente primario en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991. O el de la Extradición de Nacionales que en su oportunidad fue derogada de la Constitución Nacional por los dineros y las influencias del narcotráfico en el Congreso de la República. 

Por lo anteriormente escrito, concluye este accionante, que el control de inconstitucionalidad de la ley 1425 del año 2010, debe ser supremamente exhaustivo por parte de la Honorable Corte Constitucional, pues, en el presente caso nos encontramos frente a un autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional, que ha logrado públicos acuerdos con los grupos políticos y los poderosos gremios económicos, para derogar de plano sagrados derechos ciudadanos y eficaces herramientas de lucha anticorrupción, sin necesidad de mayores debates, sin estudios técnicos y sin importar los expresos  límites impuestos por la Asamblea Nacional Constituyente al tema de las Acciones Populares, los Incentivos Económicos y la Moralidad Administrativa.

 Por lo tanto, ante esta grave violación de los límites reguladores del Congreso de la República, que desconoce de manera manifiesta lo expresamente ordenado por el pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, que viola lo consagrado en los artículos 88 y 89 de la Constitución Nacional,  y  que trasgrede los principios constitucionales de progresividad, compensación de las cargas, trabajo, solidaridad, moralidad administrativa, transparencia y participación democrática en el control de la función pública; indiscutiblemente es competente la Honorable Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad total de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia inmediata de los  necesarios y derogados artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de Fundacolectivos.

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