Si bien es cierto que las acciones populares, como muchas instituciones jurídicas, pueden ser ejercidas de manera masiva, hasta el punto de convertirse en el único medio de subsistencia de algunos Abogados y Organizaciones Particulares. Como por ejemplo, igualmente sucede con  las acciones constitucionales de tutela, de grupo, de cumplimiento o de simple nulidad: Ello no es óbice para proceder a eliminarlas del ordenamiento jurídico, hacerlas impracticables o restringir sus mecanismos de protección, ejercicio y participación ciudadana. Pues, para demandar eficazmente acciones populares, o cualquier otra acción constitucional, lógicamente hay que ser profesional en el tema, trabajar arduamente y ejercer permanentemente el oficio de litigante, las cuales, son costosas actividades laborales en Colombia, que estaban expresamente promocionadas en los artículos 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998 y los artículos 25, 53, 88 y 95 de la Constitución Nacional.

Obsérvese cómo en sentencia C-107 de 2002, la Corte Constitucional fue categórica en establecer que:

 “El legislador no está habilitado para  imponer límites al trabajo, entendido éste como la facultad de todas las personas de ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero sí puede regular el derecho al trabajo para determinar su contenido y delimitar sus alcances, siempre bajo condiciones dignas y justas y teniendo en cuenta los principios mínimos fundamentales consagrados el artículo 53 de la Constitución”.

 Además, recordemos que el artículo 25 de la Constitución Nacional ordena; “El trabajo es un derecho y una obligación social, y goza en todas sus modalidades, de la especial proyección del Estado. Toda persona tiene Derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Entonces, hay que tener en cuenta que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Nacional, todas las personas en Colombia son libres de escoger profesión, trabajo u oficio, y que el propio Estado Colombiano estimuló a los Abogados, Actores Populares y Organizaciones Cívicas, a escoger el trabajo u oficio de litigar permanentemente para salir en la defensa preventiva, participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos, con el correspondiente derecho a reclamar una justa compensación  por su trabajo o esfuerzo personal en favor de la comunidad. Por lo tanto, ahora que los actores populares están trabajando participativamente en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos;  porque tienen la facultad y el derecho de ejercer libremente la actividad de Actores Populares,  a la cual han decidido y deseado dedicarse, por estimulación del propio Estado Colombiano; no se puede violar el artículo 25 de la Constitución Nacional y decir que estas respetadas personas montaron un negocio o que ellos y los Abogados de la República son unos corruptos, avivatos y caza recompensas, simplemente porque cumplen la ley, trabajan como honrados defensores de lo público, demandan la violación de los derechos colectivos, se especializan técnicamente en el tema de las acciones populares, solicitan y obtienen que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa y reclaman eficazmente la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trata de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales.

Es necesario tener en cuenta, que si una acción popular prospera ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es porque en realidad se están vulnerando por acción u omisión los derechos o intereses colectivos de los Colombianos, y que esa vulneración es imputable a la conducta irregular o inadecuada de un funcionario público, un contratista del Estado o una entidad pública, independientemente de quien sea la persona o entidad que demande la protección de los derechos colectivos o de los motivos personales, laborales o institucionales que tenga para hacerlo.  Entonces, a esta persona natural o jurídica que trabaja legal, honrada y eficazmente al servicio de la comunidad, antes que desestimularla y atentar injustamente contra su dignidad y su Derecho al trabajo, hay que felicitarla, estimularla e incentivarla, para que en el futuro continúe eficazmente participando, trabajando y colaborándole al Estado en derrotar la corrupción administrativa y proteger los demás sagrados derechos e intereses colectivos de todos los colombianos.

En este orden de ideas, es claro que dentro del marco del Estado social de Derecho y de la democracia participativa, consagrado por el constituyente de 1991 en el Preámbulo y contenido de la Constitución Nacional,  el trabajo social y la intervención activa, masiva, solidaria y participativa de los miembros de la comunidad en la función pública y la contratación administrativa, resulta esencial para la defensa de los intereses colectivos que se puedan ver afectados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas o de un particular.

El hecho de que puedan existir actores populares que viajen por todo el país reclamando la protección de derechos colectivos como el medio ambiente, el espacio público, las Estaciones de Bomberos o las Plazas de Mercado, no es una razón constitucional suficiente para derogar los derechos de todos los ciudadanos y proceder a obstaculizar, limitar y restringir el ejercicio de las acciones populares; Pues, estas personas están trabajando honradamente al servicio de los derechos e intereses colectivos de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Nacional; además, la ley 472 de 1998 y la jurisprudencia nacional, ordenan que están legitimados los actores populares para demandar la violación de los Derechos Colectivos, en cualquier parte y desde cualquier parte del territorio nacional, sin importar que sean naturales, vecinos o domiciliados en el respectivo territorio donde ocurre la violación o puesta en peligro del respectivo derecho o interés colectivo.

Por lo tanto, es lógico que no se puede constitucionalmente derogar el Derecho de los demandantes a pretender y recibir  los incentivos económicos en las acciones populares, pues, la dimensión social del Estado de derecho, implica de suyo un papel activo de los ciudadanos que colaboren y trabajen socialmente en la defensa de los derechos e intereses colectivos, para lo cual, es necesario consagrar permanentemente en la ley, el derecho de los demandantes a compensar  económicamente la inmensa carga laboral y económica que asumen al incoar una solidaria acción popular.

Recordemos, que conforme al nuevo modelo de “Democracia Participativa”, los ciudadanos Colombianos no sólo participamos en el gobierno de nuestro país mediante la elección libre de nuestros representantes políticos, sino que trabajando a través de diversos mecanismos de deliberación, colaboración, consulta y control, expresamente diseñados por el constituyente del año 1991, se nos permite intervenir de manera activa en las decisiones que nos afectan e impulsar la acción de las autoridades en el propósito común de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. 

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS!.