Recordemos, que  de conformidad con el artículo 6to del Código Civil Colombiano; “La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En materia civil, son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los actos que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos.”

Por lo anteriormente escrito, es absolutamente claro en el ordenamiento jurídico Colombiano, que las “Recompensas” y las “Penas”,  siempre han sido necesarias dentro de la teoría del conocimiento de los Seres humanos, para poder motivar a los individuos a hacer o querer algo; pues, solo mediante verdaderos estímulos de premio o castigo, los seres humanos aprendemos a comportarnos adecuadamente en nuestra moderna sociedad.

El Palo y la Zanahoria, el Cielo o el Infierno, Ganar o Perder, la Buena o la Mala calificación, la Carita Feliz o la Triste, la Cárcel o la libertad, la Absolución o la Condena, el Pecado o la Salvación, la recompensa o el Castigo; Siempre han sido utilizados por todas las civilizaciones de la humanidad, como la única forma de guiar el comportamiento de los seres humanos en una sociedad: Inclusive, los animales salvajes o domésticos, solo pueden ser domados, entrenados y educados por el hombre, para hacer o no hacer determinada cosa, mediante la teoría del aprendizaje a base de los premios y castigos.

Por ejemplo, en el tema de los castigos: No basta sino con observar, como el sistema penal internacional comparado, utiliza diariamente en todo el planeta, la sanción de pena privativa de la libertad, como única alternativa de los Estados para poder estimular que los ciudadanos no incurran en graves delitos; Y, esto precisamente sucede en el mundo entero, porque el respeto por los Derechos ajenos subjetivos, fundamentales o colectivos, tampoco surge en los seres humanos por simple generación espontánea, sino, que siempre hay que estimularlo con preventivas sanciones. 

Por lo anteriormente expuesto, es absolutamente clara la obligatoria necesidad mundial de todos los Estados del Planeta, de sancionar ejemplarmente a los responsables de violar los Derechos e intereses Colectivos, y al mismo tiempo,  estimular con generosos estímulos económicos a los actores populares que los protegen. Pues solo así, se puede compensar justamente el ejercicio de las acciones populares, sancionar a los verdaderos responsables y garantizar la protección preventiva, democrática, participativa y soldaría de los Derechos e intereses colectivos. 

Además, como lo ha manifestado la Honorable Corte Constitucional, es apenas lógico que cada persona debe responder por los efectos nocivos de su propia conducta o ser recompensada por los efectos beneficiosos de sus acciones, lo cual, a más de ser justo, razonable y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.

Al respecto y sobre el mismo tema de los incentivos económicos en las acciones  populares, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-459/04, ya había ordenado lo siguiente:

SOLIDARIDAD- Puede ser inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado

“Teniendo la solidaridad tanto móviles para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social.  Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas.”

En éste orden de ideas, los incentivos económicos en las acciones populares son parte estructural del ordenamiento jurídico Colombiano y de todo el moderno derecho comparado sobre la materia, en razón, a su comprobada efectividad, utilidad y necesidad, para poder compensar el ejercicio de las acciones populares,  estimular la participación solidaria de la sociedad civil en la costosa defensa judicial de los derechos e intereses colectivos y garantizar la protección solidaria del patrimonio público y la moralidad administrativa.

Por lo tanto, estos sagrados derechos ciudadanos y eficaces mecanismos de participación ciudadana: No pueden ser derogados definitivamente en un Estado Social de Derecho, que por definición, fines  y  esencia, tiene que ser transparente, democrático, participativo, solidario y pluralista. Pues, se desconocería el principio general de derecho que ordena que la sanción legal no sea sólo la pena sino también la recompensa; que sea el bien o el mal que se deriva como consecuencia lógica del cumplimiento de los mandatos construccionales o de la transgresión de sus prohibiciones, especialmente, cuando se trate  de la violación o protección de los sagrados derechos e intereses colectivos.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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