"PARTICIPACION"

Desde el punto de vista de la dogmática constitucional, recordemos que la “Participación Ciudadana” es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo  en el Estado social de derecho, y que en relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales.

Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación  democrática  es un “derecho-deber”, toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad,  de hacerse presente en la dinámica social que involucra los derechos e intereses colectivos. Entonces, es claro que su ejercicio debe estar adecuada y permanentemente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores.

Como lo ha manifestado la Honorable Corte Constitucional,  el derecho de participación ciudadana emana del mandato democrático y participativo que, como principio fundamental del Estado, consagra la Constitución Nacional.

Ahora bien, sobre esta dialéctica de la relación “Estado-Ciudadano” en lo que concierne a la participación de la comunidad en tales procesos, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha dicho:

“Las relaciones entre el Estado y los particulares  se desenvuelven en un marco jurídico democrático y participativo como claramente aparece en el preámbulo  de la Constitución y es reiterado en el título I de los principios fundamentales.  El artículo 1 de la Constitución define a Colombia como un estado social de derecho organizado en forma de república democrática participativa y pluralista, mientras que en el artículo 2° establece dentro de los fines esenciales  del Estado el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.  Los principios de la soberanía popular (CP.art.3°), de primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art.5°), de diversidad étnica y cultural (CP art. 7°) y de respeto a la autodeterminación de los pueblos (CP art.9°) constituyen junto con los anteriores el ideario axiológico que identifica el sistema jurídico colombiano y le otorga su indiscutible carácter democrático y participativo, presente en los distintos escenarios, materias y procesos de la vida institucional y social del país.” 

“En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales.  El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas.  Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.” 

“Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a  todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria” 

En este orden de ideas, nuestra fundación considera, que dentro de los derechos que emanan del principio de participación democrática , están; a)- El que consiste en garantizar que se otorguen generosos incentivos económicos a los actores populares, para poder compensar el ejercicio de las acciones populares y estimular la participación masiva de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos; b)- El que consiste en que se garantice la colaboración del Estado con la conformación, funcionamiento y financiación de las organizaciones cívicas, comunitarias, populares o similares, que se establezcan por iniciativa de la comunidad para garantizar la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos; c)- El que consiste en el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; d)-El que consiste en que se garantice por parte del Estado el funcionamiento, fortalecimiento y financiación del “Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos”.   

Por ello, dentro de los mecanismos de participación ciudadana y en desarrollo de tales normas constitucionales, los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, crearon la figura del Derecho de los demandantes a pretender y recibir los incentivos económicos en las acciones populares, y el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; que no son otra cosa, que formas democráticas de representación popular, que permitían a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones cívicas y comunitarias,  participar masiva y  solidariamente en la defensa preventiva de sus derechos e intereses colectivos.

Por lo tanto, la ley 1425 del año 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, debe ser declarada inexequible, por vulnerar el principio constitucional de la participación ciudadana en el Estado social de Derecho, pues indiscutiblemente se descompensó económicamente el ejercicio de las acciones populares  y se desestimuló la participación masiva de la comunidad en la defensa solidaria de sus derechos e intereses colectivos. Desconociendo, que la participación democrática en la función pública,  es un principio fundamental que debe iluminar todo el actuar social y colectivo del Estado social de derecho, porque  ese mecanismo democrático persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de todas las oportunidades de los ciudadanos para tomar parte en las decisiones, acciones u omisiones administrativas y contractuales que los afecten.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.