"VERDAD Y JUSTICIA"

Recordemos que bajo los presupuestos normativos de los derogados artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, el demandante de una acción popular podía ser una entidad pública, caso en el cual, el incentivo reconocido judicialmente quedaba bajo la titularidad del propio Estado.  Es decir, nunca se causaba erogación alguna a favor de particulares, al propio tiempo que el Tesoro Público siempre se fortalecía.

Y, cuando se trataba de acciones populares por moralidad administrativa y patrimonio público, presentadas por Entidades del Estado o Particulares, el Estado Colombiano siempre se beneficiaba, pues, estas demandas buscaban la recuperación para el patrimonio público de bienes extraídos irregularmente hacia el patrimonio de particulares.

Además, no se puede perder de vista que miles de acciones populares habían sido presentadas precisamente por las propias Personerías, Defensorías, Procuradurías, Contralorías y Entidades Territoriales; por lo cual, es absolutamente falso argumentar que el Estado Colombiano estuviera siempre sufriendo detrimento patrimonial por todas las condenas de incentivos en acciones populares, porque estas condenas de incentivos en acciones populares presentadas por entidades del Estado Colombiano, estaban expresamente dirigidas a garantizar la financiación del “Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”, el cual quedó completamente ilíquido por los efectos irresponsables de la ley 1425 del año 2010.

Agregando, que el monto de los incentivos económicos en las acciones populares diferentes a las de moralidad administrativa, lo fijaba y la graduaba era un imparcial y Honorable Juez de la República, precisamente, para evitar que se produjeran condenas exorbitantes e injustas en contra de funcionarios o particulares responsables,  que no se compadecieran, fueran proporcionales y  se justificaran, frente a la gravedad de la falta cometida, la verdadera labor desarrollada por el actor popular y el beneficio directo que recibía la sociedad.

Igualmente, se debe tener en cuenta que el número de acciones populares presentadas en Colombia desde el año de 1998, hasta la presente, no supera las (15.000), las cuales, en su gran mayoría, han sido denegadas por los jueces de la República. Por lo tanto, es absolutamente falso que exista un abusivo ejercicio de las mismas en Colombia, que esté congestionada la administración de justicia  y que sean los incentivos económicos los causantes de un  grave déficit fiscal para el Estado Colombiano: Pues, estas acciones constitucionales solo representan un (%3) Tres por ciento del total de las demandas que se radican en los estrados judiciales contra el Estado Colombiano y está supremamente claro en la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado, que el propio Estado no puede ser condenado jurisprudencialmente al pago de los incentivos económicos en las acciones populares.

Además, estas acciones populares fueron diseñadas con procedimientos supremamente expeditos, céleres y eficaces, precisamente para evitar la congestión judicial, otra cosa, es que hoy en día no se estén cumpliendo los términos judiciales y sea normal que un proceso de acción popular dure hasta (3) Tres años o más en una instancia, lo cual, indiscutiblemente congestiona los despachos judiciales con acumuladas acciones populares. Es decir, en Colombia los términos de las acciones de tutela se respetan, pero, los de las acciones populares no, generando una innecesaria congestión de los despachos judiciales.

Por otra parte, respetuosamente considero que no son los incentivos económicos en las acciones populares los que causan graves  problemas financieros a los municipios, sino, las constantes condenas donde se ordena la ejecución de costosas obras de descontaminación ambiental, saneamiento básico, infraestructura física, espacio público y servicios públicos. Y, desde éste punto de vista, el Estado tiene que comprender que esta es una necesaria consecuencia de su constante omisión en el cumplimiento de sus deberes sociales y de la eficaz labor de los actores populares para tratar de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Territorio Nacional.

En este sentido, el Honorable Consejo de Estado ya había ordenado jurisprudencialmente a todos los Jueces de la República, que solo se puede condenar a una Entidad Pública a realizar una obra que demande cuantiosas inversiones del Estado, cuando la misma se haya contemplado en los respectivos Planes de Desarrollo y se encuentre debidamente presupuestada, precisamente, para evitar un desbordamiento de las finanzas municipales, departamentales o nacionales.

Sin contar, que en múltiples oportunidades, el Honorable Consejo de Estado ha recordado, que es una obligación perentoria e inaplazable del Estado Colombiano, el repetir patrimonial y judicialmente en contra de los funcionarios y contratistas verdaderamente responsables de las condenas en acciones populares, precisamente, para evitar un resquebrajamiento de las finanzas públicas de las Entidades del Estado. Pues, es apenas lógico y razonable, que cada cual debe responder por los efectos nocivos de sus propios actos, hechos y omisiones, lo cual, a más de ser legal, justo y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.

En este orden de ideas, está demostrado que para expedir la ley 1425 del año 2010, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, no analizaron en su integridad el tema técnico, social, jurídico, jurisprudencial y doctrinal de los incentivos económicos en las acciones populares, y en consecuencia, dicha ley está fundamentada en motivaciones absolutamente falsas, temerarias y de mala fe, que no justificaban de ninguna manera, el desmonte regresivo de un eficaz mecanismo de partición ciudadana, que ya había sido especialmente desarrollado para garantizar compensar económicamente el costoso ejercicio de las acciones populares, estimular la participación masiva de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos, garantizar la protección del patrimonio público y financiar el Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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