Al respecto, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-459/04, que ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, ordenó lo siguiente:

ACCION POPULAR-Persona que debe pagar monto del incentivo  decretado por el juez: 

“La Corte se pregunta ahora: ¿quién debe pagar el monto del incentivo decretado por el juez de la acción popular, tanto el del artículo 39, como del 40 de la ley 472 de 1998. Sin lugar a dudas este monto debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo, pues, no sería lógico ni jurídico que en la perspectiva de proteger derechos e intereses vinculados al cumplimiento de las tareas estatales, sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso en el que se demostró la responsabilidad de un tercero.  Es apenas obvio que cada cual debe responder por los efectos nocivos de su propia conducta, lo cual, a más de ser justo y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.  Por consiguiente, el monto total del incentivo determinado por el juez debe pagarlo la persona que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo. En el evento del artículo 40, siendo el estado el afectado o “victima” del acto que afecta la moral administrativa, no puede además ser afectado con una disminución de lo que recupere, siendo lo razonable que el incentivo lo pague  el autor o cómplice del detrimento patrimonial. Esta es la misma posición que en la interpretación y aplicación de esta norma ha hecho el Honorable Consejo de Estado y que la Corte Constitucional ahora avala, como manifestación del denominado derecho viviente.” 

Entonces, el Congreso de la República de Colombia al aprobar la ley 1425 del año 2010, omisivamente desconoció que la Honorable Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, ya habían ordenado que sin lugar a dudas los incentivos consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, deben ser pagados al Actor Popular, exclusivamente por la persona particular o el funcionario público que atentó o vulneró el correspondiente derecho o interés colectivo; Pues, es apenas lógico que cada persona debe responder individualmente  por los efectos nocivos de su propia conducta, lo cual, a más de ser justo y necesario, resulta ampliamente pedagógico en la esfera de las políticas preventivas del Estado sobre derechos e intereses colectivos.

Por lo tanto, resulta absolutamente falso, temerario y de mala fe, que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, hubiesen argumentado en las exposiciones de motivos y ponencias del proyecto de la ley 1425 del año 2010; “Que eran las condenas por incentivos económicos en las acciones populares contra el Estado Colombiano, las que habían creado un grave problema financiero para el presupuesto de sus Entidades Territoriales”.

Además se demuestra, que no existieron juiciosos estudios técnicos y jurídicos sobre quienes eran realmente las personas obligadas legal y jurisprudencialmente a pagar los incentivos económicos en las acciones populares; y por lo tanto, no se tenían verdaderas razones, argumentaciones y justificaciones constitucionales,  para poder derogar válidamente un eficaz mecanismo de participación ciudadana, que indiscutiblemente estaba garantizando la protección solidaria de todos los derechos económicos, culturales y sociales en Colombia.

Significo que, según las propias cifras públicas de la Defensoría Nacional del Pueblo de Colombia, hasta la fecha se han presentado solo (14.958) Acciones Populares, de las cuales tan solo se ha reconocido incentivos económicos en (1464), es decir en solo un (%10) de los casos; y de este (%10), en el (%90) de los casos solo se ha reconocido el incentivo popular mínimo de (10) salarios mínimos legales vigentes: En conclusión, por condenas de incentivos económicos en Colombia solo se han pagado a los miles de actores populares la suma de (5’535.000.000.); Lo que equivale, a la (1/2) mitad de los (5) Cinco Millones de Dólares que se han pagado con dinero del Estado a un solo informante de la fuerza pública por denunciar a un solo narcotraficante, un secuestrador o un terrorista. O al (%000000.1) de los Cinco Billones de pesos que se extravían anualmente del tesoro público por sonados casos violación a la moralidad administrativa y el patrimonio Público. O al (%’’00000.1) de los dineros y bienes ya recuperados por los actores populares para el patrimonio público del Estado Colombiano.

Las anteriores jurisprudencias y cifras económicas demuestran, que existió una falsa motivación en la exposición de motivos de la ley 1425 del año 2010 y se atentó injustamente contra el Buen Nombre de todos los Actores Populares y las organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares; quienes fueron acusados de manera injusta, grosera e imprudente, por el propio Presidente de la República, de ser “Avivatos” y “Caza Recompensas”, que atentaban contra la prevalencia del interés general y el presupuesto de los Entes Territoriales.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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