La ley 472 de 1998, consagró como derechos colectivos objeto de protección preventiva y solidaria, por parte de todos los ciudadanos colombianos y el propio Estado, los siguientes;  

 a) El goce de un ambiente sano.

b) La moralidad administrativa;

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

i) La libre competencia económica;

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos;

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;

n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

Ahora bien, los Actores Populares han venido desarrollando un excelente trabajo social en la protección de estos derechos e intereses colectivos en Colombia, así se han presentado y ganado miles de demandas en contra de entidades públicas y particulares que por acción u omisión no permiten a los ciudadanos el goce de un ambiente sano y contaminan bosques, reservas forestales, ríos, lagunas y mares.

Por ejemplo, las empresas de Marraneras que contaminan los Ríos por adolecer de plantas de tratamiento de residuos fecales; las industrias que no cuentan con filtros adecuados en sus chimeneas; las empresas mineras que explotan recursos naturales sin licencia ambiental; los expendios ilegales de especies animales y vegetales en vía de extinción; la contaminación y el relleno de humedales; los sitios de disposición de basuras a cielo abierto; etc.

Igualmente sucede en la labor desarrollada para defender la moralidad administrativa y el Patrimonio Público de los Colombianos, pues, son miles de demandas presentadas para recuperar bienes extraídos ilegalmente hacia el patrimonio de particulares, como por ejemplo; Casos de sobrecostos en la contratación administrativa, graves irregularidades contractuales, enajenación de bienes de uso público, desfalco a los presupuestos estatales, robo de bienes de propiedad de entidades del Estado, etc. 

Lo mismo sucede con los miles de casos de violación al Derecho Colectivo del goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, pues, los actores populares han demandado y obtenido la recuperación de los espacios públicos invadidos por vendedores informales, la recuperación de miles de andenes ilegalmente intervenidos para construir estacionamientos de vehículos automotores,  la construcción de zonas de acceso para minusválidos, la instalación de Semáforos para invidentes, la demolición de construcciones sobre bienes de uso público, la recuperación de playas privatizadas, etc. 

Ni que decir de la labor desarrollada en la defensa del patrimonio cultural de la Nación, pues, se han recuperado tesoros que se encontraban en manos de particulares, se han reparado cientos de monumentos nacionales, se han protegido inmuebles que hacen parte del patrimonio arquitectónico y se ha defendido en patrimonio cultural de los grupos indígenas y las negritudes. 

Y, lo mismo ha sucedido en materia de la seguridad y salubridad públicas de los Municipios; en procurar el acceso de miles de Colombianos a una infraestructura de servicios que garantiza su salubridad pública; en lograr el acceso de cientos de comunidades a los servicios públicos esenciales y a que su prestación sea eficiente y oportuna; en garantizar el derecho de los ciudadanos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; en lograr la realización de cientos de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; Y, en la protección de los derechos de todos los consumidores y usuarios. 

Entonces, no es justo, razonable y conveniente, que se quiera desestimular la participación masiva de los actores populares en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos; ni tampoco es justo que se hayan derogado los incentivos económicos que compensaban el costoso y peligroso trabajo social de los actores populares; ni es transparente que se les hubieran derogado las eficaces herramientas de lucha anticorrupción; ni es procedente que se quiera alejarlos injustamente de la jurisdicción; ni es legal que se les estigmatice, calumnie e injurie acusándolos injustamente de corruptos, avivatos y caza recompensas: Pues, sin la labor preventiva, solidaria y participativa de los Actores Populares en Colombia, indiscutiblemente quedarán desprotegidos para siempre nuestros más sagrados derechos e intereses colectivos, en beneficio de los corruptos, los indolentes y los violadores de derechos humanos de tercera generación. 

Respetuosamente., 

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ-

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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