La recuperación de la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público, han sido siempre la razón de los más grandes esfuerzos de los Actores Populares en Colombia. Por eso, no se puede desprestigiar y estigmatizar públicamente a todos los honorables Actores Populares ante la opinión nacional, llamándolos “Sapos”, “Avivatos” y “Caza Recompensas”; porque constitucional y legalmente, ellos son quienes están realizando el valioso trabajo social de defender estos sagrados derechos colectivos y recuperar el patrimonio público del Estado extraviado en manos de particulares.

Defender a los Actores Populares debe ser un propósito de todos los Colombianos; está demostrado que no hay nada más vulnerable a los embates que resquebrajan el sentido y los principios de la moral, que un Estado que no colabore con los ciudadanos a desarrollar su trabajo social de participar en el control de la función pública y la Defensa Solidaria de los Derechos e Intereses Colectivos; pues, garantizar la moralidad y la transparencia en la actividad administrativa, es hoy una exigencia esencial de la democracia en un Estado Social de Derecho.

Precisamente, las acciones populares aprobadas por la Asamblea Constituyente del año 1991, fueron concebidas para anticiparse a los desmanes que violentan las reglas elementales de la ética en Colombia. Y en los Actores Populares que las ejercitan, puede apreciarse, claramente, esa intención y voluntad, al demandar permanentemente las graves violaciones a la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público en Colombia, arriesgando sus propias vidas y la integridad personal e invirtiendo su propio patrimonio particular y sus especializados conocimientos.

La moral administrativa es una sola, pero tiene diversas manifestaciones específicas. La más importante de estas se refiere al Derecho de los Ciudadanos a que el Patrimonio Público sea manejado de acuerdo a la normatividad legal vigente y con la diligencia y cuidados propios de un buen funcionario. Es decir, la pulcritud en el manejo del Tesoro Público de la Nación, que solamente puede ser garantizada por los actores populares que demandan los graves casos de corrupción administrativa y detrimento al patrimonio Público.

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad del artículo 40 de la ley estatutaria 472 de 1998, en Sentencia C-088 del 2000, ha considerado expresamente lo siguiente:

“Ha dado, pues, el Legislador, vigencia al principio de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  ha cumplido con el deber de velar por la intangibilidad de los recursos públicos; ha propendido por la estricta observancia de la moralidad administrativa y ha dado pleno cumplimiento al mandato contemplado en el artículo 133 de la Carta Política pues, ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. En la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública.”

Entonces, con fundamento en el anterior pronunciamiento jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, para este demandante es claro que con la aprobación de la ley 1425 del año 2010: Ha dado, pues, el actual Legislador Colombiano, un peligroso paso regresivo en materia de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  Además, ha incumplido intencionalmente con el deber constitucional de velar por la intangibilidad de los recursos públicos de los Colombianos; Agravando la situación, que ha generado un innecesario y peligroso vacío legal en el ordenamiento jurídico Colombiano, al omitir legalmente propender por la estricta observancia de la moralidad administrativa y el patrimonio público: Desconociendo el mandato contemplado por la Asamblea Nacional Constituyente, expresamente consagrado en el  contenido material del artículo 133 de la Carta Política.

Recordemos que de conformidad con el artículo 133 de la Carta Política. “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, representan al pueblo, y deben actuar consultándola justicia y el bien común. El elegido es responsable ante la sociedad y sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.”

Por lo tanto, cuando el Congreso de la República procedió a expedir la ley 1425 del año 2010, desconoció e ignoró los mandatos del pueblo de Colombia, porque irresponsablemente procediendo a derogar; el Derecho de los demandantes a pretender y recibir  los incentivos económicos en las acciones populares; el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa en cualquier momento y sin reserva legal; y, el Derecho de los Ciudadanos a pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales.

Recordemos que los derogados artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, consagraban los siguientes derechos ciudadanos y herramientas de lucha anticorrupción;

Artículo 39. Incentivos. “El demandante de una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales. Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.” (Subrayas fuera de texto).

Artículo 40. Incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. “En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%)  del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular. 

Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso. 

Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos.” (Subrayas fuera de texto).

Entonces, al derogarse estos sagrados Derechos Ciudadanos y eficaces herramientas jurídicas de lucha anticorrupción, consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, Indiscutiblemente no se actuó consultando  la realidad social, la justicia y el bien común, por lo cual, resulta un Congreso históricamente irresponsable ante la sociedad y sus electores, porque lamentablemente ha incumplido las obligaciones propias de su investidura.

Recordemos que ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas permanentes que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. Y, en la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción administrativa que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública del presente y el anterior Gobierno Nacional, durante los cuales han ocurrido los más graves casos de lesión al patrimonio público y la moralidad administrativa, como lo son; La inversión de dineros del narcotráfico y los paramilitares en elección de legisladores, la compra de legisladores con Notarias para aprobar la reelección Presidencial, los “falsos positivos” por las millonarias recompensas en Dólares a “Los Informantes de la Fuerza Pública”, el repudiable caso de “Agro Ingreso Seguro” para financiar campañas políticas, los irregulares y perjudiciales contratos del “Grupo Nulle” en todo el país, las empresas de “Pirámides” con permisividad del Estado, los billones de pesos que se extraviaron del sector de la salud, la privatización de las empresas de servicios públicos, la privatización de la educación pública, etc.

Por lo tanto, para poder garantizar la protección de los vitales Derechos Colectivos de la moralidad administrativo y el patrimonio público, y devolver a los actores populares las herramientas jurídicas necesarias para poder recuperar los billones de pesos que se han extraviado ilegalmente del Patrimonio Público, es absolutamente claro que la Honorable Corte Constitucional debe declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010 y ordenar restablecer la vigencia inmediata de los derogados artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

 Respetuosamente.,

 JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

Anuncios