La Constitución Nacional de 1991 y la ley 472 de 1998, dotaron al ciudadano común, a los funcionarios del Estado y a las organizaciones cívicas no gubernamentales, de nuevas herramientas para garantizar la protección de los derechos e Intereses Colectivos; Pero, la participación democrática y solidaria de los Actores Populares en la protección del Medio Ambiente y el control de la función pública, es el más importante de los instrumentos que tenemos los Colombianos para la defensa de los derechos humanos de tercera generación.

La democracia participativa en la defensa de los derechos e intereses colectivos, es la única forma que existe para poder garantizar la prevención y erradicación de los graves atentados contra la supervivencia del Planeta Tierra; Pero, si la comunidad no se capacita, investiga y demanda responsablemente las acciones populares, con veeduría, técnica y pruebas conducentes, entonces continuaran impunes las constantes violaciones al medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, el espacio público, el patrimonio público, etc.

Es claro que, por indolencias oficiales y malas prácticas ambientales, los impactos sobre nuestro planeta son recurrentes e irreversibles; Residuos nucleares sólidos, líquidos y gaseosos,  sobrecalentamiento Global, deshielo de Glaciares, destrucción de hábitats selváticos, sobre-explotación de recursos naturales, deficiencias en infraestructura de servicios públicos esenciales, deterioro del suelo cultivable, inseguridad ciudadana, impune invasión del espacio público, falta de áreas para recreación, mala disposición final de basuras, contaminación de ríos, lagunas, humedales y mares, etc.

Todo esto genera un efecto adverso sobre el planeta y sobre cualquiera de sus componentes ambiental, físico, biótico o social, ocasionando un inminente riesgo para la vida y la salud de todos los seres vivos: Por eso, los actores populares necesitan de solidaridad, capacitación y justos incentivos económicos, pues, si alejamos a los actores populares de la jurisdicción, entonces, quedarán en la más completa impunidad millones de violaciones de derechos colectivos que colocan en inminente peligro la supervivencia misma de la especie humana y del planeta tierra.

Ahora bien, es claro que para garantizar el éxito de la labor solidaria de los Actores Populares, es absolutamente urgente y necesario, que exista un cambio de mentalidad en las Entidades Públicas comúnmente demandadas y especialmente en los Jueces de la República de Colombia que tramitan actualmente las acciones populares por competencia; Pues, si los Actores populares injusta, despectiva y groseramente, continúan siendo tildados en los pasillos administrativos o judiciales de “Sapos”, “Avivatos” o “Caza Recompensas”, entonces, se producirá un lamentable e inevitable alejamiento de los ciudadanos de la jurisdicción y del control de la función pública, quedando desprotegidos nuestros sagrados derechos e intereses colectivos.

Igualmente, si por vía jurisprudencial, no se declara inexequible la ley 1425 del año 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que consagraban el Derecho de los Actores Populares a recibir  el pago de justos incentivos económicos en las acciones populares, entonces, se perderá el interés de la comunidad sobre el tema, pues, lógicamente nadie va a poner en riesgo su tiempo, su vida, la integridad física y el patrimonio familiar, para denunciar graves casos de corrupción administrativa o contaminación ambiental, a sabiendas, que no existen justos incentivos económicos para compensar el tiempo, dinero y conocimientos que tienen que ser invertidos en este costoso trabajo social al servicio de la comunidad.

Por lo anterior, nuestra Fundación respetuosamente aconseja y recomienda a todas las autoridades, funcionarios y empleados del Estado Colombiano, que antes que alejar a los actores populares de la jurisdicción y del control de la administración pública, hay que identificarlos, censarlos, seleccionarlos, capacitarlos, asesorarlos y respaldarlos, para que ellos puedan continuar técnica y responsablemente, cumpliendo con se deber solidario de defender los derechos e intereses colectivos de los Colombianos.

Esta situación de querer alejar injustamente a los actores populares del control de la Administración Pública o la jurisdicción, no puede seguir ocurriendo, las acciones populares deben acercar los ciudadanos a los juzgados y las entidades públicas, antes que alejarlos de las mismas, pues; los Actores Populares tienen el mérito de fortalecer los grupos humanos en conjunto, al dar vía libre para que los sectores más vulnerables de la sociedad, se ubiquen en condición de igualdad frente a los sectores políticos y económicos más poderosos del Estado; quienes son los que en últimas están colocando en inminente peligro la calidad de vida de todos los Seres Humanos.

Entonces, el papel del Juez en una acción popular, debe ser restablecer el equilibrio procesal y mantenerlo, para que el actor popular pueda defender con algunas posibilidades de éxito, los derechos o interés colectivos de la comunidad: Realmente, se trata de volver al juez, al ministerio público y los demandados,  en unos aliados o coadyuvantes del Actor Popular en la defensa solidaria de los derechos colectivos, sin que estas personas tengan que perder su objetividad e imparcialidad como sujetos procesales, pues, todos ellos tienen que comprender, más temprano que tarde, que los derechos colectivos vulnerados también son sus derechos humanos, y que ellos y las futuras generaciones, pueden estar en inminente peligro por las graves acciones u omisiones de cualquier demandado.

Al respecto, la Honorable Doctora BEATRIZ LONDOÑO TORO, Directora de la Extensión sobre Acción Populares de la Universidad del Rosario, en su colección de libros de jurisprudencia nos recuerda que;

“Las acciones populares están pensadas para ser impulsadas oficiosamente por un juez actuante y creativo, que tiene como misión la defensa del derecho colectivo…. Son acciones con características tan novedosas que nos hacen pensar en que realmente se trata de volver al juez en un aliado en la defensa del derecho colectivo, que también es su derecho.”

Para “FUNDACOLECTIVOS”, la descontaminación del Planeta Tierra, la supervivencia del Ser Humano, la protección del medio Ambiente, la preservación de la biodiversidad y la defensa del patrimonio público del Estado Colombiano, deben ser un objetivo nacional y solidario de absolutamente todos los Ciudadanos. Entonces, el conflicto entre este objetivo solidario y la sobrecarga de trabajo para la rama judicial o las entidades administrativas demandadas, no puede ser resuelto alejando a los solidarios actores populares de la jurisdicción o desmontando legal o jurisprudencialmente los justos incentivos económicos; Sino, que por el contrario, debe ser resuelto identificándolos, estimulándolos, capacitándolos y animándolos a continuar su labor, para que lo hagan de manera responsable, técnica y solidaria: Claro está, sancionando ejemplarmente a todos aquellos Actores Populares que solo muestren un interés patrimonial en los procesos, que procedan con temeridad o mala fe, que no aporten las pruebas de los hechos demandados, que no hagan las publicaciones ordenadas por el despacho, que no asistan a las audiencias fijadas por los Jueces o que abandonen injustificadamente a su suerte los procesos judiciales.

Nosotros tenemos plena confianza de que la Honorable Corte Constitucional muy pronto declarará de inconstitucionalidad de la ley 1425 del año 2010, pues, las múltiples demandas e intervenciones ciudadanas, demuestran que dicha ley es inexequible por; Vicios materiales de competencia y procedimiento; Grave Omisión legislativa relativa; Violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Violación al Preámbulo y contenido material de la Constitución Nacional; y el desconocimiento a todos los derechos, principios, garantías y valores consagrados en nuestra Carta Política.

Por eso, clamamos respetuosamente por un cambio de actitud en los ciudadanos, funcionarios públicos, Jueces y Actores Populares, para que con prevención, solidaridad y participación, podamos todos seguir adelante con la sagrada defensa judicial de los derechos e intereses colectivos en Colombia, pues, solamente de ello, depende el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Territorio Nacional, la descontaminación del planeta Tierra y la supervivencia misma de la espacie humana.

Por favor; ¡Ayúdenos a cambiar de mentalidad de todos los Seres Humanos frente a la necesaria protección preventiva, participativa y solidaria del Medio Ambiente y los demás Derechos e Intereses Colectivos¡

 Respetuosamente.,

 JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

 Representante Legal.

“FUNDACOLECTIVOS.”

 

 

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