Recordemos que en el propio seno de la Asamblea Nacional Constituyente hubo plena claridad en cuanto tiene que ver con el carácter constitucional de las acciones populares y sobre la necesidad de establecer en la ley los incentivos económicos para poder garantizar su ejercicio y la participación masiva de la sociedad civil en la defensa preventiva, participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos; en cuanto a que en ella se dijo por ejemplo:

“…No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia consagran el Código Civil y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974), aparece lejana del conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Álvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991).

Igualmente, en el proyecto de reforma Constitucional del movimiento político M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares y los incentivos económicos en los siguientes términos:

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamente dicha acción deberá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”. (Gaceta Constitucional del día 22 de marzo del año 1991).

Igualmente, en el Archivo General de la Nación, se encuentra el discurso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, al clausurar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se destaca lo siguiente;

La Constitución de 1991 se concibió fundamentalmente como un instrumento para la paz, la tolerancia, la convivencia y la solidaridad. Estos valores, esenciales para la supervivencia de la sociedad, la construcción de la Nación y la consolidación de un estado de derecho, han sido anhelados profundamente por la gran mayoría de los ciudadanos. Los cortocircuitos de la historia de Colombia no le han permitido a la nación alcanzar la plenitud de aquellos valores. El consenso que surgiera alrededor de la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente y especialmente por la entusiasta participación de las jóvenes generaciones, creó una nueva esperanza en la comunidad nacional. Uno de los tres presidentes del cuerpo legislativo, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, al clausurar las sesiones destacó los principales rasgos de la estructura jurídica de lo que se pensó como “la nueva Colombia”.

La recuperación de la moral ha sido siempre la razón última de nuestros más grandes esfuerzos. La hemos convertido quizá en la más elemental de nuestras propuestas a la opinión nacional, y justamente por ello es, entre todas, la más importante. Es este un propósito llamado a tener perdurabilidad; está demostrado que no hay nada más vulnerable a los embates que resquebrajan el sentido y los principios de la moral, que el ejercicio continuado de funciones públicas. La moral en la actividad administrativa es hoy una exigencia de la democracia.

Un número significativo de las disposiciones aprobadas por la Asamblea Constituyente fueron concebidas para anticiparse a los desmanes que violentan las reglas elementales de la ética. En casi todas las nuevas instituciones puede apreciarse, claramente, esa intención. La moral administrativa es una sola, pero tiene diversas manifestaciones específicas. La más importante de estas se refiere a la pulcritud con que deben manejarse los dineros públicos, el patrimonio económico de la Nación.”

Entonces, para la Asamblea Nacional Constituyente era absolutamente claro, que el Derecho de los Actores Populares a recibir un incentivo económico en las acciones populares y el Derecho de los Ciudadanos a contar con eficaces herramientas de lucha anticorrupción, son las únicas formas legales que existen para poder garantizar el masivo ejercicio de las acciones populares, estimular a la comunidad a participar solidariamente en la defensa de los derechos colectivos y compensar la onerosa carga que asumen los accionantes; y por esa razón, en representación del pueblo colombiano expresamente ordenó que; “La ley que reglamente dicha acción deberá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”.

Pues, de no existir el derecho de los demandantes a pretender y recibir el incentivo económico y no contar con verdaderas herramientas de lucha anticorrupción, la comunidad simplemente no ejercita las acciones populares y no participa en el control del poder político, la fiscalización de la función pública y la defensa judicial de los derechos colectivos; en razón, a que lógicamente no se le estimula a demandar judicialmente y se le impone una pesada carga que es injusta, desproporcionada, irrazonable e imposible de cumplir.

Agravando la situación, que cuando se deroga el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; Indiscutiblemente se transgreden los principios constitucionales de transparencia, moralidad administrativa y participación democrática en la función pública, que indiscutiblemente inspiraron a la Asamblea Nacional Constituyente al momento de debatir, crear y expedir la nueva Constitución Nacional del año 1991.

En este orden de ideas, bajo el esquema conceptual inspirado desde la propia Asamblea Nacional Constituyente, es claro que las acciones populares en un Estado Social de Derecho, siempre deben combinar el deber de solidaridad que a todas las personas nos atañe, con la obligación permanente del Estado de inducir, promocionar, patrocinar, premiar, compensar y, en general, estimular el ejercicio de las acciones populares y la protección solidaria de los Derechos Colectivos; en orden a poder garantizar que se compense económicamente el ejercicio de las acciones populares, se estimule la participación masiva de los ciudadanos en la preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social y se financie el Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber ético de solidaridad en Colombia, el Congreso de la República siempre debe prever en la ley el Derecho de los demandantes a recibir un incentivo económico en las acciones populares y el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales.

Derechos que resultan constitucionalmente válidos frente a la necesidad de; Reconocer que la solidaridad no surge siempre por generación espontánea en todos los Seres Humanos y en ningún lugar del mundo; Reconocer la peligrosidad, complejidad y elevados costos que implica la labor judicial de defender los derechos e intereses colectivos en Colombia; Y, reconocer que el Estado Colombiano, por prevalencia del interés general, tiene que cumplir con su deber constitucional de compensar el ejercicio de las acciones populares, estimular la participación masiva de todos los ciudadanos en la defensa solidaria de los derechos humanos de tercera generación, garantizar la protección del patrimonio público y financiar el Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

De suerte tal que, definitivamente se reconozca por parte del Estado Colombiano, que al tiempo que el demandante de una acción popular puede reportar una justa compensación económica para sí, que restablece en parte lo invertido y promueve su bienestar propio; la sociedad misma siempre se sentirá retribuida con la efectiva compensación de defensa, protección y reivindicación de sus derechos e intereses colectivos: Lo cual, indiscutiblemente promueve el cumplimiento de los fines sociales del Estado, la prevalencia del interés general, la participación masiva de la comunidad, la solidaridad de los ciudadanos y el bienestar general de todos los colombianos, garantizando un orden político, económico y social más justo.

Por lo tanto, respetuosamente considero que la norma que deroga el Derecho de los demandantes a pretender y recibir los incentivos en las acciones populares, y elimina el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; desconoce los verdaderos motivos que llevaron al pueblo de Colombia representado en la asamblea nacional constituyente del año 1991, a ordenar su expresa consagración en la ley., Traicionando de esta manera, todos los derechos, valores, principios y garantías que deben inspirar el desarrollo y progresividad del ordenamiento jurídico colombiano en materia de protección solidaria, democrática y participativa de los derechos e intereses colectivos; pues, convierte a los derechos colectivos consagrados en el artículo 88 de la Constitución nacional, en letra muerta, inoperante e impracticable, al descompensar, desestimular, obstaculizar e impedir su masivo ejercicio y protección.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

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