En cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010,  por violar los principios constitucionales de la prevalencia del interés general, la solidaridad y la participación, en primer lugar es necesario precisar, que el artículo 2do de la ley 1425 del año 2010, “deroga” y “modifica” todas las disposiciones que le sean contrarias a la norma acusada. Es decir, la Ley 1425 de 2010, no solo se limita a derogar de manera expresa los derechos y limites consagrados en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, sino, que además, deroga y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias en materia del Derecho de los ciudadanos a pretender y recibir los incentivos económicos en las acciones populares, como lo son el 34 de la ley 472 de 1998 y los artículos 1005 y 2036 del Código Civil. 

El asumir que estos artículos no han sido derogados, o que aún existen para poder pretender, conceder y recibir incentivos económicos en las acciones populares, sería un proceder erróneo, que conduciría a conclusiones también erróneas. Y lo sería, porque el espíritu de la ley 1425 del año 2010, es derogar el Derecho de los ciudadanos a pretender y recibir los incentivos económicos consagrados en las acciones populares, a fin de descompensar económicamente el ejercicio de las mismas y desestimular la masiva participación ciudadana en la defensa de los derechos colectivos; precisamente, con el argumento de que los ciudadanos deben ejercitar estas acciones constitucionales movidos únicamente por su deber de solidaridad y no con pretensiones patrimoniales particulares.

Entonces, sería ilógico pensar, que lo querido por el legislador era desmontar el límite de los incentivos económicos consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, para que de conformidad con los artículos 34 de la ley 472 de 1998, 1005 y 10036 del Código Civil, fuera el Juez competente quien tuviera la facultad para fijar el monto del incentivo económico a que tiene derecho el actor popular, sin atender límites legales en su cuantía.

En mi concepto, tanto el artículo 39, como el artículo 40, de la ley 472 de 1998, no solo brindaban al juez parámetros o límites para fijar la cuantía del incentivo. Sino que además, especialmente consagraban el “Derecho” de los Actores Populares a pretender y recibir  un incentivo económico por el triunfo de sus pretensiones: Entonces, lo que se deroga realmente es el Derecho de los Actores Populares a pretender y recibir un incentivo económico en las acciones populares por el éxito de sus demandas: Por lo cual, en la actualidad los jueces en sus condenas o en la adición a las mismas, no pueden fijar de manera ilimitada, ponderada o razonable dichos incentivos, porque los actores populares ya no tienen derecho a pretenderlos o recibirlos. Como recientemente lo ha resuelto la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado que ha juzgado lo siguiente;

“Sin embargo, a raíz de la vigencia de la ley 1425 del 29 de Diciembre del año 2010, promulgada en el diario oficial No 47.937 de ese mismo día, por medio de la cual se derogó el artículo 39 de la ley 472 de 1998, por tratarse de ser una norma sustancial y no de procedimiento, su aplicación resulta ser inmediata a partir de dicha vigencia y por lo tanto no podrá, por no existir al momento del fallo, concederse el incentivo que consagraba la ley en la época de presentación de la solicitud de protección constitucional de derechos e intereses colectivos.”

Igualmente, para demostrar que la ley 1425 del año 2010, deroga el “Derecho” de los ciudadanos a pretender y recibir los incentivos económicos en las acciones populares y no solos los “límites” para fijarlos, no basta sino con observar lo consagrado en los artículos derogados que ordenaban expresamente lo siguiente;

Artículo 39. Incentivos. El demandante de una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.

Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.

Artículo 40. Incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.

Por otra parte, recordemos que en la exposición de motivos de la Ley 1425 de 2010, se advierte una clara posición del Gobierno Nacional que considera incompatible el principio de solidaridad, que debe impulsar a los actores populares, con la posibilidad de consagrar el derecho de los ciudadanos a pretender y recibir cualquier tipo de compensación económica en las acciones populares. Por lo tanto, sería ilógico pensar como la hace el Procurador General de la Nación, que el artículo 2do de la ley 1425 del año 2010, no derogó tácitamente la posibilidad de que los Jueces de la República en el futuro pudieran conceder incentivos sin límites de cuantía en las acciones populares, al tenor del artículo 34 de la ley 472 de 1998.

Por lo anteriormente expuesto y aclarado,  considero inconstitucionales los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010, pues al derogar el Derecho de los Ciudadanos a pretender y recibir los incentivos económicos consagrados en los artículos 34, 39 y 40 de la ley 472 de 1998 y los artículos 1005 y 2036 del Código Civil,  se desconocieron los principios constitucionales de solidaridad, participación y prevalencia del interés general, que inspiran el ordenamiento jurídico colombiano en materia de acciones populares.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.