"PROCURADOR"

Es cierto que las acciones populares suelen exigir de los actores algunas condiciones que no exigen otras acciones públicas, dada su rigurosidad y procedimiento. De ahí que la Corte, en la Sentencia C-459 de 2004, reconozca la necesidad de compensar la carga desproporcionada que asume quien promueve la acción. Y es que no es posible, ni razonable, exigirle a una persona que financie por su cuenta y de manera exclusiva, en dinero y en tiempo, la protección de los derechos e intereses colectivos.

También es cierto que las acciones populares, como muchas instituciones jurídicas, pueden ser ejercidas de manera abusiva, hasta el punto de convertirse en un negocio.

No es menos cierto que si una acción popular prospera ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ello ocurre porque en realidad se vulneran derechos o intereses colectivos, y que esa vulneración es imputable a la conducta irregular o inadecuada de una entidad pública.

Si bien es razonable fijar unos parámetros para determinar la cuantía de los incentivos en las acciones populares, como en su momento lo reconoció la Corte, no es menos razonable dejar en manos del juez, como lo hace la Ley 1425 de 2010 al derogar dichos los parámetros existentes, la tarea de fijar de manera ponderada y juiciosa, y sobre la base de un adecuado acervo probatorio, dicha cuantía. El juez tiene sobre el legislador la ventaja de conocer de primera mano, en cada caso, el propósito que persigue el actor, su diligencia, sus gastos y los daños a los derechos o intereses colectivos que se previenen o mitigan cuando la acción prospera.

No sobra recordar que las entidades públicas tienen el deber de velar por los derechos e intereses colectivos, haya o no haya de por medio una acción popular. Tampoco sobra destacar que las entidades públicas pueden presentar acciones populares y, en caso de obtener una sentencia de condena, los incentivos se destinan al fondo de defensa de intereses colectivos, entre cuyas funciones está promover la difusión y conocimiento de los derechos e intereses colectivos y sus mecanismos de protección y financiar la presentación de las acciones populares, para advertir que en estos casos no hay ningún negocio de por medio.

Como se ha dicho varias veces, los incentivos en las acciones populares no son un premio o una gracia, sino una compensación a la carga desproporcionada que el actor debe asumir para la defensa de los derechos e intereses colectivos, al punto que sin éste el ejercicio de estas acciones por los particulares decaería y terminaría por desaparecer, con graves consecuencias para dichos derechos e intereses.

La relación entre derechos e intereses colectivos y derechos individuales, a la que se alude atrás, no sólo es visible en su vulneración, sino en materia de daños y de responsabilidad. Cuando una acción popular prospera, además de certeza de que un derecho o interés colectivo ha sido vulnerado, y de la adopción de medidas para remediar esa situación, se previene o mitiga el daño que muchas personas pueden sufrir y que, de concretarse, debería ser reparado por la entidad pública responsable. A pesar del lugar común de ver a las acciones populares como un mecanismo que se emplea en contra de las entidades públicas, en realidad es lo contrario, pues éstas ayudan a prevenir daños por los cuales dichas entidades estarían llamadas a responder. Prevenir daños individualizables, implica para la entidad evitar posibles pagos posteriores, con lo cual su patrimonio experimenta un enriquecimiento.

La compensación para el actor popular se ajusta a los principios de Estado Social de Derecho, de primacía del interés general sobre el particular y de solidaridad, lo mismo que a las disposiciones constitucionales que señalan los deberes de las personas y de los ciudadanos, reconocidos en los artículos 1°, 2° y 95 Superiores, y constituye cabal concreción de lo dispuesto en los artículos 8°, 78, 79, 80 y 82 ibídem, relacionados con la protección de los derechos colectivos.

5. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que se declare INHIBIDA para decidir de fondo en relación con los artículos 1° y 2° de la Ley 1425 de 2010, por ineptitud sustantiva de las demandas acumuladas.”

Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

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