"PEDIMOS JUSTICIA"

"PEDIMOS JUSTICIA"

Sobre este trascendental y concreto cargo de violación a los principios constitucionales consagrados en el preámbulo de la Constitución Nacional; respetuosa y técnicamente considera nuestra fundación, que la totalidad de ley 1425 del año 2010, es manifiestamente contraria al principio esencial de la lucha permanente contra la corrupción: Pues, innecesariamente agrede los principios de “moralidad administrativa”, “transparencia”, “control del poder político” y “fiscalización de la función pública”; al derogar de manera intencional, irresponsable y regresiva, los necesarios incentivos populares consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

Pues en concepto de nuestra fundación,  se ha  creado un peligroso vacío legal en materia de protección de Derechos Humanos de Tercera generación en Colombia: en razón, a que los incentivos económicos en las acciones populares, fueron instituidos expresamente por el pueblo de Colombia, desde la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, para poder garantizar la participación masiva y solidaria de la comunidad, en el cometido Estatal de colaborar en la defensa solidaria de los Derechos Colectivos de la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público.

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad del artículo 40 de la ley estatutaria 472 de 1998, en Sentencia C-088 del 2000, ha  considerado sabiamente lo siguiente:

“Ha dado, pues, el Legislador, vigencia al principio de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  ha cumplido con el deber de velar por la intangibilidad de los recursos públicos; ha propendido por la estricta observancia de la moralidad administrativa y ha dado pleno cumplimiento al mandato contemplado en el artículo 133 de la Carta Política pues, ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. En la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública.”

Entonces, con fundamento en el anterior pronunciamiento jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, para Fundacolectivos es claro que la ley 1425 del año 2010, que derogó en su totalidad el incentivo económico consagrado en el artículo 40 de la ley 472 de 1998, y las especiales disposiciones sobre solidaridad de los responsables de violar el derecho colectivo a la moralidad administrativa y la facultad de obtener los documentos correspondientes por parte de los actores populares: Ha dado, pues, el actual Legislador Colombiano, un grave paso regresivo en materia de protección de los recursos presupuestales de la Nación;  Además, ha incumplido intencionalmente con el deber constitucional de velar por la intangibilidad de los recursos públicos de los Colombianos; Agravando la situación, que ha generado un innecesario y peligroso vacío legal en el ordenamiento jurídico Colombiano, al omitir legalmente propender por la estricta observancia de la moralidad administrativa y el patrimonio público, desconociendo el mandato contemplado por la Asamblea Nacional Constituyente, expresamente consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional y el artículo 133 de la Carta Política.

Recordemos que de conformidad con el artículo 133 de la Carta Política. “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, representan al pueblo, y deben actuar consultándola justicia y el bien común. El elegido es responsable ante la sociedad y sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.”: Por lo tanto, cuando el Congreso de la República al expedir la ley 1425 del año 2010, desconoce e ignora los mandatos del pueblo de Colombia, procediendo a derogar los incentivos económicos consagrados para las acciones populares; con el claro fin de descompensar su ejercicio y desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los derechos colectivos: Indiscutiblemente no actúa consultándola la realidad social, la justicia y el bien común, por lo cual, resulta un Congreso históricamente irresponsable ante la sociedad y sus electores, porque lamentablemente ha incumplido las obligaciones propias de su investidura.

Recordemos que ciertamente, la justicia y el bien común  requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. En la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción administrativa que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública del presente y el anterior Gobierno Nacional, donde han ocurrido los más graves casos de lesión al patrimonio público y la moralidad administrativa, como lo son; La inversión de dineros del narcotráfico y los paramilitares en elección de legisladores del “Uribismo”, La compra de legisladores con Notarias para aprobar su reelección, los falsos positivos por millonarias recompensas de “Casa Recompenzas”, las ilegales intersecciones de comunicaciones a los Magistrados de la Honorable Corte Constitucional, el repudiable caso de “Agro Ingreso Seguro” para financiar sus campañas políticas, los irregulares y perjudiciales contratos del “Grupo Nulle” en todo el país, las empresas de “Pirámides” con permisividad del Estado, las acciones de “Invercolsa”, la privatización de las empresas de servicios públicos, etc.

Por lo tanto, para garantizar la protección de los vitales Derechos Colectivos a la moralidad administrativo y el patrimonio público, la Honorable Corte Constitucional debe declarar la inexequibilidad total de los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010; a fin de restablecer la vigencia inmediata de los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, como única fórmula constitucional de llenar el innecesario vacío legal en materia de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia.

Respetuosamente.,

FUNDACOLECTIVOS.

 

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