¿ES JUSTO?

Recordemos que la aplicación constitucional del principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la C.P., permite al administrado tener la confianza en que el Estado no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga.

Por lo tanto, el demandante considera que la ley 1425 del año 2010, vulnera la buena fe y la confianza legítima de los ciudadanos en el Estado, pues, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares, le está imponiendo a los actores populares y las organizaciones cívicas, comunitarias y populares, dedicadas a la permanente protección de los derechos e intereses colectivos., Una nueva carga excesiva, desproporcionada e imposible de cumplir, al tener que activar el aparato judicial para defender los derechos e intereses colectivos, sin derecho a una justa compensación económica por su peligrosa, especializada y onerosa labor solidaria en beneficio de toda la sociedad: A sabiendas que, sólo arriesgando sus propias vidas, superando dificultades económicas extraordinarias y poniendo en peligro lo necesario para su congrua subsistencia, esta nueva carga podrá ser cumplida eficazmente por los solidarios actores populares y las organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares.

El artículo 81 de la ley 472 de 1998, ordena que; las autoridades estarán obligadas a colaborar y facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos. De igual modo se colaborará con las demás organizaciones que se funden con la misma finalidad, por los ciudadanos.”

Por lo anteriormente escrito, es claro que el Estado colombiano al expedir la ley 1425 del año 2010, no está colaborando, ni facilitando la creación y el funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares, que se establezcan o se establecieron por iniciativa de la comunidad para garantizar la defensa de los derechos e intereses colectivos; Pues, expidió la ley 1425 del año 2010, con el expreso fin de derogar todos los incentivos económicos en las acciones populares para desmotivar la participación ciudadana en el control de la función pública y la defensa de los derechos e intereses colectivos.

Resultando manifiestamente inconstitucional, que se hubieran desmontado los incentivos económicos en las acciones populares, sin tener en cuenta la expresa obligación legal de colaboración del Estado Colombiano con las organizaciones de Actores Populares y las desproporcionadas cargas y perjuicios patrimoniales para las organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares; las cuales, ya habían hecho cuantiosas inversiones para su creación, constitución y funcionamiento, de conformidad con los incentivos y garantías establecidas en los art 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998: Además, no se valoró el grave atentado contra la democracia y la prevalencia del interés general, al no permitir hacia el futuro una permanente participación de estas organizaciones cívicas en el control del poder político, la fiscalización de la gestión pública y la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

Es decir, el Congreso no puede crear normas e incentivos para invitar a la comunidad a constituir organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares para colaborar con el Estado Colombiano en la defensa solidaria de los derechos colectivos; y después, cuando se constituyen legalmente estas organizaciones, el Estado les da permiso de funcionar, invierten millonarios recursos financieros en su establecimiento, demandan miles de acciones populares y se especializan por años en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos; entonces, se procede a estigmatizarlas públicamente e intempestivamente se les derogan estos incentivos económicos para evitar que presenten más demandas contra del Estado,  además, se les dejan sin piso jurídico los incentivos económicos pretendidos en las acciones populares ya presentadas y se les coloca intencionalmente en peligro sus objetivos, funcionamiento, sostenimiento y supervivencia.

Recordemos que el principio de la buena fe incorpora la doctrina jurisprudencial que proscribe el “Venire Contra Factum Proprium”, según el cual; “Al Estado no le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe le implica el deber de observar en el futuro, la conducta inicialmente desplegada por el Estado, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad en el Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares”.

En este orden de ideas, la derogatoria de una ley que consagraba generosos incentivos económicos en las acciones populares y que había generado por años situaciones jurídicas subjetivas y concretas para los actores populares y las organizaciones cívicas, populares y similares, dedicadas a la permanente protección de los derechos colectivos; hace patente una manifiesta contradicción de la ley 1425 del año 2010, con el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Nacional, la Confianza Legítima en el Estado y la doctrina jurisprudencial de “Venire Contra Factum Propium”; porque la intempestiva decisión del Gobierno Nacional y el Congreso de la República es manifiestamente contradictoria, irrazonable, desproporcionada y extemporánea, pues, le  impuso a los actores populares una pesada carga imposible de cumplir y les ocasionó un grave perjuicio patrimonial y estructural a múltiples organizaciones populares constituidas de conformidad con los artículos 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998.

En el presente caso, encuentra el demandante,  que el Congreso de la República de Colombia, al haber originalmente consagrado los incentivos económicos para las acciones populares e incentivado la creación de miles de organizaciones cívicas, populares y similares, para dedicarse permanentemente a colaborarle al Estado en garantizar la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos: No podía luego, proceder a derogar totalmente tales incentivos económicos, que eran los únicos ingresos financieros que compensaban el sostenimiento, funcionamiento y supervivencia de estas organizaciones cívicas, populares y comunitarias.

Entonces, el Estado Colombiano actúo de mala fe, pues incurrió en una manifiesta violación al principio “venire contra factum proprium”; En razón, a que no le era lícito venir contra sus propias leyes, pues la buena fe le implicaba el deber de observar hacia el futuro, la conducta inicialmente desplegada por el Estado al expedir los artículos 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998, de cuyo cumplimiento dependía en gran parte la seriedad del procedimiento judicial de las acciones populares, la credibilidad en el Estado y el efecto vinculante de sus actos para con los Actores Populares: En este orden de ideas, el Estado vulneró los derechos adquiridos y las expectativas de los Actores Populares y las Organizaciones Cívicas, birlando su confianza legítima y la buena fe puesta en el Estado Colombiano.

Además, recordemos que se violó el principio de la buena fe y la confianza legítima en el Estado Colombiano, cuando se atentó gravemente contra el Buen Nombre y la Dignidad de todos los Actores Populares y las organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares; quienes fueron acusados pública, grosera e injustamente por el Gobierno Nacional, de ser “Avivatos” y “Caza Recompensas”, que atentaban contra la prevalencia del interés general y el presupuesto de los Entes Territoriales.

En este orden de ideas, también se violó el principio de la igualdad en conexidad con el principio de la buena fe, pues, todos los Actores Populares y Organizaciones cívicas, comunitarias y populares, dedicados a la permanente protección de los derechos e intereses colectivos, no pueden ser tratados y acusados públicamente de ser “Avivatos” y “Caza Recompensas”, pues, lógicamente existen miles de personas y Entidades que actúan de manera solidaria, técnica y profesional en la defensa de los derechos e intereses colectivos, los cuales, no pueden ser perjudicados y estigmatizados por los hechos, actos y acciones de unos pocos ciudadanos inescrupulosos. Es decir, en un Estado Social de Derecho no pueden pagar justos por pecadores.

Entonces, éste desconocimiento constitucional del principio de la buena fe en la ley 1425 del año 2010, ocasiona que los actores populares y las organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares, pierdan el amor, la solidaridad y la confianza legítima para con el Estado Colombiano, porque los está estigmatizando pública, irreparable e injustamente; y porque al derogar intempestivamente los incentivos económicos en las acciones populares, les está imponiendo una pesada carga imposible de cumplir, los está perjudicando patrimonialmente  y les está exigiendo más de lo que era estrictamente necesario para la realización de los fines públicos de garantizar el control del poder político, fiscalizar la función pública y ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

El artículo 83 de la Constitución Nacional, ordena que; Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe: Por lo tanto, no se podían derogar los incentivos económicos en las acciones populares, con argumentos absolutamente falsos, temerarios y de mala fe, y descalificando públicamente la solidaria labor que venían cumpliendo los Actores populares y las organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares, constituidas de conformidad con el artículo 81 de la ley 472 de 1998; Porque ello,  hace perder a todos los ciudadanos Colombianos la confianza legítima en el Estado, atenta de manera grave contra el principio de la Buena fe y vulnera el principio  “Venire contra Factum Proprium”.

Esa confianza legítima en el Estado, producto de la buena fe, que llevó a miles de ciudadanos colombianos a convertirse en apasionados Actores Populares o constituir cientos de organizaciones cívicas, populares y similares, para colaborar masivamente en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, al tenor de lo ordenado en los artículos 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998; es precisamente la razón constitucional que en el Estado Social de Derecho Colombiano, explica la necesaria coadyuvancia, estímulo, motivación y colaboración, que el Administración Pública debe brindar permanentemente a los actores populares y las Organizaciones comunitarias no gubernamentales, para poder solo así, compensar el ejercicio de las acciones populares y estimular la masiva participación de los ciudadanos en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos.

Sin que estos incentivos populares, signifiquen una recompensa, donación, salario o indemnización por su solidaria labor, como tampoco desconocimiento al principio del interés general de proteger el Presupuesto Nacional; sino, una justa, razonable y lógica compensación económica por su tiempo, conocimiento, dinero y riesgo invertidos al servicio del Estado, la sociedad y la prevalencia del interés general.

Respetuosamente.,

FUNDACOLECTIVOS.