"PENSEMOS"

Los cargos de  la demanda se  edifican sobre la consideración según la cual la derogación o eliminación de los incentivos económicos en las acciones populares, consagrados en los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, constituye un claro retroceso en materia de protección de los Derechos e Intereses Colectivos. Así pues, la acusación reposa en la no existencia actual de una disposición legal que consagre los incentivos económicos para compensar el ejercicio de las acciones populares y estimular la participación masiva de la comunidad en la defensa de los derechos e intereses colectivos. Se trata, por lo tanto, de una  “Demanda de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa Relativa”.

En efecto, para los ciudadanos demandantes, lo que produce la inconstitucionalidad que alegan, es la eliminación de los incentivos económicos en las acciones populares, por obra de su derogatoria en la ley 1425 del año 2010. Es decir, la norma demandada sería inconstitucional, porque no contiene y al contrario deroga, la previsión que antes contemplaban los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, referente a los incentivos económicos para poder compensar el ejercicio de las acciones populares y estimular la participación solidaria de la comunidad en la protección de los derechos e intereses colectivos.

Entonces, cuando el vacío legislativo que denuncia una demanda es producto de la derogación de una norma antigua, y la acusación se dirige en contra de la disposición legal nueva que produce ese efecto, como sucede en este caso, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha explicado que la pretensión de inconstitucionalidad de la norma derogatoria debe estar orientada a mostrar que la supresión de un determinado contenido normativo produce un resultado contrario a la Constitución. Y que en este caso, debe el actor observar “los requisitos generales de procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, incluidos los que se predican en materia de omisiones legislativas relativas”.

Al respecto, observa el Coadyuvante, que las demandas contienen una argumentación específicamente dirigida a demostrar que el vacío normativo que se creó al derogar los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, constituye una verdadera “omisión legislativa relativa”; Así, explican que la inconstitucionalidad de la ley 1425 del año 2010, se derivaría de un claro “retroceso en materia de “protección” de todos los derechos e intereses colectivos; y que con la derogación de los incentivos económicos en las acciones populares, se “ha excluido del ordenamiento jurídico un importante mecanismo de participación ciudadana que garantizaba materializar en la práctica el ejercicio de las acciones populares y la participativa protección de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Esta argumentación lleva implícita la consideración según la cual, al legislador le estaba vedado ese retroceso, es decir, que el Congreso de la República tenía la obligación de mantener los incentivos económicos en las acciones populares para poder compensar el ejercicio de las acciones populares y estimular la protección solidaria de los derechos e intereses colectivos; por lo cual, argumentan que el Congreso de la República de Colombia no podía excluir del ordenamiento jurídico esta eficaz herramienta de participación ciudadana, que resulta imprescindible y necesaria para poder garantizar la protección solidaria de los Derechos e Intereses Colectivos. Y como consecuencia de lo anterior, considero se debe declarar la inexequibilidad total de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia de los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998.

En el presente caso nos encontramos frente a una omisión relativa, porque la derogatoria de los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, se vuelve constitucionalmente reprochable al eliminar por completo los incentivos económicos en las acciones populares, que por razones lógicas, sociales y constitucionales, deberían permanecer vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, a fin de garantizar la protección solidaria de los derechos e intereses colectivos; de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen de las acciones populares que lo hace impracticable, inequitativo, inoperante o ineficiente.

Para el interviniente, el legislador incurrió en una grave omisión legislativa relativa, cuando mediante la ley 1425 del año 2010, reguló de manera insuficiente o incompleta el mandato constitucional contenido en el artículo 86 de la Carta Política; porque la omisión de consagrar los incentivos económicos en las acciones populares, elimina un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, es exigencia esencial para garantizar se ejercicio. Y su derogación, conduce a la violación del derecho a la participación ciudadana y a los principios de prevalencia del interés general, solidaridad, igualdad, buena fe y confianza legítima en el Estado.

En el presente caso, el juicio de inexequibilidad se hace frente a la concurrencia de una norma jurídica como la ley 1425 del año 2010, frente a la cual se predica la omisión de consagrar los incentivos económicos en las acciones populares; porque dicha ley excluyó un vital mecanismo jurídico de participación ciudadana, que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permite concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental.

El interviniente considera que la derogatoria de los incentivos económicos en las acciones populares, es decir su exclusión del ordenamiento jurídico colombiano, no obedeció a razones constitucionales, objetivas y suficientes; Pues, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, se fundamentaron en motivos manifiestamente falsos, temarios y de mala fe, en razón a que no es cierto que el Estado Colombiano pueda ser condenado al pago de los incentivos económicos en las acciones populares, según lo ordenado por la propia jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Por otra parte, según las propias cifras de la Defensoría Nacional del Pueblo de Colombia, hasta la fecha se han presentado solo (14.958) Acciones Populares, de las cuales tan solo se ha reconocido incentivos económicos en (1464), es decir en solo un (%10) de los casos; y de este (%10), en el (%90) de los casos solo se ha reconocido el incentivo popular mínimo de (10) salarios mínimos legales vigentes: En conclusión, por condenas de incentivos económicos en Colombia solo se han pagado a los miles de actores populares la suma de (5’535.000.000.). Lo que equivale a la mitad de los (5) Cinco Millones de Dólares que se han pagado por denunciar un solo narcotraficante, secuestrador o terrorista.

Lo anteriormente expuesto demuestra, que la ley 1425 del año 2010, no obedece a razones constitucionales razonables, objetivas y suficientes, pues, es absolutamente falso, temario y de mala fe, el haber argumentado para derogar los incentivos económicos en las acciones populares, que las condenas por incentivos económicos eran las causantes del actual déficit fiscal de los entes territoriales. Lo cual ocurrió, por la falta de los estudios jurídicos, económicos y sociales pertinentes.

Esta omisión de no consagrar los incentivos económicos en las acciones populares, para descompensar su ejercicio y desestimular la participación ciudadana, implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador, pues, cuando se trata de la peligrosa, compleja y costosa labor de defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, es constitucional, lógico y razonable que la solidaridad tiene que ser permanentemente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado; en orden a poder compensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y garantizar que la comunidad se decida masivamente a  participar en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos: Por lo tanto, ante esta manifiesta y grave omisión legislativa relativa, es competente la Honorable Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad total de la ley 1425 del año 2010 y restablecer la vigencia total de los artículos 39 y 40 de la ley 372 de 1998.

Respetuosamente.,

FUNDACOLECTIVOS.

Anuncios