"PARTICIPACION"

Recordemos que en materia de derechos fundamentales como de administración de justicia, la Corte Constitucional ha considerado determinantes aquellos criterios que recaen sobre aspectos esenciales de la materia sometida a la reserva de ley estatutaria, como son la afectación del núcleo esencial de los derechos, la limitación de las garantías para su ejercicio o la regulación de los aspectos esenciales de la administración de justicia.

En este orden de ideas, algunos ciudadanos demandantes de la ley 1425 del año 2010,  estiman que la totalidad de la ley acusada viola el artículo (152) de la Constitución Nacional, relativo a las materias que deben ser reguladas mediante ley estatutaria, por cuanto ella toca el núcleo esencial de los derechos e intereses colectivos,  limita las garantías para su ejercicio y regula aspectos esenciales de la administración de justicia; por lo tanto, dicha ley no podía ser expedida por el proceso legislativo ordinario.

Al respecto, este interviniente  observa que efectivamente el literal (a) del artículo (152) de la Constitución Política, ordena que mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República debe regular los derechos fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Y en ese orden de ideas, considero que el desconocimiento de la precitada norma constitucional constituye un vicio material de competencia.

En este orden de ideas, es necesario tener en cuenta que  la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha interpretado de manera restrictiva la exigencia de ley estatutaria contenida en el precitado artículo (152) de la Carta Política, pues ha entendido que de no ser así, se vaciaría de contenido la competencia legislativa ordinaria a que alude el artículo (150) de la misma Constitución Nacional.

De manera concreta, en cuanto a la exigencia contenida en el literal (a) del artículo (152) superior, conforme a la cual deben tramitarse como estatutarias aquellas leyes que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y a los procedimientos y recursos para su protección, la Honorable Corte Constitucional ha adoptado criterios restrictivos de interpretación de dicha obligación.

Entre estos criterios restrictivos está en primer lugar aquel conforme al cual sólo cuando la ley en cuestión afecte el núcleo esencial de dichos derechos y deberes superiores, debe el Congreso de la República acudir al procedimiento especial previsto en el artículo 153 de la Constitución Nacional.

En este sentido, en la Sentencia C-247 de 1995, la Honorable Corte Constitucional se refirió a este asunto así:

“… en cuanto a los derechos fundamentales, el criterio para definir si se requiere ley estatutaria para la expedición de las normas que tocan con ellos radica, según lo ha expuesto esta Corte, en la verificación de si los preceptos correspondientes afectan el núcleo esencial de aquellos, como cuando se consagran restricciones o limitaciones a su ejercicio, lo que en verdad se traduce en su regulación, claramente aludida en el artículo 152 de la Carta.”.

Un segundo criterio restrictivo de interpretación del artículo 152 de la Constitución Nacional,  ha consistido en señalar que la exigencia de ley estatutaria sólo se aplica a la regulación integral o completa que se haga de las materias mencionadas en dicha norma superior.

Por ejemplo, sobre este segundo criterio restrictivo en la Sentencia C-425 de 1994, la Honorable Corte Constitucional ordenó lo siguiente:

“la Constitución Política de 1991 introdujo la modalidad de las leyes estatutarias para regular algunas materias respecto de las cuales quiso el Constituyente dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial de su constitucionalidad.”.

También en relación concreta con la regulación de los derechos fundamentales, un tercer criterio de interpretación restringida del literal (a) del artículo (152) de la Constitución ha consistido en decir que sólo se sujetan al trámite estatutario aquellas iniciativas cuyo objeto directo sea desarrollar el régimen de los derechos  fundamentales o de alguno de ellos en particular.

Sobre este asunto, en la Sentencia C-013 de 1993, la Honorable Corte Constitucional ordenó lo siguiente:

“las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos.

Así las cosas, si la reserva de ley estatutaria opera solo para aquellas leyes cuyo objeto directo es desarrollar la regulación de los derechos fundamentales, y en sentido contrario debe entenderse que; “si el objeto de la ley es regular materias relacionadas con un derecho fundamental, pero no el derecho fundamental en sí mismo, el trámite de ley estatutaria no es requerido.

Por último, el cuarto criterio de interpretación restringida al que ha acudido la Corte para interpretar el artículo 152 de la Constitución ha sido el referente a que; “solamente se requiere de este trámite especial cuando la ley regula de manera integral un mecanismo de protección de derechos fundamentales, y siempre que se trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental.”

Ahora bien, también es importante significar que, tratándose concretamente de leyes relativas a derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional no ha concedido el mismo peso o valor a cada uno de los anteriores criterios restrictivos de interpretación en materia de reserva ley estatutaria, sino que le ha dado mayor importancia a aquel según el cual, sólo cuando la regulación toca con el núcleo esencial de alguno de estos derechos, se activa la exigencia a que alude el artículo (152) superior.

Sobre este asunto la Honorable Corte Constitucional Corte ordenó lo siguiente:

“Identificada esta pluralidad de criterios, la Corte pasa a estudiar la tercera de las preguntas planteadas, relativa al peso de cada criterio. Tanto en materia de derechos fundamentales como de administración de justicia esta Corporación ha considerado determinantes aquellos criterios que recaen sobre aspectos esenciales de la materia sometida a la reserva de ley estatutaria, como son la afectación del núcleo esencial de los derechos, la limitación de las garantías para su ejercicio o la regulación de los aspectos esenciales de la administración de justicia.

“Así, en materia de derechos, como quiera que cualquier regulación guarda relación, así sea remota, con un derecho fundamental, para la Corte ha sido determinante para la definición de la reserva de ley estatutaria que la norma en cuestión afecte el núcleo esencial del derecho fundamental, ya sea porque limite o restrinja su ejercicio o porque regule los elementos esenciales para su garantía a través de los mecanismos y recursos para su protección.

“Esa misma jurisprudencia también permite observar que cuando se trata de derechos fundamentales y concurren varios criterios materiales, la Corte ha hecho, caso por caso, una ponderación entre ellos y ha considerado determinante la afectación del núcleo esencial. Por eso si una norma no regula integralmente un derecho pero sí afecta su núcleo esencial, debe ser de ley estatutaria.”. (Subrayas fuera del original)

Recordada a grandes rasgos la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional relativa a cuándo opera la reserva de ley estatutaria a que alude el artículo 152 de la Carta Política, pasa ahora el interviniente a concretar el cargo de inconstitucionalidad  por vicio de competencia.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta, que la ley 1425 del año 2010, derogó todos los incentivos económicos en las acciones populares, con el fin de descompensar económicamente su ejercicio y desestimular la participación masiva de la comunidad en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta los antecedentes legislativos de la ley 1425 del año 2010, a fin de indagar sobre el propósito que animó al Congreso al expedirla. Al respecto encuentra el interviniente que la iniciativa legislativa fue presentada por el Gobierno Nacional y en la exposición de motivos correspondiente a esta iniciativa, el Gobierno sostuvo que resultaba necesario aprobarla; “Porque las condenas en contra del Estado por incentivos económicos en las acciones populares, eran las causantes del actual déficit presupuestal para las Entidades Territoriales del Estado”.

En este orden de ideas, el interviniente  observa que los antecedentes legislativos de la Ley 1425 del año 2010,  permiten concluir que el propósito original del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República, era precisamente descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares para poder desestimular la participación masiva de la comunidad en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, a fin de proteger el presupuesto de las entidades territoriales del Estado Colombiano.

Visto lo anterior, el interviniente y coadyuvante estima,  que la materia de Ley 1425 del año 2010, si corresponde a aquellas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Constitución Nacional, exigen trámite de ley estatutaria. Porque  dicha Ley reguló el núcleo esencial de protección de todos los Derechos e intereses colectivos, pues su objeto directo es consagrar graves restricciones o limitaciones al ejercicio de estos derechos, a fin de proteger el presupuesto de las entidades territoriales del Estado Colombiano

Recuérdese en este punto, que el núcleo esencial de un derecho ha sido definido por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional como “la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”. Y, precisamente en el presente caso de la ley 1425 del año 2010, el Congreso de la República de Colombia realizó una grave restricción y limitación a las acciones populares que las hace impracticables, además, desnaturalizó su ejercicio y desestimuló su necesaria protección por parte de la comunidad.

Entonces, visto que el objeto de la ley es precisamente restringir el ejercicio de las acciones populares y la protección de todos los derechos e intereses colectivos, desestimulando la participación de la comunidad; el Coadyuvante e interviniente concluye que verdaderamente estamos ante una normatividad que afecta el núcleo esencial de protección de todos los derechos humanos fundamentales de tercera generación.

Recordemos que según la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional; “solamente se requiere de este trámite especial cuando la ley regula de manera integral un mecanismo de protección de derechos fundamentales,  y siempre que se trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental”; Y, la ley 1425 del año 2010, derogó de manera integral los incentivos económicos en las acciones populares, que eran un mecanismo jurídico necesario e indispensable para la defensa, protección y reivindicación de todos los derechos e intereses colectivos, que son derechos humanos fundamentales de tercera generación; Además, se trata de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de derechos fundamentales que también son considerados colectivos, como por ejemplo el medio ambiente sano.

Así, en materia de derechos colectivos, como quiera que cualquier regulación de estos guarda alguna relación, así sea remota, con un derecho fundamental, es necesario significar que para la Corte ha sido determinante para la definición de la reserva de ley estatutaria, que la norma en cuestión afecte el núcleo esencial de un derecho fundamental, ya sea porque limite o restrinja su ejercicio o porque regule los elementos esenciales para su garantía a través de los mecanismos y recursos para su protección.

En este orden de ideas, en el presente caso está planamente demostrado, que los artículos 1ro y 2do de la ley 1425 del año 2010, afectan el núcleo esencial de los Derechos e intereses colectivos, que incluyen varios derechos fundamentales; porque se consagraron expresas restricciones y limitaciones a su ejercicio, lo que en verdad se traduce en su regulación estructural, claramente aludida en el artículo (152)  de la Constitución Nacional.

Así pues, en concepto del interviniente, la materia de la Ley 1425 del año 2010,  corresponde a aquellas que, conforme a lo dispuesto por el artículo (152) de la Carta Política, exigen el trámite riguroso de una  ley estatutaria. Pues, la ley acusada reguló un aspecto  estructural de las acciones populares que obstaculiza y limita el futuro desarrollo, ejercicio y  protección de los derechos e intereses colectivos, como lo es, el estímulo económico que estaba consagrado para compensar justamente su ejercicio y garantizar la participación de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.