INCENTIVO ECONOMICO

El problema que se plantea a la Honorable Corte Constitucional en las demandas de inexequibilidad, es que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República de Colombia, a fin de descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y desestimular la participación masiva de los ciudadanos en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, han aprobado, sancionado y promulgado la ley 1425 del año 2010, derogando en su totalidad los incentivos económicos consagrados en los artículos 39 y 40 de ley 472 de 1998: Argumentando, que se han creado y organizado  personas jurídicas, ciudadanos y abogados, especializados en demandar acciones populares en contra del Estado Colombiano, los cuales, no actúan motivados por su espontáneo deber de solidaridad y buscando la prevalencia del interés general, sino, buscando la promoción de su bienestar propio con el cobro de los incentivos económicos establecidos en la ley: Lo que en  palabras del propio Presidente de la República Dr., JUAN MANUEL SANTOS, convierte a todos los Actores Populares en  “Avivatos” y  “Caza Recompensas”, que le ocasionan injustificadamente un grave impacto financiero a las Entidades Territoriales del Estado Colombiano.

Por lo cual, consideran y argumentan los respetados ciudadanos demandantes; se ha generado un grave retroceso jurídico en materia de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia; se ha atentado gravemente contra el Buen Nombre y el Derecho Fundamental a la Dignidad de los Actores Populares; y se han vulnerado el preámbulo y todos los derechos, fines, principios, valores y garantías fundamentales consagradas en los artículos 1, 2, 4, 8, 13, 72, 79, 82, 83 y 88 de nuestra Constitución Nacional.

En este orden de ideas, nuestra Fundación considera que la ley 1425 del año 2010, es contraria al preámbulo de nuestra constitución nacional y todos los derechos, principios, valores y garantías constitucionales; pues, nuestra Carta Política no acoge en su preámbulo y contenido, un modelo ético privilegiado en materia de “Solidaridad”; sino, que por el contrario, en razón a que se trata de un Estado democrático y fundado en los principios del pluralismo, la participación, la solidaridad y la prevalencia del interés general, las instituciones jurídicas colombianas están permanentemente abiertas a todas las posibilidades éticas que le sean compatibles, útiles y necesarias, para poder compensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y estimular la masiva participación de los ciudadanos en el cumplimiento de los fines sociales del Estado y la protección judicial de los derechos e intereses colectivos.

Como lo ha manifestado reiteradamente nuestra Honorable Constitucional, es un deber del Estado y de los particulares el actuar solidariamente. Pero, como la solidaridad tiene tantos motivos o causas para su ocurrencia en una sociedad, no es de esperar por parte del Estado y los particulares, que ella siempre surja, aflore o despunte por generación espontánea en el seno de la sociedad civil; dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita, fortuitamente es una fuente de solidaridad en nuestra sociedad, también se debe reconocer que ésta debe ser permanentemente inducida, promocionada, patrocinada, premiada, compensada y estimulada por el Estado: Por ejemplo,  en orden a poder garantizar que efectivamente se ejerciten las acciones populares y que exista una masiva participación de la sociedad civil en la protección preventiva, participativa y solidaria de sus sagrados derechos e intereses colectivos.

Al respecto y sobre el mismo tema de los incentivos económicos en las acciones  populares, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-459/04, ya había ordenado lo siguiente:

SOLIDARIDAD- Puede ser inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado

“Teniendo la solidaridad tanto móviles para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social.  Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas.”

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