"CAZA RECOMPENSAS"

En mi calidad de ciudadano colombiano, respetuosamente considero que el artículo 1ro de la ley 1425 del año 2010, por medio del cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, es totalmente inexequible; porque vulnera el artículo (13) Trece de la Constitución Nacional, en razón, a que desconoce que todas las personas en Colombia nacen  iguales ante la ley, deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y deben gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Ahora bien, respecto de éste cargo, en primer lugar es necesario identificar el grupo de ciudadanos que considero están recibiendo un trato diferenciado e injusto por parte de la ley 1425 del año 2010; Que en mi concepto, son los Actores Populares y las Organizaciones Cívicas, Comunitarias, Populares y similares, que de conformidad con el artículo 81 de la ley 472 de 1998, precisamente se motivaron, crearon y autorizaron, para garantizar la protección preventiva de los derechos e intereses colectivos.

Este grupo de personas está recibiendo un trato injusto, diferenciado y desproporcionado, respeto de otro grupo de ciudadanos denominado los “Informantes de la Fuerza Pública”, a los cuales, el Congreso de la República no les ha derogado los incentivos económicos otorgados por su colaboración en la protección del derecho colectivo a la seguridad ciudadana y continúan teniendo derecho a recibir multimillonarias recompensas, rebajas de penas, cambios de identidad y hasta traslados al exterior, simplemente por denunciar ante la fuerza pública a delincuentes, paramilitares y guerrilleros.

Es absolutamente claro en la exposición de motivos de la ley 1425 del año 2010, que la misma se expidió para desestimular la participación masiva de los Actores Populares en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos, como la seguridad ciudadana, en razón, a que supuestamente existían abogados, actores populares y organizaciones cívicas y populares, especializadas en demandar al Estado para cobrar los incentivos económicos en las acciones Populares., Inclusive, acusándolos públicamente de “caza recompensas” y “avivatos”.

Entonces, esta situación ha generado un tratamiento desigual a los Actores Populares en la ley 1425 del año 2010, que resulta inconstitucionalmente injustificado, desproporcionado e irrazonable, frente al tratamiento que le da el legislador a otro grupo de ciudadanos, conocidos como los “Informantes o colaboradores de la fuerza pública”, a quienes no se les han derogado los incentivos económicos y continúan gozando de multimillonarios incentivos y recompensas económicas, para que entreguen, vivos o muertos, a los integrantes de grupos criminales, como si fueran verdaderos mercenarios y “Caza Recompensas” del Estado.

Recordemos, que éste grupo de personas llamado por la ley los “Informantes”, solo denuncian en busca de los incentivos económicos, no actúan solidariamente con el Estado y son  verdaderos “caza recompensas”: Los cuales, son responsables de haber generado miles de casos de falsos positivos, crímenes y desapariciones en Colombia. Resultando manifiestamente injusto y desproporcionado, que se deroguen los incentivos económicos para los solidarios actores populares, por ser supuestamente unos “Caza Recompensas”, pero, si se mantengan las normas que consagran millonarias recompensas para los informantes de la fuerza pública, que son los verdaderos “Caza Recompensas del Estado Colombiano” y los peligrosos causantes de los “Falsos Positivos”.

El demandante considera que éste tratamiento desigual del legislador, entre los grupos de actores populares e informantes de la fuerza pública, resulta inconstitucionalmente injustificado; pues, de conformidad con la constitución nacional y la ley 472 de 1998, los actores populares y las organizaciones cívicas y populares, solamente están cumpliendo con un deber solidario y participativo, de garantizar la peligrosa defensa de los derechos colectivos, como la Seguridad Ciudadana, la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público: Resultando manifiestamente injusto, que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República derogarán los necesarios incentivos económicos para los actores populares, simplemente porque estaban cumpliendo eficazmente con su función legal de demandar a las Entidades del Estado y los particulares, que violan y amenazan permanentemente los Derechos e Intereses Colectivos en Colombia: Y, que por el contrario, no derogarán las multimillonarias recompensas e incentivos económicos, establecidos para los verdaderos caza recompensas o informantes de la fuerza pública, que están cumpliendo con la misma labor de colaborar con el Estado en la peligrosa protección del derecho colectivo a la seguridad ciudadana, pero están ocasionando comprobados falsos positivos, muertes y desapariciones.

Es desproporcionado, que a un valiente Actor Popular, que protege permanentemente el medio ambiente, el espacio público, los ecosistemas, el patrimonio público, la moralidad administrativa y la seguridad ciudadana, no se le quiera seguir motivando  adecuadamente con un pequeño incentivo económico, en pesos colombianos, por prestar un servicio solidario para el cumplimiento de los fines del Estado., Máxime, cuando ellos lógicamente requieren de una costosa inversión de tiempo, estudio, conocimiento, trabajo, esfuerzo y dinero, para poder garantizar la protección solidaria de un derecho colectivo como la seguridad ciudadana: Y, por el contrario, desproporcionadamente se continúe motivando, incentivando y recompensando, con multimillonarias sumas de dinero en Dólares, viajes al exterior, cambios de identidad  y atractivos beneficios legales; a informantes de la fuerza pública, que en su mayoría son reconocidos criminales, que no actúan solidariamente sino con un fin particular y que no invierten un solo peso, conocimiento, esfuerzo, estudio, trabajo o tiempo, para proceder a hacer una llamada y denunciar a otro delincuente; supuestamente como una colaboración solidaria con el Estado para garantizar el mismo derecho colectivo a la seguridad ciudadana.

Es absolutamente irrazonable, el desmontar los incentivos económicos en las acciones populares, para desestimular a la comunidad en la masiva presentación de acciones populares, que son absolutamente indispensables para garantizar la peligrosa protección preventiva, participativa y solidaria, de los derechos colectivos como la seguridad ciudadana, el patrimonio público y la moralidad administrativa; Pero, al mismo tiempo, se continúe estimulando por prensa, radio, televisión, internet y volantes, a los informantes de la fuerza pública, para que se ganen las multimillonarias recompensas en dólares por denunciar a criminales y colaborar con el Estado en proteger el mismo derecho colectivo a la seguridad ciudadana. A sabiendas, que estas personas si son verdaderos “caza recompensas”, que actúan motivados por un afán de lucro, que se convierten en un peligro para la sociedad al generar falsos positivos, desapariciones y muertes, y que no aportan un solo peso, estudio, investigación, conocimientos, tiempo, trabajo y esfuerzo, para garantizar protección del derecho colectivo a la seguridad ciudadana.

Por ejemplo; Tenemos el conocido caso de un guerrillero que asesinó a su comandante y le amputó las manos, para posteriormente presentarse en una guarnición militar a cobrar su multimillonario incentivo económico en Dólares; O el de reconocidos guerrilleros que por ayudar a escapar a las personas, que ellos mismos tenían secuestrados por años, se les han pagado millones de dólares, se les han indultado sus crímenes y han sido enviados al exterior con trabajo y nueva identidad.

Estos casos, demuestran que es absolutamente desproporcionado, que a un informante de la fuerza pública se le continúen pagando hasta “Cinco Millones de Dólares” por denunciar a un solo narcotraficante o comandante guerrillero, supuestamente por colaborar con el Estado en garantizar el derecho colectivo a la seguridad ciudadana; Pero, que a un humilde Actor Popular o a una organización cívica, comunitaria o popular,  se les deroguen los incentivos económicos en las acciones populares y no se le quiera continuar compensando con el pago de un pequeño incentivo económico en pesos colombianos, para garantizar la peligrosa protección judicial de derechos colectivos como; la seguridad ciudadana, la moralidad administrativa, el patrimonio público, el espacio público, el medio ambiente, la biodiversidad, las reservas forestales o los ecosistemas.

Recordemos, que los actores populares cuando demandaban peligrosos casos de moralidad administrativa, corrupción, detrimento al patrimonio público o seguridad ciudadana, no recibían ninguna protección policiva del Estado, ni cambio de identidad, ni traslados la exterior, ni beneficios legales, ni multimillonarias sumas de dinero en dólares., Sino, que simplemente se le reconocía el justo incentivo del (%15) por ciento del valor total de los bienes recuperados para el Estado, cuyo pago correspondía realizar al particular responsable: Cuando en realidad, los actores populares no solamente están arriesgando sus vidas e integridad personal y la de sus familias, sino, que además, están invirtiendo valiosos estudios, conocimientos, investigaciones, trabajo, tiempo, esfuerzo y dinero, para poder recuperar bienes para el patrimonio público del Estado, denunciar a los corruptos y garantizar la peligrosa defensa de los derechos colectivos como la seguridad ciudadana.

Es claro en la constitución nacional, el principio de que; “A trabajo igual, salario igual”. Por lo tanto, es injusto, irracional y discriminatorio,  que el Congreso de la República, al grupo de los informante de la fuerza púbica y verdaderos “Caza Recompensas”, no les derogue las normas que establecen multimillonarios incentivos económicos en Dólares y apetecidos beneficios legales, por colaborar con el Estado en defender el derecho colectivo a la Seguridad Ciudadana: Pero, a los actores populares, le derogue las normas que establecen los incentivos económicos para defender similares derechos colectivos como la seguridad ciudadana: Lo cual, genera un tratamiento desigual en la ley, que resulta inconstitucionalmente injustificado, desproporcionado, inconveniente e irrazonable.

Es claro que el legislador puede introducir tratos legales dispares si con ello logra conseguir objetivos constitucionalmente relevantes, siempre y cuando, dichos tratos desiguales resulten ser proporcionados, justificados y sean razonables. Pero, cuando el legislador introduce tratos legales dispares a los incentivos de los actores populares y a los de los informantes de la fuerza pública; a sabiendas de que ambos grupos de ciudadanos están cumpliendo con la misma peligrosa labor solidaria de colaborar con el Estado en la defensa del derecho colectivo a la seguridad ciudadana; éste tratamiento legal de derogar unos incentivos y mantener otros, deviene en manifiestamente injusto, desigual, inmoral, inconveniente e inconstitucional.

Respetuosamente consideró, que  la expresión acusada resulta ser una medida de intervención desproporcionada del Gobierno Nacional y el legislador colombiano, en el ejercicio de la participación masiva de los ciudadanos en la defensa de los derechos colectivos como la seguridad ciudadana, la moralidad administrativa y el patrimonio público; por cuanto no busca la consecución de ningún fin constitucionalmente admisible, sino, que por el contrario, su fin es evitar la masiva presentación de demandas en contra un Estado plagado de funcionarios corruptos y violador de los derechos e intereses colectivos.

Por lo que se concluye, que no existe una razón constitucional admisible, para desestimular a los actores populares para que  no participen de la defensa solidaria de los derechos colectivos, como la seguridad ciudadana, el patrimonio público  y la moralidad administrativa; y por el contrario, la ley si continúe estimulando a los verdaderos “caza recompensas”, para que denuncien criminales a la fuerza pública y obtengan multimillonarias recompensas y beneficios legales del Estado, por colaborar en la protección del mismo derecho a la seguridad ciudadana.

En consecuencia, “Fundacolectivos” considera que el artículo 1ro de la ley 1425 del año 2010, por medio del cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, es totalmente inexequible; porque vulnera el artículo (13) Trece de la Constitución Nacional, en razón, a que todas las personas en Colombia nacen iguales ante la ley, deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y deben gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razón de su actividad solidaria en la defensa de los derechos colectivos como la seguridad ciudadana, el patrimonio público o la moralidad administrativa.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

 

Anuncios