Considero que la ley 1425 del año 2010, es contraria al preámbulo de nuestra constitución nacional y todos los derechos, principios, valores y garantías constitucionales; pues, nuestra Carta Política no acoge en su preámbulo y contenido, un modelo ético privilegiado en materia de “Solidaridad”; sino, que por el contrario, en razón a que se trata de un Estado democrático y fundado en los principios del pluralismo, la participación, la solidaridad y la prevalencia del interés general, las instituciones jurídicas colombianas están permanentemente abiertas a todas las posibilidades éticas que le sean compatibles, útiles y necesarias, para poder compensar económicamente el ejercicio de las acciones populares y estimular la masiva participación de los ciudadanos en el cumplimiento de los fines sociales del Estado y la protección judicial de los derechos e intereses colectivos.

Como lo ha manifestado reiteradamente nuestra Honorable Constitucional, es un deber del Estado y de los particulares el actuar solidariamente. Pero, como la solidaridad tiene tantos motivos o causas para su ocurrencia en una sociedad, no es de esperar por parte del Estado y los particulares, que ella siempre surja, aflore o despunte por generación espontánea en el seno de la sociedad civil; dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita, fortuitamente es una fuente de solidaridad en nuestra sociedad, también se debe reconocer que ésta debe ser permanentemente inducida, promocionada, patrocinada, premiada, compensada y estimulada por el Estado: Por ejemplo, en orden a poder garantizar que efectivamente se ejerciten las acciones populares y que exista una masiva participación de la sociedad civil en la protección preventiva, participativa y solidaria de sus sagrados derechos e intereses colectivos.

Al respecto y sobre el mismo tema de los incentivos económicos en las acciones populares, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-459/04, ya había ordenado lo siguiente:

SOLIDARIDAD- Puede ser inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado

“Teniendo la solidaridad tanto móviles para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas.”

En éste orden de ideas, recordemos, que las acciones populares estaban reguladas hace más de cien años en el código civil colombiano, pero que nunca fueron conocidas y ejercitadas masivamente por la comunidad; Y, que solo hasta que el artículo 86 de la C.P., y los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, establecieron expeditos procedimientos judiciales y generosos incentivos económicos para su ejercicio, fue entonces que se logró difundir su existencia, compensar económicamente su ejercicio y estimular masivamente a la comunidad a participar solidariamente en la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

Y, esto precisamente sucedió, porque la solidaridad no surgía en nuestra sociedad colombiana por la simple espontaneidad, altruismo y generosidad de los ciudadanos, sino, que era necesario motivarla con expeditos procedimientos constitucionales y generosos incentivos económicos, para poder solo así, garantizar el interés general de que la sociedad civil ejercitara las acciones populares y participara masivamente en la peligrosa, compleja y costosa labor de control del poder político, fiscalización de la función pública y defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

Logrando el pueblo de Colombia con este modelo ético pluralista de solidaridad, un significativo e histórico avance en la protección de sus derechos humanos de tercera generación, que en ningún momento puede ser derogado para siempre, por una norma manifiestamente regresiva en materia de protección participativa de derechos económicos, sociales y culturales, que hace impracticables los derechos colectivos consagrados en el artículo 86 de la Constitución Nacional y que desconoce cuál es el verdadero modelo ético de solidaridad que se estableció por parte de la Asamblea nacional constituyente en el preámbulo y contenido de nuestra constitución nacional del año 1991.

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