"JUSTICIA INTERNACIONAL"

El hombre, a fin de satisfacer en forma ordenada sus necesidades personales, tiene que establecer diversos tipos de relaciones jurídicas con los demás seres humanos. En primer término, las que o vinculan con las cosas de la naturaleza, de donde dimanan la propiedad, la posesión y los derechos reales desmembrados. En segundo lugar, las que lo vinculan con sus semejantes, de donde dimanan los derechos de familia, comerciales, penales, etc. Estas relaciones jurídicas son conocidas como derechos subjetivos; Pero, también pueden ser clasificados como “Derechos Humanos de Primera Generación”, porque que son derechos del hombre y nacieron con las primeras épocas de la Humanidad, como por ejemplo con el precitado Códice de “HAMURABI”: Además, estos derechos subjetivos cuentan desde las primeras épocas de la humanidad, con diferentes  y específicas acciones legales ordinarias, para garantizar su efectiva protección por parte del Estado.

Con la revolución francesa, en el año de 1786, surgieron los famosos derechos del hombre, o “Derechos Humanos”, los cuales son inherentes a la persona humana y deben ser respetados por el Estado y los particulares, para asegurar la aplicación de los nuevos principios democráticos de libertad, igualdad y fraternidad, entre todos los seres humanos: Este tipo de derechos Constitucionales, se les conoce doctrinaria y jurisprudencialmente, como derechos humanos de segunda Generación y cuentan para garantizar su protección efectiva por parte del Estado, con las famosas Acciones constitucionales de Tutela.

En Colombia, con la expedición del artículo 88 de la Constitución Nacional del año 1991 y la ley 472 de 1998, surgieron los nuevos “Derechos e Intereses Colectivos”, que son conocidos por todos los doctrinantes y la jurisprudencia, como “Derechos Humanos de Tercera Generación”, por ser posteriores a los Derechos Humanos Fundamentales de Segunda Generación. Estos derechos cuentan para su efectiva protección por parte del Estado, con las acciones populares, las acciones de grupo y los incentivos económicos.

Ahora bien, las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Pero  estas acciones constitucionales solo las podemos ejercitar los Actores Populares Colombianos, en nuestro territorio nacional, ante las autoridades judiciales de la República de Colombia y por hechos que sucedan dentro de nuestras fronteras territoriales: Quedando supuestamente sin posibilidad de protección, los derechos e intereses colectivos universales, que también están siendo gravemente vulnerados por fuera de nuestras fronteras, por otros Estados soberanos y  por otras personas jurídicas o naturales extranjeras, quienes igualmente están deteriorando la calidad de vida de todos los seres humanos, degradando nuestro medio ambiente y colocando en inminente peligro la supervivencia misma del Planeta Tierra.

Recordemos, que la gran responsabilidad por la contaminación del planeta tierra, la tienen poderos Estados y multinacionales extranjeras, pues, por su elevado desarrollo económico, tecnológico e industrial, son ellos quienes atentan diariamente contra; El goce de un ambiente sano; La existencia del equilibrio ecológico; El manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; La conservación de las especies animales y vegetales; La protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; La defensa del patrimonio cultural de la Nación; La seguridad y salubridad públicas; La libre competencia económica; La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; etc.

Por ejemplo, está caso del invaluable “Tesoro Quimbaya”, que fue regalado a un país extranjero, por un presidente de la República de Colombia, a pesar de ser considerado un patrimonio cultural de la Nación, que tiene el carácter de ser inalienable, imprescriptible e inajenable; O el caso de los tesoros egipcios o árabes que se encuentran exhibidos en museos de países extranjeros, porque fueron usurpados durante la primera y segunda guerra mundial; O el caso de la Piedra Lunar, que conserva en su casa la distinguida esposa de un ex presidente de la República de Colombia; O el caso de la contaminación ambiental a nuestra órbita geoestacionaria con satélites, armas y residuos de agencias espaciales extranjeras; O el caso de la contaminación al medio ambiente de las grandes empresas tabacaleras; O el impacto a la salud humana de las grandes cadenas de restaurantes de comida chatarra y las industrias farmacéuticas; O la contaminación al medio ambiente por el uso y ensayo de armas nucleares; O el impacto a los mares y su biodiversidad por el derrame de petróleo proveniente de buques y plataformas petroleras; O el grave daño a la biodiversidad con pruebas genéticas y alimentos transgénicos; O el grave daño al planeta por la destrucción de la capa de ozono; O el grave daño causado a nuestros nevados, glaciares y su biodiversidad, por el sobrecalentamiento del Planeta Tierra: Como por citar algunos ejemplos que son de público conocimiento.

Entonces, para nuestra fundación, no pueden quedar impunes estas conductas y sin posibilidad de ser judicializadas por cualquier ciudadano del Planeta Tierra y en su Estado de origen, cuando quiera que están vulnerando y poniendo en inminente peligro, “Derechos colectivos universales” o “Derechos Humanos de Cuarta Generación”, que precisamente garantizan la supervivencia misma del Planeta Tierra y de todos los Seres Vivos. Es decir, el hecho de que no exista una Declaración Internacional de los Derechos Humanos Colectivos o una Corte Internacional de Derechos e Intereses Humanos Colectivos, no quiere decir que los Ciudadanos y Organizaciones defensoras de derechos humanos en nuestro país, no contemos con otros mecanismos judiciales, nacionales e internacionales, que nos permitan demandar en la República de Colombia y vincular a los presuntos responsables en nuestro territorio nacional, por intermedio de las Embajadas, Consulados, Agencias y Sucursales que tengan establecidas en nuestro país; Todo, con miras a que primero sean juzgados por los Jueces y Tribunales Competentes en nuestro país, y posteriormente, se solicite la homologación de la correspondiente Sentencia, ante los Jueces o Tribunales semejantes y competentes en Estado de origen del Demandado. Esta figura se conoce en el derecho internacional comparado, como  el “Exequatur”.

Es claro que el ejercicio de la Soberanía de cualquier Estado, fluye principalmente de la imposición del derecho objetivo dentro del territorio sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Pero también, es un hecho notorio y de público conocimiento, que la cada vez más creciente interrelación entre los diferentes Estados del mundo y sus correspondientes connacionales, exige que la rigidez de ese principio de soberanía judicial, se vea morigerado o atemperado con el reconocimiento excepcional de la efectividad de los fallos extranjeros al interior de otro Estado. En el caso de la República de Colombia, tal principio y su excepción son plenamente aplicables, a condición de que en el Estado de procedencia de la sentencia foránea, se le otorgue igual fuerza a las sentencias judiciales dictadas por los jueces nacionales, en virtud de tratados internacionales suscritos entre Colombia y el país de origen del acto jurisdiccional; cumplida esta condición, entonces se puede demandar el reconocimiento u homologación de la Sentencia, método conocido como de reciprocidad diplomática: O, ya en defecto de aquel, mediante la verificación de que la ley sustancial y procedimental, del Estado del que proviene la Sentencia, si le otorga a los fallos colombianos iguales efectos, en claro desarrollo del principio internacional de reciprocidad judicial y legislativa, método conocido como el “Exequatur”.

En desarrollo de este principio de reciprocidad judicial internacional, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, ordenó lo siguiente; “Efectos de las Sentencias Extranjeras. Las Sentencias y las providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia.”

En tal sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, ha expresado lo siguiente: “… Será procedente el exequátur si se acredita la existencia de reciprocidad legislativa o la de la reciprocidad diplomática por parte del Estado extranjero, criterio reiterado por la Corte, entre otras, en sentencias de 26 de noviembre de 1984 y 19 de diciembre de 1992, en la primera de las cuales se expresó que “según los alcances del artículo 693 antes trascrito, se tiene que en Colombia en materia de exequátur se escogió el sistema combinado de reciprocidad diplomática con la legislativa, lo cual se traduce en que prioritariamente debe atenderse a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en nuestro territorio nacional; a falta de derecho convencional se impone, entonces, acoger las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza concebida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia por sus jueces”. (G.J. Tomo CLXXVI, No. 2415, 1984, pág. 309)” .

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, es la entidad nacional encargada de certificar si existe o no, un tratado internacional entre Colombia y el Estado de origen de la Sentencia que se quiere homologar, que regule el reconocimiento de reciprocidad legislativa o diplomática, a las Sentencias proferidas por las autoridades judiciales de ambos Estados.

En éste orden de ideas, si un Estado Soberano o una persona natural o jurídica de ése Estado, está vulnerando derechos e intereses colectivos, que ponen en inminente peligro la calidad de vida de todos los seres humanos, el equilibrio del medio ambiente o la supervivencia del Planeta Tierra; Para nuestra Fundación es lógico, posible y legal, que cualquier ciudadano o persona jurídica del Estado Colombiano, pueda demandar a ése Estado o a cualquier persona natural y jurídica originaria de ése Estado, por intermedio de sus respectivas embajadas, consulados, multinacionales, agencias o sucursales en Colombia: Para que ante nuestros Jueces Competentes, responda por sus hechos, actos, acciones y omisiones, que están violando o poniendo en peligro, derechos universales colectivos o Derechos Humanos de Cuarta Generación: Teniendo especial cuidado, de oficiar primero a la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, para que certifique si existe o no, un tratado internacional entre Colombia y el Estado soberano donde se están vulnerando los Derechos e Intereses Colectivos, que regule el reconocimiento de reciprocidad legislativa o diplomática, a las Sentencias proferidas por las autoridades judiciales competentes de conocer las acciones populares, en ambos Estados. Además, para que certifique si determinado Estado Soberano o persona natural o jurídica de ése Estado, tiene domicilio en Colombia o embajadas, consulados, multinacionales, agencias o sucursales, legalmente establecidas.

El desarrollo social y moral del ser humano no ha sido nunca opaco al desarrollo de las nuevas realidades técnicas y científicas. Dichas realidades se constituyen en condición de posibilidad para el cambio social, el surgimiento de nuevos valores, la aparición de nuevos paradigmas éticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas formas de organización social. Es por esa razón, que los Actores Populares debemos reflexionar constantemente, sobre el grave daño que se genera al planeta por la relación existente entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. Resulta evidente constatar que la tecnología está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual, y que el mundo ha cambiado de forma sustancial a partir de ese impulso. Pero también debemos entenderlo como un fenómeno multidimensional que proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades morales, psicológicas y sociales. Es por esta razón, que es necesario considerar dos programas de acción distintos pero convergentes. El primero, de carácter teórico, estudia la forma de como los actores populares podemos utilizar la tecnología que está modelando la identidad y la conciencia humanas, para garantizar la defensa de los derechos colectivos universales; recordemos que los nuevos medios técnicos extienden el ámbito de la expresión y la comunicación a otros espacios cibernéticos hasta ahora vedados a los individuos: El segundo objetivo es de carácter práctico, y nos previene frente a la necesidad de elaborar jurisprudencia nacional, que reconozca  los derechos e intereses colectivos de Cuarta Generación y la posibilidad de que puedan ser demandados en cualquier lugar del mundo.

Analizar este nuevo marco social, nos obliga a tomar otro punto de la historia, como partida de la evolución de los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos de primera generación, entonces son aquellos que inciden sobre la expresión de libertad de los individuos y proceden de la tradición constitucionalista liberal. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, a saber, el de los Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la dignidad de la persona, y a su autonomía y libertad frente al estado, su integridad física, las garantías procesales, son derechos que tienen como soporte la filosofía de la ilustración y las teorías del contrato social. Fue el constitucionalismo y el liberalismo progresista quienes impulsaron la inclusión de dichos derechos en las constituciones de los estados nacionales europeos durante siglo XIX, favoreciendo así la universalización de los derechos civiles y políticos básicos. Se limitaron así los poderes del Estado frente los individuos, estableciendo un equilibrio entre institución y ciudadano.

Los derechos de segunda generación, se incorporan a la historia a partir de una tradición del pensamiento humanista y socialista; Estos ya son de naturaleza económica y social, e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos. Los derechos de primera generación defendían a los ciudadanos frente al poder del Estado, pero ahora se exige cierta intervención del estado para garantizar un acceso igualitario a los derechos anteriormente citados, es decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por las ventajas y desventajas de clases, etnia y religión, que caracterizan las diferencias sociales de los individuos desde su propio nacimiento. Se pedía así que el Estado garantice el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la protección social, etc., creando las condiciones sociales que posibiliten un ejercicio real de las libertades en una sociedad donde no todos los hombres nacen iguales.

En éste orden de ideas, los llamados “Derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación, que se concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, su motor impulsor será la acción de determinados grupos sociales que reclaman legítimos derechos colectivos. Se comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados, grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del Tercer Mundo, todos ellos afectados por alguna de las múltiples manifestaciones de la discriminación económico social. En las dos últimas décadas del siglo que ya hemos abandonado, estos derechos fueron cobrando un papel cada vez más importante, y gracias a ellos, se ha desarrollado el concepto de Derechos Colectivos, para garantizar el respeto y la conservación de la biodiversidad del planeta, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio público, el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, etc. Estas políticas radicales, son el reconocimiento de un contexto social en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar nuevos instrumentos jurídicos que garanticen el acceso universal a formas más avanzadas de ciudadanía y civilidad, de libertad y de calidad de vida, de solidaridad y participación.

La globalización económica, la Globalización digital, la integración del mundo a través de la extensión universal de los medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los constantes flujos migratorios, son claros síntomas de que algo sustancial está cambiando en el Planeta Tierra y de la necesidad de crear nuevos instrumentos jurídicos internacionales que garanticen la defensa de los derechos e intereses colectivos.

Entonces, comienzan a reivindicarse con fuerza los derechos colectivos universales o de cuarta generación, para  que podamos intervenir desde instituciones privadas, sin ánimo de lucro y de carácter supranacional, en los modernos conflictos económicos, tecnológicos e industriales, que actualmente le están ocasionando un grave daño al medio ambiente y el Planeta Tierra. Todos los ciudadanos del mundo ya podemos intervenir en las decisiones de los Estados para escoger modelos de desarrollo sostenible, que protejan la biodiversidad y que permitan preservar el medio ambiente natural, así como el patrimonio cultural de la humanidad. El derecho a un entorno multicultural y mundial, que supere el concepto de soberanía, haciendo de la diferencia una ventaja y no un inconveniente, con miras a garantizar la supervivencia del planeta tierra.

Las nuevas condiciones y posibilidades tecnológicas, permiten que se vayan cristalizando nuevos derechos colectivos universales, que aspiran a concretarse en Declaraciones de Derechos Colectivos Universales, como aconteció con las anteriores de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, se reivindicaría el derecho de toda la humanidad a un desarrollo sostenible que permita preservar el medio ambiente natural, la calidad de vida de toda la humanidad y la descontaminación del Planeta Tierra; Este conjunto de derechos humanos colectivos, va tomando forma en las últimas décadas, y abre el camino para un gran reto de los Futuros Actores Populares: Pues, son las nuevas formas jurídicas, que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación, en el moderno entorno del ciberespacio, la digitalización y la globalización, es decir, en el mundo de la cuarta generación de los derechos humanos.

En conclusión, actualmente ya existe una cuarta generación de derechos humanos. Estos nuevos derechos obedecen a la necesidad de concebir a la humanidad como un sola familia y que todos sus miembros deben sumar esfuerzos para su bienestar global, y si cualquier integrante de ese cuerpo está lesionado o e peligro, ello inevitablemente redundará en el sufrimiento de todos los  demás seres humanos. Esta nueva generación de derechos, es el resultado del inevitable desenvolvimiento de la organización política social, hacia nuevas formas de participación ciudadana cada vez universales, solidarias y democráticas.

Por estas razones, nuestra fundación en la actualidad está realizando urgentes peticiones, consultas, investigaciones y juiciosos estudios jurídicos sobre el tema, con miras a tratar de garantizar el acceso judicial en Colombia, a todos aquellos Actores Populares u organizaciones cívicas comunitarias, que quieran participar solidaria y desinteresadamente, de la preventiva protección de estos derechos colectivos universales o derechos humanos de cuarta generación; Con la absoluta confianza, que si estas primeras Acciones Populares, son entendidas por todos los demandados como acciones constitucionales de derechos humanos, son coadyuvadas oportunamente por la comunidad, son respaldadas por las autoridades públicas de la República de Colombia, son presentadas con un respaldo probatorio contundente y son tramitadas diligentemente por todos los Jueces y Tribunales competentes; Entonces, estas acciones populares tendrán una oportunidad histórica de ser falladas a favor de los derechos colectivos universales, para que posteriormente, se pueda solicitar su homologación internacional, ante los Estados, Jueces y Tribunales Competentes.

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

 

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