En mi calidad de ciudadano colombiano, respetuosamente considero que los artículos (1ro) y (2do) Segundo de la ley 1425 del año 2010, por medio del cual se derogaron los incentivos económicos en las acciones populares y todas las disposiciones que le sean contrarias, son totalmente inexequibles; por violar el derecho fundamental de la buena fe (Art 83 C.P), el principio de la confianza legítima en el Estado y el principio “Venire Contra Factum Propium”.

Es claro que el sagrado derecho constitucional a la buena fe, se presenta en el campo de las relaciones Administrado y administración, en donde juega un papel  trascendental, no sólo en el ámbito del ejercicio de los derechos y la participación ciudadana, sino, en el de la constitución de las relaciones jurídicas y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Y comporta,  la necesidad de una conducta leal y honesta, aquella conducta que, según la estimación del común de la gente, puede solo esperarse de una persona natural o jurídica honrada.

La aplicación constitucional del principio de la buena fe, permite al administrado tener la confianza en que el Estado no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Por lo tanto, el demandante considera que la ley 1425 del año 2010, vulnera la buena fe y la confianza legítima en el Estado, pues, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares, le está imponiendo a los actores populares y las organizaciones cívicas, comunitarias y populares, dedicadas a la permanente protección de los derechos e intereses colectivos, de conformidad con el art 61 de la ley 472 de 1998., Una nueva carga excesiva y desproporcionada, al tener que activar el aparato judicial para defender los derechos e intereses colectivos, sin derecho a compensación futura alguna por su peligrosa y onerosa labor solidaria en beneficio de la sociedad; a sabiendas que, sólo arriesgando sus propias vidas, superando dificultades económicas extraordinarias y poniendo en peligro lo necesario para su congrua subsistencia, esta nueva carga podrá ser cumplida eficazmente por los actores populares y las organizaciones comunitarias. Entonces, éste desconocimiento constitucional del principio de la buena fe, ocasiona que los actores populares y organizaciones cívicas, pierdan la confianza legítima en la administración pública, que al derogar los incentivos económicos en las acciones populares, les está exigiendo más de lo que era estrictamente necesario para la realización de los fines públicos de garantizar el control del poder político, fiscalizar la función pública y ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

Esa confianza legítima en el Estado, producto de la buena fe, que llevó a los ciudadanos colombianos a constituir organizaciones cívicas, populares y similares, para participar masivamente en la defensa de los derechos colectivos, al tenor de los artículoss 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998; es precisamente la que en un Estado Social de Derecho, explica la necesaria y permanente coadyuvancia, motivación y colaboración, que el Estado Colombiano debe brindar solidariamente a los actores populares, para poder solo así, garantizar la defensa y protección preventiva de los derechos e intereses colectivos; sin que estos incentivos o motivaciones económicas, signifiquen una recompensa, donación, reparación o indemnización por su solidaria labor, como tampoco desconocimiento del principio del interés general.

Por otra parte, cuando la confianza legítima en que un procedimiento judicial será adelantado y culminado de conformidad con las reglas que lo regulan, es intempestivamente vulnerada por el legislador, se presenta una violación al derecho fundamental del debido proceso (art. 29 C.P.), en la medida, en que este derecho comprende la garantía de que las decisiones adoptas por la administración pública, lo serán de tal manera que siempre se respeten las primeras reglas de juego, que para éste caso específico estaban establecidas en el marco legal de los artículos 39 y 40 de la ley 472 del año 1998; En tal sentido, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares, se desconoció que la Constitución misma dispone que una de las reglas principales que rigen las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas, es la de que ambos, en sus actuaciones, siempre deberán ceñirse a los postulados de la  buena fe (art. 83 C.P.)

En el presente caso, el demandante considera que la ley 1425 del año 2010, vulneró la Confianza Legítima en el Estado, como medida de protección a los administrados, cuando en el acto de derogación de los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, impuso para los actores populares y las organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares, dedicadas a la defensa judicial permanente de los derechos e intereses colectivos, un sacrificio patrimonial que no estaba establecido en la ley que los incentivó a su creación y funcionamiento; el cual, merece un tratamiento especial, en comparación del que pueda derivarse para el resto de la Colectividad.

Es claro que el principio de la Confianza Legítima en el Estado, no impide al legislador,  modificar y derogar las normas sobre acciones populares, con el fin de adaptarlas a las nuevas exigencias del interés público: pero si, lo obligaba a garantizar su eficaz protección, en caso de una alteración sensible de las situaciones jurídicas en cuya durabilidad podían legítimamente confiar los actores populares motivados e incentivados por los artículos 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998, a crear organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares, dedicadas a la defensa permanente de los derechos colectivos: Esa intempestiva y perjudicial modificación legal, obligaba al Estado a proporcionarles a los actores populares y organizaciones populares, en todo caso, tiempo, recursos y medios, para poder reequilibrar su posición, garantizar su funcionamiento y adaptarse a la nueva situación jurídica, lo que dicho de otro modo, implicaba buscar una justa solución a los cambios bruscos adoptados por el legislador  por sorpresa y sin las cautelas necesarias. So pena, de que la ley devenga en manifiestamente inconstitucional, por violar el derecho fundamental de la buena fe y el principio de la confianza legítima en el Estado..

En este orden de ideas, el demandante respetuosamente considera, que el conflicto entre el deber del Estado de proteger sus finanzas públicas y el derecho de los Actores Populares a participar en el control de la función pública, garantizar la defensa de los derechos colectivos  y obtener un justo incentivo por la procedencia de sus solidarias acciones populares;  De buena fe, debió ser resuelto en favor de los Actores Populares y de las organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares, dedicadas a garantizar la defensa judicial permanente de los derechos e intereses colectivos; En razón, del interés constitucional y general, en que se fundamenta el principio de la participación democrática de los ciudadanos en la solución de los graves problemas sociales que los afectan.

En éste orden de ideas, el demandante considera que el Estado Colombiano, en su política de desmonte y derogación de los incentivos económicos en las acciones populares, actuando de buena fe, debió poner en ejecución mecanismos alternativos, para poder incentivar  a la comunidad a que continúe participando masivamente en el control de la función pública y en la defensa de los derechos colectivos; y para que los Actores Populares y las organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares, dedicadas a garantizar la defensa judicial permanente de los derechos e intereses colectivos, que se vieran gravemente  perjudicadas con el desmonte de los incentivos económicos en las acciones populares, pudieran continuar desarrollando normalmente su valiosa función al servicio de la comunidad.

Del libre ejercicio de las acciones populares y de sus necesarios incentivos económicos, depende la subsistencia de miles de actores populares y organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares, dedicadas a garantizar la defensa judicial permanente de los derechos e intereses colectivos, de conformidad con lo expresamente ordenado los artículos 29, 40 y 81 de la ley 472 de 1998. Por lo tanto, cuando el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, se propusieron derogar los incentivos económicos en las acciones populares, perjudicando a los Actores Populares y personas  jurídicas titulares de permisos, licencias y autorizaciones concedidas por el propio Estado para garantizar la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos; entonces debió diseñar y ejecutar otro adecuado y razonable plan de incentivos económicos, de manera que se conciliaran en la práctica los intereses en pugna y se pudiera continuar garantizando el normal funcionamiento de estas organizaciones cívicas y la participación masiva de la comunidad en la defensa de los derechos e intereses colectivos.

Recordemos que el artículo 81 de la ley 472 de 1998, ordena que; las autoridades estarán obligadas a colaborar y facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos. De igual modo se colaborará con las demás organizaciones que se funden con la misma finalidad, por los ciudadanos.”

Por lo anteriormente escrito, es claro que el Estado colombiano al expedir la ley 1425 del año 2010, no está colaborando, ni facilitando la creación y el funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y similares, que se establezcan o se establecieron por iniciativa de la comunidad para garantizar la defensa de los derechos e intereses colectivos; Pues, expidió la ley con el claro fin de derogar todos los incentivos económicos en las acciones populares y desmotivar la participación ciudadana en el control de la función pública y la defensa de los derechos e intereses colectivos, lo cual, es una sentencia de muerte para las organizaciones cívicas constituidas con dicho fin Estatal.

Es claro que Constitucionalmente, la buena fe ha pasado de ser un simple principio general del derecho, para convertirse en un postulado esencial de la constitución (C.P. art. 83). Por lo tanto, éste trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades, ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta. La administración y el administrado deben adoptar un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Resultando manifiestamente inconstitucional, que se hubieran desmontado los incentivos económicos en las acciones populares, sin tener en cuenta las desproporcionadas cargas y pérdidas patrimoniales para los actores populares y las organizaciones cívicas, comunitarias, populares y similares, las cuales, habían hecho cuantiosas inversiones para su creación, constitución y funcionamiento, de conformidad con los incentivos y garantías establecidos en los art 39, 40 y 81 de la ley 472 de 1998: Además, no se valoró el grave atentado contra el derecho a la participación de estas organizaciones cívicas en el control del poder político, la fiscalización de la gestión pública y la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos.

Es decir, el Estado no puede crear normas e incentivos para invitar a la comunidad a constituir organizaciones comunitarias con determinado fin, y después cuando se crean, el Estado les da permiso de funcionar y se especializan, entonces intempestivamente se derogan estos incentivos económicos para evitar más demandas contra del Estado y poner en inminente peligro su funcionamiento, sostenimiento y supervivencia.  Recordemos que el principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el “venire contra factum proprium”, según el cual, a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro, la conducta inicialmente desplegada por el Estado, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad en el Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares.

La derogatoria de una ley que consagraba incentivos económicos en las acciones populares y que había generado por años situaciones jurídicas subjetivas y concretas para los actores populares y las organizaciones cívicas, populares y similares, que se habían establecido por iniciativa de la propia ley para garantizar la defensa participativa de los derechos e intereses colectivos; hace patente una contradicción de la ley con el principio de buena fe y la doctrina de venir contra los actos propios, porque la posterior decisión del Congreso de la República es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y extemporánea, y la causa un grave perjuicio a la sociedad civil.

En el presente caso, encuentra el demandante,  que el Congreso de la República de Colombia, al haber originalmente consagrado los incentivos económicos para las acciones populares e incentivado la creación de miles de organizaciones cívicas, populares y similares, para dedicarse permanentemente a garantizar la defensa judicial de los derechos e intereses colectivos, otorgándoles los correspondientes certificados de existencia y representación legal: No podía luego, proceder a derogar tales incentivos económicos, que eran los únicos ingresos financieros que garantizan el sostenimiento, funcionamiento y supervivencia de estas organizaciones cívicas, populares y comunitarias: Entonces, el Estado actúo de mala fe, pues incurrió en una manifiesta violación al principio “venire contra factum proprium”, de tal modo, que vulneró los derechos adquiridos de los Actores Populares y  Organizaciones Cívicas, birló su confianza y la buena fe puesta en el Estado. Simplemente, para tratar de evitar que continuaran eficazmente denunciando la corrupción administrativa y presentando masivas acciones populares en contra de un Estado violador de los derechos colectivos.

Por ello, el demandante considera que la ley 1425 del año 2010, es manifiestamente inconstitucional por violar el artículo 83 de la Constitución Nacional, en razón, a que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, desconocieron el principio de la buena fe, que protege el valor ético de la confianza legítima de las actuaciones entre el estado y los administrados; Al derogar la consolidación de un derecho a los incentivos económicos, que ya había sido reconocido de manera particular y concreta para los Actores populares y las organizaciones cívicas, populares, comunitarias y similares, dedicadas a la defensa permanente y solidaria de los derechos e intereses colectivos.

Respwtuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Actor Popular.