La Corte Constitucional  ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional,  -bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran  parámetros  necesarios para el análisis de las disposiciones  sometidas a  su  control  -bloque de constitucionalidad   lato sensu-.

En este contexto, se ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas y, (v) las leyes estatutarias.

Ahora bien,  respecto de la ley 1425 del año 2019, éste actor popular considera como violado el artículo (4to) Cuarto, del convenio (169) de la “O.I.T”, Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas en países independientes, aprobado por la ley 21 del año 1991, el cual ordena al Estado Colombiano; “Adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.”

Es claro que los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Asamblea  Nacional Constituyente, apoyaron la creación de las acciones populares y los incentivos económicos, por considerarlos fundamentales para garantizar la protección de sus derechos e intereses colectivos; Además, fueron los inspiradores del artículo 7mo de la Constitución Nacional, el cual ordena que es deber del Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación; y tomar las medidas efectivas para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos indígenas; Pues, los impactos del desarrollo, la industrialización y la contaminación ambiental, afectan de manera grave la supervivencia de los pueblos interesados y sus derechos e intereses colectivos.

En éste orden de ideas, éste actor popular considera que es manifiestamente inconstitucional el artículo 1ro de la ley 1425 del año 2010, porque desestimula, impide y obstaculiza, la participación directa de los pueblos indígenas en el manejo, fiscalización y gestión de la cosa pública, y de paso, desestimula la participación de su comunidad en la defensa de los derechos e intereses colectivos como el medio ambiente sano y los recursos culturales y naturales de los pueblos interesados.

Recordemos que la finalidad de la ley 1425 del año 2010, es precisamente desmotivar, obstaculizar e impedir, a todas las personas, incluyendo a los millones de ciudadanos que pertenecen a las comunidades indígenas del territorio nacional, el participar democrática y masivamente en la protección de sus derechos e intereses colectivos. Es decir, esta ley desmotiva a todos los indígenas del país, a no presentar demandas contra el Estado y no ejercer su calidad de colombianos, que enaltece a todos los miembros de la comunidad indígena nacional y que todos estamos en el deber de engrandecerla y dignificarla; Pues, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares, está obstaculizándoles el ejercicio de sus derechos y libertades, reconocidos en la Constitución y desde la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente para la protección de su medio ambiente y su diversidad étnica y cultural.  Por lo tanto, está ley deviene en manifiestamente inconveniente e inconstitucional.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Actor Popular.