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En mi calidad de ciudadano colombiano, respetuosamente considero que el artículo 1ro de la ley 1425 del año 2010, por medio del cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, es totalmente inexequible; porque vulnera el artículo (2do) segundo de la Constitución Nacional, en razón, a que es contrario a los fines esenciales del Estado, no le sirve a la comunidad, no promueve la prosperidad general y no garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución: Además, obstaculiza la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; desmotivando a la comunidad a participar masivamente en garantizar la vigencia de un orden jurídico, económico y social más justo.

La ley 1425 del año 2010, que derogó los incentivos económicos en las acciones populares, indiscutiblemente va en contravía de los fines democráticos y participativos del Estado social de derecho, consagrados en el artículo (2do) de la Constitución Nacional, por lo cual, debe ser expulsada cuanto antes del ordenamiento jurídico Colombiano: Pues, cuando el legislador Colombiano tuvo la oportunidad de escoger entre dos posibilidades, la de derogar o mantener los incentivos económicos para garantizar la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos; el poder vinculante de los fines, principios y valores de la constitución Nacional, lo obligaban a escoger e interpretar aquella posibilidad que mejor representaba los intereses axiológicos y teleológicos de la carta política; Pues, al escoger derogar los incentivos económicos en las acciones populares, desconoció los  fines de solidaridad, participación y justicia material, que inspiraron a la Asamblea Nacional Constituyente para orientar todo el futuro ordenamiento jurídico legal hacía la consagración de los incentivos económicos en las acciones populares.

La intención de motivar a los ciudadanos a participar masivamente en la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos, se manifiesta de manera evidente en los debates realizados en la Asamblea Nacional Constituyente y el en texto mismo de la Carta Política: De los cuales se infiere lógicamente, que el Estado debe adoptar y mantener todas las medidas especiales que se precisen para garantizar la protección de los derechos colectivos, las cuales no pueden ser contrarias a los fines, principios, valores y garantías de la Carta Política: Es decir, en el sistema de garantías judiciales para la protección de los derechos colectivos, no basta con consagrar derechos en la constitución y la ley, pues, para que estos se realicen es necesario crear incentivos económicos para poder motivar a la comunidad a salir en la defensa participativa y solidaria de los derechos colectivos.

El Estado Colombiano está constitucionalmente obligado a no hacer cosa alguna que restrinja, destruya o debilite, la participación de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos: Y, por el contrario, debe crear y mantener las condiciones jurídicas indispensables para que la comunidad se motive a participar masivamente y los derechos colectivos tangan cabal observancia y pleno cumplimiento: La protección y el respeto que el Estado debe brindar a los titulares de los derechos colectivos, no debe limitarse a una simple consideración de carácter formal, por cuanto sus intereses colectivos deben hallarse protegidos contra cualquier tipo de injusticia, y por lo mismo, deben tener la posibilidad de poseer todas aquellas garantías procesales que le permitan a la comunidad participar masivamente en la defensa y protección solidaria de sus derechos e intereses colectivos.

La consagración de los derechos e intereses colectivos en la constitución nacional, implica una obligación explicita al Congreso de la República, de expedir y mantener normas que sean verdaderamente eficaces en prevenir, resarcir, reprimir y sancionar, cualquier conducta pública o privada, que atente contra los derechos e intereses colectivos: Resultando manifiestamente inconstitucional, la derogación de las normas que consagran los incentivos económicos en las acciones populares, pues, ellas están diseñadas precisamente para garantizar la participación masiva de la comunidad en la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos.

Para que una limitación legal al sagrado derecho fundamental de la participación ciudadana sea legítima, y por lo mismo no arbitraria, requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional, En consecuencia, no bastan simples invocaciones del interés general, como la masiva presentación de demandas en contra del Estado y el pago de millonarios incentivos económicos, para poder desmotivar, limitar, restringir y obstaculizar, la participación masiva de la sociedad en la defensa solidaria y preventiva de los derechos e intereses colectivos. Pues, desde la propia Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, se ordenó que los ciudadanos colombianos deban contar con un ordenamiento jurídico apto y eficaz, que establezca expeditos procedimientos judiciales y generosos incentivos económicos, para poder garantizar la masiva participación de la comunidad en el control de la función pública y la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos.

Por esta razón, no basta con que el legislador argumente un supuesto interés general para desmontar los incentivos económicos, con el fin de tratar de evitar la futura presentación masiva de acciones populares en contra del Estado; Pues, en realidad lo que se hizo, fue proteger la corrupción administrativa y atentar gravemente contra el interés general de todos los Colombianos, al limitar la protección de los derechos colectivos, mediante una peligrosa reglamentación que impide y desmotiva la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública.

Es claro, que el Congreso de la República es competente para reglamentar el ejercicio de las acciones populares, pero, siempre y cuando, esa legislación tienda a protegerlas y garantizar la participación masiva de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos. Pero, cuando el legislador reglamenta las acciones populares, con el expreso fin de impedir y obstaculizar definitivamente la participación democrática de la comunidad en el control de la gestión pública y la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos, indiscutiblemente traiciona y viola los fines, principios y valores consagrados en nuestra constitución Nacional.

Precisamente, para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho,  se introdujo por la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, el concepto de la “Democracia Participativa” en la Constitución Nacional, que busca que el Estado Colombiano simultáneamente provea a la satisfacción de todas las necesidades sociales y proteja eficazmente los Derecho Colectivos, y que a su vez, incentive a la sociedad civil para que democráticamente participe y le colabore en la consecución de estos fines Esenciales: Por ello, cuando el Congreso de la república expide una norma jurídica que desmonta los incentivos económicos en las acciones populares, con el claro fin de desmotivar e impedir la masiva participación de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos, indiscutiblemente traiciona y vulnera los fines, principios y valores consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Un Estado burocratizado y plagado de miles de funcionarios corruptos, que está siendo masivamente condenado por los jueces de la república por violar los derechos e intereses colectivos y que no se compadece de los fines esenciales del Estado Social de Derecho; No tiene ninguna justificación y autoridad moral, para proceder a desmontar los incentivos económicos en las acciones populares, para tratar de evitar que lo demanden masivamente; pues, indiscutiblemente desmotiva la participación masiva de la comunidad en el control de la gestión pública y la defensa solidaria de los derechos colectivos, beneficiando a los corruptos y traicionando los fines, principios y valores democráticos consagrados en nuestra constitución Nacional.

Por el contrario, el Estado está en la obligación constitucional de crear y mantener eficaces mecanismos jurídicos que motiven e incentiven la participación de la comunidad en el control de la función pública y en la defensa de los derechos colectivos; pues, es un fin esencial del Estado, el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; Por ello, deviene en inconstitucional el artículo 1ro de ley 1425 del año 2010, pues, obstaculiza y desmotiva la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; impidiendo injustamente a la comunidad, continuar defendiendo eficazmente el patrimonio público, la moralidad administrativa, el medio ambiente y la vigencia de un orden social justo.

Es claro que el Estado Colombiano está obligado por la Constitución Nacional a garantizar a la comunidad su participación solidaria en la defensa de los derechos e intereses colectivos: Por lo tanto, tiene  la tarea permanente de fortalecer las normas que motivan e incentivan a la comunidad, a salir eficazmente en la defensa participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos: Por lo tanto, es manifiestamente inconstitucional el artículo 1ro de la ley 1425 del año 2010, porque desmotiva la participación directa de los ciudadanos en el manejo, fiscalización y gestión de la cosa pública y desestimula la participación de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos.

El Congreso de la República de Colombia, está obligado a interpretar la constitución nacional y resolver cualquier duda a favor de la solución que más beneficie la protección de los derechos colectivos y los principios de la democracia participativa. Por lo tanto, debe legislar de tal manera, que los ciudadanos tengan a sus manos instrumentos legales eficaces y permanentes, para poder fiscalizar la función pública y garantizar la protección solidaria de sus derechos e intereses colectivos.

En consecuencia, es manifiestamente inconstitucional la ley 1425 del año 2010, porque es contraria a los fines esenciales del Estado Social de Derecho, no le sirve a la comunidad para garantizar la protección de sus derechos colectivos, no promueve la prosperidad general al impedir a los actores populares participar en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y no garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución: Agravando la situación, que su expresa motivación es evitar las demandas contra el Estado, obstaculizando la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; desmotivando a la comunidad a participar masivamente en la vigencia de un orden jurídico, económico y social justo, por medio del ejercicio masivo y especializado de las acciones populares.

Recordemos que las autoridades de la República de Colombia, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por ello, es inconstitucional la ley 1425 del año 2010, pues, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares, con el fin de desestimular la participación masiva de la comunidad en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos, se dejan sin protección estos derechos humanos fundamentales y no se garantiza la participación de la comunidad en el control de la función pública y en el cumplimiento de los fines sociales del Estado.

Las Autoridades administrativas no han comprendido, que cuando las organizaciones cívicas o los actores populares presentan una acción popular, donde se solicita la necesaria vinculación de una Entidad Estatal; en ningún momento se trata de la torcida intención de buscar el pago de un incentivo económico con cargo al tesoro público: Sino, que por el contrario, lo más seguro es que existe la violación o puesta en peligro un derecho o interés colectivo, que puede ocasionar graves efectos nocivos para toda la comunidad, y que por lo tanto, es absolutamente lógico y necesario vincular al Estado, para ponerlo al tanto de la grave situación y conminarlo a que por intermedio de sus funcionarios competentes, tome inmediatamente los correctivos pertinentes del caso para garantizar defender la vida y bienes colectivos de los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta, que absolutamente en todos y cada uno los casos en que se presenta una acción popular, el verdadero beneficiado es el propio Estado, pues, es él quien tiene la obligación constitucional y legal, de garantizar la defensa del patrimonio público, la descontaminación del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes. Y que además, el Estado nunca sufre detrimento patrimonial por el pago de los incentivos populares, pues, él está obligado a repetir en contra de los funcionarios responsables y velar porque en los casos de corrupción administrativa, sean los particulares corruptos y no el Estado, los que paguen los justos incentivos económicos.

En ese orden de ideas, es claro que lo único que hacen las organizaciones Cívicas. Comunitarias y Populares, y los Actores Populares individuales, cuando presentan una preventiva acción popular, es colaborarle al Estado Colombiano, de una manera legal, participativa y solidaria, en el cumplimiento de sus fines y funciones constitucionales: Porque lo que está en juego en cualquier acción popular, es precisamente el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos, la supervivencia misma de la especie humana y la descontaminación del medio ambiente.

Por lo tanto, es una obligación constitucional y legal de todas las autoridades de la república de Colombia, el prestarle toda la colaboración que sea necesaria a los actores populares, con miras a motivarlos para que ellos puedan entrar a participar solidariamente en la defensa preventiva de los derechos e intereses colectivos. Y no, expedir normas que deroguen los incentivos económicos en las acciones populares, con el claro fin de desestimular la masiva participación de la comunidad en la solución solidaria de los problemas que los afectan, pues, dichas normas devienen en inconstitucionales.

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Actor Popular.