En mi calidad de ciudadano colombiano en ejercicio, respetuosamente considero que los artículos (1ro) y (2do) Segundo de la ley 1425 del año 2010, por medio del cual se derogaron los incentivos económicos en las acciones populares y todas las disposiciones que le sean contrarias, son totalmente inexequibles; por contener vicios de procedimiento en su formación, al vulnerar el artículo (153) Ciento Cincuenta y Tres de la Constitución Nacional: En razón, a que la ley 1425 del año 2010, no se aprobó mediante el riguroso trámite consagrado para una Ley Estatutaria, la cual exige la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, efectuarse en una sola legislatura y ser sometió a la revisión previa por parte de la honorable Corte Constitucional para determinar la posible exequibilidad del proyecto.

Es claro, que de conformidad con el artículo 152 de la Constitución Nacional, mediante Leyes Estatutarias el Congreso de la República puede regular los Derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos y recursos para su protección, las normas relativas a la Administración de Justicia y las instituciones y mecanismos de participación ciudadana: Por lo tanto, la ley 1425 del año 2010, debió ser tramitada mediante el riguroso procedimiento consagrado para una ley estatutaria, pues, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares y todas las disposiciones que le sean contrarias, como los artículos 1005 y 2360 del Código Civil., reguló los Derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos y recursos para su protección, las normas relativas a la Administración de Justicia y un eficaz mecanismo jurídico  de participación ciudadana.

Por lo tanto, en mi concepto de violación a la constitución nacional, considero que el Congreso de la República de Colombia incurrió en un grave vicio de procedimiento en la formación de la ley 1425 del año 2010, pues, esta norma no fue aprobada por la mayoría absoluta en las cámaras, no fue aprobada durante una misma legislatura y no obtuvo el control previo de constitucionalidad por parte de la Honorable Corte Constitucional.

 

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