"CLAMANDO JUSTICIA"

 

La fundación para la defensa de los Derechos Colectivos “FUNDACOLECTIVOS”, considera que el aparecimiento de los derechos de tercera generación en la Constitución Colombiana de 1991, tuvo sus orígenes y causas, en la pésima calidad de vida de millones de habitantes del Territorio Nacional, en la acostumbrada corrupción administrativa del Estado Colombiano y en la grave crisis de contaminación de nuestro medio ambiente; Recordemos, que antes de la Constitución Nacional de 1991, existía una verdadera situación de impotencia del Estado Colombiano para cumplir con sus nuevos cometidos teóricos de proteger los derechos humanos, el patrimonio público y el medio ambiente, lo cual, se agravó ante la inexistencia de acciones judiciales prevalentes, oportunas y eficaces, para que los Ciudadanos Colombianos pudiésemos participar en la defensa solidaria de nuestros intereses colectivos; Agravando la situación, que no existían justos y motivantes incentivos económicos, para que los ciudadanos vencieran el miedo y se atrevieran a denunciar la corrupción administrativa, las multimillonarias lesiones al patrimonio público y las graves contaminaciones ambientales: Por lo tanto,  los derechos humanos de  tercera generación, surgen en la Constitución Nacional de 1991 y en la ley 472 de 1998, ante las nuevas necesidades, valores y expectativas de los Colombianos, para poder colaborar con el Estado en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos.

En nuestro Territorio Nacional, lastimosamente la mayoría de casos de violación a los derechos colectivos, están siendo generados por los hechos, acciones y omisiones, de las diferentes entidades públicas, funcionarios y autoridades administrativas: Los casos de violación al Patrimonio Público y la Moralidad Administrativa, son ocasionados por los múltiples casos de corrupción administrativa, pues, el patrimonio público no está siendo manejado de acuerdo con la normatividad vigente y con la diligencia y cuidados propios de un buen funcionario, sino, con maniobras contractuales irregulares, omisivas y corruptas, que benefician el patrimonio de particulares, en perjuicio del patrimonio público de nuestra Nación; Por otra parte, las Acciones Populares por violación al derecho colectivo al espacio público, se presentan por la omisión de nuestros Alcaldes de salir en la defensa y recuperación del espacio público invadido por millones de vendedores informales y parqueaderos de vehículos en los andenes, antejardines y zonas blandas; Igual sucede, en los graves casos de contaminación ambiental en los nevados, selvas, bosques, reservas forestales, mares, ríos, lagunas y humedales de nuestro territorio nacional; Agravando la situación, que igual sucede con los basureros crónicos, los sitios de disposición abierta de basuras, la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, la insalubridad de las Plazas de Mercado, la deficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, la falta de ciclo rutas, la falta de prevención de desastres, etc.

Es por todo esto, que el Estado Colombiano no puede obstaculizar y oponerse a la labor de los Actores Populares, porque son ellos, los únicos que le pueden colaborar legal, solidaria y participativamente, en garantizar la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente, en conservar las áreas de especial importancia ecológica, en proteger el patrimonio público y en fomentar la participación ciudadana para el logro del mejoramiento de la calidad de vida de toda la población; Además, porque el objetivo fundamental de su actividad constitucional y legal, es precisamente el colaborar solidariamente con el Estado, en la solución a la comunidad de sus necesidades insatisfechas en seguridad, salud, educación, saneamiento ambiental, electricidad, alcantarillados, acueductos y agua potable.

Precisamente, para que los Actores Populares pudiésemos colaborar y participar con el Estado Colombiano, en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos, el Congreso de la República de Colombia, en el artículo 2do, de la ley 472 de 1998, estableció que:

“Las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Ahora bien, la ley 472 de 1998, consagró como derechos colectivos objeto de protección preventiva y solidaria, por parte de todos los ciudadanos colombianos y el propio Estado, los siguientes;

“a) El goce de un ambiente sano.

b) La moralidad administrativa;

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

i) La libre competencia económica;

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos;

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;

n) Los derechos de los consumidores y usuarios.”

 

Esperamos que se animen a salir en la defensa solidaria y participativa de algunos de estos derechos colectivos.

Cordial y respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.