El Calvario de las acciones populares en Colombia.

En el artículo 1005 del Código Civil Colombiano, se consagró por primera vez las acciones populares para la protección de los bienes de uso público o bienes de uso común, teles como; calles, plazas, puentes, andenes, antejardines, zonas blandas, sardineles, fachadas, pórticos, muros, etc.: Desarrollándose esta acción  civil en torno a la teoría romana de que el Estado necesita crear generosos estímulos económicos y expeditos procedimientos judiciales para poder garantizar la defensa preventiva, participativa y solidaria de los sagrados bienes de uso público.         

             Art 1005 C.C.. <ACCIONES POPULARES O MUNICIPALES>. “La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”.

En el artículo 2359 del Código Civil, se consagró  la titularidad de cualquier ciudadano para presentar las acciones populares con el fin de obtener la protección ante los daños comunes que se causan a personas indeterminadas: <TITULAR DE LA ACCION POR DAÑO CONTINGENTE>. “Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción”.

En el artículo 2360 del Código Civil, se consagró la posibilidad de una condena para el pago de los gastos y costas en que incurren los Actores Populares que presentaran estas demandas; “Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados”.

Posteriormente,  la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, fue quien elevó a rango constitucional las acciones populares ya reguladas por nuestro ordenamiento jurídico civil del año 1887; Como antecedente de la consagración de tales acciones en la Carta Política vale destacar que en la Asamblea Nacional Constituyente, el Doctor Álvaro Gómez Hurtado –q-e-p-d-, para efecto de la protección del derecho colectivo al medio ambiente,  propuso el siguiente artículo: 

“La preservación de la Naturaleza y del Ambiente es un objetivo nacional. El conflicto entre este objetivo y el desarrollo económico y social dará derecho a una acción pública cuya forma y condiciones de ejercicio serán establecidas por la ley.” 

En la exposición de motivos de la citada disposición señaló el autor que: 

“La norma propuesta, al consagrar como principio constitucional la protección del ambiente, lo hace, primero, como un objetivo programático nacional que vincule a todos los colombianos, sean ellos particulares o entidades del Estado, y segundo, como un imperativo jurídico del cual se puedan derivar efectivas acciones para la tutela de este supremo bien de la colectividad.” 

“No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia  consagra el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974) aparece lejana del  conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en e cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Alvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991). 

Por otro lado, el Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 62, contenía el siguiente artículo: 

“La ley regulará el ejercicio directo y autónomo de las acciones populares para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las correspondientes acciones individuales”. 

En la exposición de motivos se manifestó sobre las acciones populares que: 

“(…) son instrumentos procesales distintos a las tradicionales acciones públicas de inexequibilidad y nulidad de nuestro Derecho Público, ya que sus efectos no se limitan a la preservación del orden jurídico, sino que tienen consecuencias económicas sobre grupos colectivos y sobre los sujetos pasivos de dichas acciones”. 

En el proyecto de reforma Constitucional del M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares y los incentivos económicos en los siguientes términos:

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamenta dicha acción podrá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”.

“Con las acciones populares se habrá dado un paso fundamental en el desarrollo de un nuevo derecho solidario, que responda a nuevos  fenómenos de la sociedad como es el daño ambiental, los perjuicios de los consumidores, los perjuicios a que se ven sometidas las comunidades en su integridad física y patrimonial, los daños que se le causan a las mismas por el ejercicio abusivo  de la libertad económica, sin consideración a conductas comerciales leales y justas”. (Gaceta Constitucional del  día 22 de marzo del año 1991). 

Ahora bien,  como pueden observar nuestros respetados lectores, desde la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, se gestó en Colombia la necesidad de darle el carácter de constitucionalidad a esta antigua categoría de derechos civiles, los cuales necesitaban de verdaderos estímulos económicos y expeditos procedimientos judiciales para poder garantizar su verdadera protección y efectividad. Recordemos, que a pesar de que estos derechos, estímulos y  acciones judiciales ya estaban consagrados en el Código Civil Colombiano desde el año de 1887, la comunidad no se sentía respaldada, estimulada y compensada para ejercitarlos; Por eso, en las Actas de la asamblea nacional constituyente del año 1991, se ordena expresamente al Congreso de la República el reconocerlos en la ley como verdaderos derechos Humanos de  “tercera generación”, crear expeditos procedimientos judiciales  y garantizar su compensación, efectividad y ejercicio con generosos “Incentivos Económicos”.

En el Artículo 88 de la Constitución Nacional de 1991, expresamente se consagró que;

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”

Ahora bien, en desarrollo del Artículo 88 de la Constitución Nacional de 1991, el Congreso de la República expidió la ley 472 de 1998, en la cual se consagró que; “Esta  ley tiene por objeto regular las acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos”.

La ley 472 de 1998, expresamente consagró como derechos colectivos objeto de protección preventiva, participativa y solidaria, los siguientes;

“a) El goce de un ambiente sano;

b) La moralidad administrativa;

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

i) La libre competencia económica;

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos;

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;

n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

Parágrafo: Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.”  

El proyecto de ley de las acciones populares, que concluiría con la aprobación y sanción de la progresiva ley 472 de 1998, fue presentado al Congreso de la República, en el año de 1993, por el entonces Defensor Nacional del Pueblo Dr., JAIME CORDOBA TRIVIÑO, el cual reunía las iniciativas de prestigiosas personalidades como VIVIANNE MORALES, VERA GRAVE y DARIO MARTINEZ. Entonces, en todo el País se iniciaron una serie de mesas de trabajo donde se pudo escuchar todas las voces y las propuestas sobre diferentes temas cruciales de las acciones populares, tales como; el concepto de los derechos colectivos, la responsabilidad objetiva, la legitimación, la competencia, la jurisdicción, los incentivos, el pacto de cumplimiento, la promoción de organizaciones cívicas y el fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Como complemento de este proceso democrático se realizó en Colombia, en el mes de septiembre del año 1993, el “Foro Internacional de Acciones Populares”, evento al cual asistieron prestigiosos ponentes nacionales e internacionales, cuyas memorias recogen todas las observaciones y análisis del proyecto de ley en trámite, así como los argumentos e hipótesis jurídicas de connotados tratadistas norteamericanos, argentinos, brasileños y colombianos.

Lastimosamente, ante la enorme oposición política al trámite de este proyecto de ley, en el año de 1995 fue necesario realizar una convocatoria nacional donde (70.000) Setenta Mil personas firmamos un documento de apoyo al proyecto de Ley de acciones populares y de grupo. Demostrándose con este democrático hecho,  el inmenso apoyo participativo y solidario que recibió esta iniciativa desde todos los sectores no gubernamentales, universitarios, gremiales y populares, como consta en las ponencias para segundos debates del proyecto de ley No 10 de 1996 Senado y 005/95 Cámara.

Entonces, en marzo 15 del año 1996 y en razón de estos esfuerzos democráticos, solidarios y participativos, se realizó la aprobación del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y en mayo 15 del año 1996, se realizó su aprobación en la plenaria de la cámara. Posteriormente, el día 13 de Diciembre del año 1996, se realizó la aprobación en la Comisión Primera del Senado y en junio 11 de 1997, se realizó la aprobación en la Plenaria del Senado. Posteriormente y después de tramitadas algunas objeciones presidenciales, el día 16 de Diciembre del año 1997, se remitió el proyecto de ley a la Honorable Corte Constitucional, y el día 17 de febrero del año 1998, se falló definitivamente su exequibilidad: Y solamente el día 5 de agosto del año 1998, se sancionó por la Presidencia de la República la ley 472 de 1998.

Ahora bien, una vez se dictó el fallo de exequibilidad de la honorable Corte Constitucional, el día 17 de febrero del año 1998, se pensaba que el Gobierno Nacional sancionaría inmediatamente el proyecto de ley. Pero, transcurrieron (6) Seis meses y el proyecto de ley permanecía en los anaqueles del Congreso de la República sin remitirse a la Presidencia de la República. Al observarse esta situación, muchos activistas de derechos humanos consideramos que era injusto que un proyecto de ley que fue impulsado democráticamente por los ciudadanos y que indiscutiblemente favorecía la defensa de los sagrados derechos e intereses colectivos, quedare estancado por falta de voluntad política del Congreso de la República y el Gobierno Nacional para sancionarlo. Entonces, fue necesario acudir a la figura de una “Acción de Cumplimiento”, hermana de las acciones populares, y solamente a través de este mecanismo judicial, se pudo definitivamente lograr movilizar a las diversas instancias del Estado para sancionar la ley 472 de 1998.

A pesar de la constante oposición de la corrupción administrativa, la clase política y los poderosos grupos económicos de Colombia, a la sanción presidencial del proyecto de Ley No 10 de 1996 Senado y 005/95 Cámara, judicialmente se pudo lograr que esta ley 472 de 1998 se sancionara y significara un verdadero avance del Estado Colombiano en materia de defensa participativa y solidaria de los sagrados derechos e intereses colectivos; pues, miles de ciudadanos y organizaciones cívicas, comunitarias y similares, por fin se decidieron masivamente a demandar la defensa de sus más sagrados derechos e intereses colectivos como; la moralidad administrativa, el patrimonio público, el espacio público, el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, etc.

Lastimosamente, esta misma clase oligárquica, politiquera y corrupta del país, que vehemente se había opuesto a la sanción de la ley 472 de 1998 y que por fin estaba siendo permanentemente condenada por violar los derechos colectivos de los Colombianos y personalmente obligada a pagar los incentivos económicos a los actores populares; con argumentos falsos y errados, céleremente logró tramitar, aprobar y sancionar la regresiva ley 1425 del año 2010, por medio de la cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, los cuales consagraban los incentivos económicos en las acciones populares y otros eficaces instrumentos de lucha anticorrupción.

Significamos que es absolutamente falso, errado e injusto, el argumento de que todos los Actores Populares se convirtieron en un grupo de ciudadanos “Avivatos” que demandan al Estado solamente en búsqueda de una recompensa. Y lo es, porque la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, desde hace años ordenó que el Estado Colombiano no pueda ser condenado a pagar incentivos económicos en las acciones populares, pues, estos deben ser pagados exclusivamente por el particular o funcionario directamente responsable de la violación de los derechos e intereses colectivos, a fin de compensar el tiempo, conocimiento, trabajo y dineros invertidos por el solidario Actor Popular.

Por lo anteriormente escrito, la fundación para la defensa de los derechos colectivos “FUNDACOLECTIVOS”, hace un oportuno llamado de justicia y lucha contra la corrupción a la honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, a fin de que corrija el error cometido en la Sentencia C-630/2011 y en las próximas demandas no dude un segundo en declarar la inconstitucionalidad de la ley 1425/2010, por medio de la cual se derogaron los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998. Pues, su claro objetivo político es descompensar económicamente el ejercicio de las acciones populares para poder desestimular la participación ciudadana en la defensa solidaria de los derechos e intereses colectivos; lo cual, además de ser manifiestamente regresivo en materia de mecanismos de protección de derechos humanos de tercera generación en Colombia y beneficiar directamente la rampante corrupción administrativa; indiscutiblemente la resta protección y efectividad a los derechos colectivos, traiciona el expreso espíritu participativo contenido en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991 y viola el preámbulo, el contenido y todos los valores, fines, principios y garantías consagrados en nuestra constitución nacional.

 Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.

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