Sobre cómo podemos proteger nuestros Derechos fundamentales y colectivos en el ámbito Nacional e internacional.

Cuando finalizó la segunda guerra mundial, la comunidad internacional se encontró ante la necesidad de regular con urgencia, en forma preventiva, solidaria y colectiva, varios problemas fundamentales: el mantenimiento de la paz mundial, la proliferación nuclear, la reconstitución de la economía mundial, y el avance económico, tecnológico  y social de los países menos desarrollados.

Pero, al mismo tiempo, se puso en evidencia dos situaciones que, hasta entonces, habían ocupado un lugar secundario en las tomas de decisiones de los gobiernos y que requerían también una urgente solución: La violación reiterada de los derechos fundamentales y colectivos en todos los Estados del Mundo.

Entonces, las Naciones Unidas en el año 1945, colocó el primer cimiento en la Carta de San Francisco, para garantizar la protección solidaria y participativa de los derechos humanos; dichos esfuerzos jurídicos fueron seguidos en el ámbito interamericano por todos los Estados del continente, que también inscribieron estos propósitos en el año de 1948 en la famosa Carta de Bogotá.

Los primeros frutos de este empeño vieron su luz y quedaron consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948.

Ahora bien, ante la existencia de un buen número de compilaciones de instrumentos internacionales, de documentos básicos y manuales de normas vigentes, que reproducen el texto de los tratados y convenciones en materia de defensa de los derechos humanos, optamos por presentar a nuestros respetados  lectores un breve catálogo, seleccionando a nuestro criterio personal, de aquellos instrumentos básicos de especial relevancia por su trascendencia en la protección internacional de los derechos fundamentales y colectivos.

Como instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos señalamos;  1)- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 2 de mayo de 1948); 2)- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948); y 3)- La Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación, Fundadas en la Religión o las Convicciones (Nueva York, 25 de noviembre de 1981).

Igualmente,  tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y su Protocolo Adicional (Ginebra, 28 de julio de 1951); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 21 de diciembre de 1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 16 de diciembre de 1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su Protocolo Facultativo (Nueva York, 16 de diciembre de 1966); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Nueva York, 18 de diciembre de 1979), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 10 de diciembre de 1984), Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 20 de noviembre de 1989), y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (Nueva York, 18 de diciembre de 1990).

De los instrumentos convencionales regionales, podemos destacar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y Protocolos Adicionales (Roma, 4 de noviembre de 1950); la Carta Social Europea (Turín, 18 de octubre de 1961), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969).

Ahora bien, habiéndose relacionado algunos instrumentos básicos que consagran los principios filosóficos y formas de reconocimiento que sustentan la idea generalizada de protección de los derechos fundamentales y colectivos, es necesario ahora mencionar las dos modalidades o sistemas de protección de los derechos humanos que a nivel internacional existen: La protección diplomática y la protección de la comunidad internacional.

1-   La protección diplomática es el sistema que protege a las personas  nacionales, de violaciones de derechos fundamentales en el extranjero, derivadas del derecho interno del estado en que reside o se encuentre, o bien, del derecho internacional; y en concreto del derecho de extranjería, en cuanto a su admisión en calidad de extranjero y la situación del mismo en el país que se trate.

El principio que la rige se fundamenta en que; “Todo Estado al que se le impute un acto ilícito, debe una reparación a quien se considere perjudicado”: Estos ilícitos pueden constituir: a)- Actos legislativos (tratándose de leyes fiscales para extranjeros, requisa o expropiación de bienes sin indemnización); b)- Actos administrativos (en cuanto a contratos celebrados en nombre del Estado, trato diferencial, sevicias y violencias, detenciones arbitrarias); c)- Actos judiciales (denegación de justicia, defectos en la administración de la misma); d)- actos realizados por particulares en contra de extranjeros, y; e)- Actos en caso de guerra civil.

 El objeto de la protección diplomática es la reparación del daño causado, mediando reclamación entre los Estados, toda vez que, el individuo afectado endosa a su propio gobierno el planteamiento de la reclamación. A su vez, para que dicho endoso sea admisible, son necesarias tres condiciones: 1)- En primer término, el vínculo jurídico o político entre el individuo afectado y el estado que hace la reclamación; 2)- En segundo lugar el agotamiento de los recursos internos por el particular reclamante; y, 3)-  En tercer lugar, la conducta correcta del reclamante, es decir, que a su vez, no haya observado una conducta irregular o ilegal en el país extranjero.

La forma de actuación entre los estados es la convencional, a través de la negociación diplomática y el acuerdo mutuo, quedando a discreción del Estado protector de su nacional, el ejercitar o no la protección diplomática.

2-   Por otra parte, la protección internacional en materia de derechos humanos, tiene un espectro de acción mucho más vasto, complejo y completo que la simple protección diplomática. Por un lado, no sólo protege al individuo de un Estado en su calidad de extranjero en otro Estado, sino en su propio país; y por otro, amplía la relación negociadora entre estados y la intervención de organismos internacionales en los conflictos entre Estados o Internos.

En este orden de ideas, la “ONU” Organización de Naciones Unidas, y sus organismos especializados, son la máxima representación en el orden mundial; y para garantizar o proteger los derechos humanos en sus Estados Miembros, ha establecido una diversidad de pronunciamientos que, cualesquiera persona o grupo, que se considere marginado, o bien, que considere que se le ha coartado la posibilidad de ejercitar un derecho fundamental o colectivo, puede remitir su queja a su División de Derechos Humanos.

La División a su vez envía un informe al Estado responsable, a fin de que devuelva una réplica. Anualmente se confecciona una lista resumida y confidencial, que se distribuye a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a la Minorías.

La ONU ejercita también el procedimiento interno según la Resolución 1503 (XLVIII), del 27 de mayo del año 1970, del Consejo Económico y Social, sobre violaciones de derechos humanos, que tiene por objeto el examen de las comunicaciones en cuatro fases:

 1)- En la primera de ellas, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones designa anualmente a un grupo de análisis de las comunicaciones y réplicas recibidas, para luego de dictaminadas regresar al seno de la Subcomisión. 2)- Posteriormente la Comisión de Derechos Humanos examina la situación, entonces puede hacer un estudio, un informe y recomendaciones al Consejo Económico y Social, o bien, practicar una investigación mediante un comité designado por la propia Comisión, precisando el consentimiento del estado implicado. 3). Con base en esto, el Consejo Económico y Social está posibilitado para emitir recomendaciones, de conformidad al artículo 62 de las Naciones Unidas, a fin de promover y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Comisión de Derechos Humanos puede presentar al pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas los informes para cuya realización medie nombramiento de grupos de trabajo ad hoc de expertos, o bien, relatores especiales, representantes especiales, enviados especiales, o incluso, la encomienda que haya hecho al Secretario General de las Naciones Unidas para establecer contacto con los gobiernos implicados en dichas investigaciones.

Las resoluciones que emiten tanto la Comisión de Derechos Humanos, como la Asamblea General, por su naturaleza no son obligatorias. Sin embargo, su fuerza radica en el valor de la publicidad como factor de presión política y moral, que incluso es aprovechado por diversos sectores económicos y políticos dentro del propio país, o por otros Estados, con objeto de condicionar o reiterar cualquier ayuda.

De conformidad con el anterior recuento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo los fundamentales y colectivos; es necesario significar, que la ley 1425 del año 2010, al derogar los incentivos económicos en las acciones populares y otros eficaces mecanismos de lucha anticorrupción, produjo en el Estado Colombiano un grave retroceso jurídico en materia de mecanismos de protección de los derechos económicos, culturales y sociales, violando el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales “PIDESC”, aprobado  mediante la Ley 74 de 1968.

Al respecto, entonces recomendamos a los Actores Populares y Defensores de Derechos Humanos en Colombia,  que igual como ya lo hizo solidariamente la “Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos”; coloquen inmediatamente sus quejas ante la Organización de Naciones Unidas “O.N.U”; a fin de que se inicien urgentemente las investigaciones del caso y que las posibles resoluciones que emitan tanto la Comisión de Derechos Humanos, como la Asamblea General, si bien  no sean obligatorias para el Estado Colombiano, si tengan la fuerza de la publicidad como factor de presión política, ética y moral para el Gobierno Nacional; o  para que sea aprovechado por otros Estados respetuosos de los derechos humanos, con el objeto de condicionar, negar  o reiterar cualquier ayuda a Colombia mientras no derogue tan regresiva legislación.

Por otra parte, pero sobre el mismo tema, no olvidemos que la Honorable Corte Constitucional  ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional,  -bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran  parámetros  necesarios para el análisis de las disposiciones  sometidas a  su  control  -bloque de constitucionalidad   lato sensu-.

Es decir, en este contexto, se ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas y, (v) las leyes estatutarias.

En este orden de ideas, igualmente invitamos a los Actores Populares y Defensores de Derechos Humanos en Colombia, a demandar ante la honorable Corte Constitucional, la ley 1425 del año 2010: Y, significamos, que el representante legal de “Fundacolectivos”, ya presentó demanda de inconstitucionalidad, en la cual el accionante denuncia como violado el artículo (2do) Segundo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales “PIDESC”.

Pues, el Derecho de los Demandantes a pretender y recibir los incentivos económicos en las acciones populares; el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, en cualquier momento y sin reserva legal; el Derecho de los Ciudadanos a pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes, contratistas y quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado, cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; y el Derecho de los Ciudadanos a obtener la Financiación del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos: Si bien no son unos derechos sociales, económicos y culturales en sí mismos, si constituyen el núcleo esencial de “protección” de todos los derechos económicos, culturales y sociales, de desarrollo progresivo y no regresivo en Colombia; por lo tanto, le son aplicables el “PIDESC” y el “Protocolo de San Salvador”, que prescriben el deber de los Estados de adoptar las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la “protección” de todos los derechos humanos económicos, culturales y sociales.

Al respecto, es necesario recordar que de conformidad con la Observación General (No. 3), del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las obligaciones contraídas por los Estados partes del “PIDESC”, se dividen en obligaciones de comportamiento y en obligaciones de resultado, y que dentro de estas últimas se incluye la obligación de adoptar medidas para la progresiva satisfacción de los derechos contemplados en el Pacto, es decir, el mandato de progresividad y la prohibición de medidas regresivas en materia de protección de derechos sociales, económicos y culturales.

Visto lo anterior, “Fundacolectivos” considera que la Organización de Naciones Unidas debe proferir una pronta Resolución por la violación de los derechos e intereses colectivos en Colombia; y a su vez, la Honorable Corte Constitucional de Colombia debe declarar urgentemente la inconstitucionalidad de la Ley 1425/2010.

A estas conclusiones se llega después de exponer con claridad que de la Constitución Política del año 1991 y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, se deriva directamente la obligación de no retroceso y progresividad en materia de mecanismos de “protección” de todos los derechos económicos, sociales y culturales, que en Colombia son conocidos como Derechos Colectivos o Derechos Humanos de Tercera Generación.

 Preventiva, Democrática y respetuosamente.,

 JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

 Representante Legal de “FUNDACOLECTIVOS”.